Moraleja de Enmedio - Madrid

Los ayuntamientos tendrán que diseñar un plan de ajuste antes de abril
El Gobierno no especifica el mecanismo financiero para que las corporaciones locales paguen las facturas con los proveedores PUBLICO.ES / EUROPA PRESS Madrid 24/02/2012 15:07 Actualizado: 24/02/2012 15:17

La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los ayuntamientos tendrán que suministrar al Ministerio de Hacienda con anterioridad al 15 de marzo el listado de facturas pendientes de pago con los proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011, y antes del 31 de marzo tendrán que remitir un plan de ajuste que les permita hacer frente en el futuro al pago de dichas deudas.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta indicó que se trata de poner "orden" y de conocer la cuantía de la deuda por facturas pendientes y que las administraciones públicas se sometan a un plan de viabilidad para cumplir con estas obligaciones, como paso previo para aprobar el mecanismo financiero que garantice a pymes y autónomos el cobro de dichas deudas.

Junto con ello, adelantó una modificación "temporal y puntual" de la normativa para permitir el establecimiento de garantías del Estado para hacer frente al pago de las deudas con los proveedores.

Una vez se den estos pasos, la vicepresidenta dijo que se establecerá el mecanismo financiero que se pondrá en marcha para hacer frente a estos pagos, mecanismo que no concretó, como tampoco la cifra que baraja el Gobierno sobre a cuánto asciende la deuda comercial de las administraciones públicas.

El Gobierno podrá retener tributos a los municipios que no hagan plan de ajuste
La norma de las facturas a proveedores obliga a los Ayuntamientos a recortar gastos
Los acreedores se quedarán sin cobrar intereses ni gastos
M. J. Madrid 25 FEB 2012

El Gobierno ha aprovechado el decreto ley sobre el pago de las facturas a proveedores para obligar a los Ayuntamientos a realizar duros planes de ajuste. El Ejecutivo podrá retener la participación en los ingresos tributarios del Estado durante varios años a aquellos municipios que no realicen esos planes o los incumplan, según el decreto ley publicado hoy sábado en el Boletín Oficial del Estado.

Los planes de ajuste deben aprobarse por los Ayuntamientos antes del 31 de marzo y, según la norma, condicionarán los presupuestos municipales de cada año. Los planes deberán recoger ingresos corrientes suficientes para financiar los gastos corrientes del municipio y la amortización de las operaciones de endeudamiento, incluida la que se realice para el pago a proveedores. Las previsiones de ingresos de esos planes deberán estar en línea con los ingresos reales de los ejercicios 2009 a 2011.

Los autónomos piden que se dé prioridad a las facturas pequeñas
Los Ayuntamientos también tendrán que dar información sobre el coste de los servicios públicos y su financiación. Los planes deberán recoger un calendario de las reformas estructurales que se vayan a aplicar, incluida la posible modificación de la organización de la corporación local, así como medidas de reducción de cargas administrativas a ciudadanos y empresas.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas valorará los planes para decidir sobre ellos en 30 días. Si los juzga favorablemente, se entenderá autorizada una operación de endeudamiento con el plazo suficiente para hacer frente a la financiación del pago de facturas y otras obligaciones de pago.

Tendrán preferencia los que hayan acudido a los tribunales
“En el caso de que las entidades locales no concierten la operación de endeudamiento citada, o (…) incumplan con las obligaciones de pago derivadas de la misma, el (…) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (…) efectuará las retenciones que procedan con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su participación en los tributos del Estado”, señala el decreto.

Además, la generación de remanente de tesorería negativo para gastos generales “comportará la prohibición de realizar inversiones nuevas en el ejercicio siguiente financiadas con endeudamiento”.

Hacienda aprovecha también para sacar a la luz las facturas guardadas en el cajón sin contabilizar, ya que la emisión de certificados para los contratistas que quieran cobrar “conllevará la contabilización de las obligaciones pendientes de pago, en caso de no estarlo”.

El decreto deja pendiente de desarrollo los detalles sobre cómo los proveedores podrán presentar a los bancos las certificaciones de deuda que les den los Ayuntamientos para cobrar. El texto sí confirma que “podrán establecerse como criterios para prioridad de pago, entre otros” el “descuento ofertado sobre el importe del principal de la obligación pendiente de pago”, lo que equivale a una quita; la antigüedad de la deuda, o que se haya exigido el pago de la factura ante los tribunales antes del 1 de enero de 2012.

