Parla - Madrid

El Gobierno regional inicia el segundo programa de "Colaboración Social" marcado por el fracaso

Tras las denuncias de CCOO, sentencias judiciales y el rechazo de la propia Inspección de Trabajo

La Comunidad de Madrid fracasa en el segundo programa de Colaboración Social para ayuntamientos con el que obliga a trabajar sin contrato a personas en desempleo que cobran prestación.

9 de diciembre de 2014

El Gobierno regional ha publicado la resolución del programa de Programa de Recualificación Profesional en trabajos de Colaboración Social para 2014 – 2015. De los 14.115.257 euros de presupuesto previsto solo se han adjudicado 9.528.600 euros, es decir que no se han adjudicado una total de 4.586.657 euros.

A pesar de que para este año los ayuntamientos podían solicitar hasta 300 personas, según su población, para que trabajaran sin contrato hasta un máximo de 9 meses, el rechazo de muchos ayuntamientos ha hecho que no se haya cubierto la totalidad del presupuesto asignado al programa. Esta situación ha sido motivada por las denuncias de CCOO ante los tribunales, provocando que los ayuntamientos se echen atrás a la hora de presentar los proyectos.

Ya son cuatro las sentencias favorables a los trabajadores y 22 las denuncias presentadas por CCOO pendientes de juicio. Estas sentencias evidencian que estas personas están siendo obligadas a trabajar en fraude de ley, ocupando puestos de trabajo permanentes y que debían habérseles hecho contrato laboral.

Las denuncias y la presión ejercida por CCOO han hecho que la propia Inspección de Trabajo haya tomado cartas en el asunto dando un nuevo varapalo al Programa de Colaboración Social. En un informe previo, la Inspección ha rechazado un total de 72 solicitudes de otros tantos ayuntamientos madrileños.

Además, el retraso en la resolución puede provocar la imposibilidad real de iniciar el programa en el año 2014. A pesar de todo, 2.140 personas en desempleo serán
obligadas a trabajar sin contrato en jornadas completas y durante 9 meses.

CCOO exige que el presupuesto sobrante sea destinado a políticas activas de empleo que beneficien directamente a las personas desempleadas y no a subvencionar a las empresas u otras entidades.

El sindicato mantendrá su oposición a este programa ya que no cumple con la legalidad ni con el objetivo de recualificación profesional y lucha contra el paro y advierte que continuará presentando las demandas judiciales oportunas.