La idea es que el mecanismo de pago se desarrolle en diferentes fases a lo largo de este año; y el decreto da al Gobierno la posibilidad de establecer un descuento o quita mínima a aceptar en cada fase. La norma señala también que en cada fase podrán establecerse tramos específicos para pymes y para autónomos. Los autónomos reclaman que un criterio de prioridad sea el pago de facturas pequeñas, hasta un determinado importe, y esperan que al beneficiarse de un tramo específico no tengan que aceptar quitas de la deuda.

El texto del decreto también apunta a que, además de ese descuento o quita, los proveedores que se acojan a la norma para cobrar se quedarán sin los intereses de demora, costas judiciales y demás gastos accesorios.

En unas declaraciones en un periodico de estos que paga nuestro municipio, y que se ensalza nuestro querido alcalde,meses antes de las elecciones generales decia, que si se celebraban en Noviembre, y como era previsto ganaria el sr. Rajoy, cambiaria todo y la economía del pais daria un giro radical y que la crisis empezaria a remitir. Por su cabezita lo que imagino pasaria que Rajoy vendria con su varita magica, y solucionara tanto los problemas que creo la gestión del sr. Zapatero, y como no al sentirse tan importante(el sr. Estrada), se penso que a el le diria, venga Carlitos ¿cuantos millones de euros necesitas?, pero no es así le volvio a fallar el vivir en los mundos de Yupi, no sabemos si ahora con los ajustes del sr. Rajoy para los ayuntamientos, y buenos gestores como el nuestro, no se volverá a plantear el cambiar la paloma por la rosa, como se planteo hace tantos años.

Aunque alomejor decide cambiar de profesión y utilizar su título de piloto, ya que hace meses cuando le entrevistarón declaro que restaba tiempo a su familia que era lo más importante, por dedicarselo a los demás (pobrecito el siempre tan ligado a los suyos) y habia veces que no se sentia correspondido.

Será que cree ganar poco?
Será que tiene que utilizar horas no muy apropiadas para zanjar asuntos?
Será que tiene que visitar sitios que de no ser alcalde no visitaria?
Será que esta preparando el camino para su marcha?

El tiempo lo dirá.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha estudiado esta mañana el anteproyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno, una norma que obligará a las Administraciones públicas a hacer accesibles todos sus contratos, subvenciones, convenios y sueldos públicos. España se sube así al carro de la información accesible y deja de ser el único país europeo con más de un millón de habitantes que no contaba con una ley para acabar con la opacidad en la gestión pública. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la ha calificado como una de las normas más importantes del programa político de Mariano Rajoy. La nueva ley permitirá, entre otras medidas, sancionar con 10 años de inhabilitación a los cargos que falseen y oculten datos y fija un baremo para limitar el sueldo de cargos públicos de las corporaciones locales. La vicepresidenta ha asegurado que, con esta norma, "el Gobierno se hace responsable de lo que hace el conjunto de las Administraciones". También fija en un mes el plazo en el que las Administraciones tendrán que responder a las preguntas de los ciudadanos. Al menos sobre papel, el plazo es hoy de tres meses.

En concreto, la ley considerará delito la falsedad en documentos y la ocultación de datos, penado con una inhabilitación de 10 años, y sancionará las infracciones muy graves y algunas graves con la destitución de cargos públicos y la inhabilitación entre cinco y diez años. Se consideran infracciones muy graves la administración de los recursos de la hacienda pública sin cumplir las disposiciones que regulan su liquidación; comprometer gasto sin crédito suficiente; la ausencia de justificación para la inversión de fondos; el incumplimiento deliberado de la obligación de reducción de deuda; no hacer los planes de ajuste que prevea la Ley de Estabilidad, actual y futura; y el incumplimiento de las medidas de corrección de la Ley de Estabilidad.
¿La Ley de Transparencia dificultará la corrupción? A tres días de las elecciones andaluzas, que pueden convertir al PP en el partido con más poder en la historia de la democracia española, Rajoy lleva al papel una de sus apuestas estrella durante la campaña, la promesa de "transparencia total". Prometió que habría norma antes de cumplir 100 días al frente de la Presidencia y cumple su palabra apenas una semana antes de agotar el plazo, aunque la ley todavía tardará meses en entrar en vigor. La vicepresidenta ha asegurado, a preguntas de los periodistas, que es improbable que esté aprobada en este periodo de sesiones: "Junio es un plazo excesivamente corto". El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se dejó la medida en el tintero en su primera legislatura y, en la segunda, llegó a redactar un anteproyecto de ley, pero el adelanto de las elecciones generales impidió que su iniciativa llegase a buen puerto.

De acuerdo con la nueva norma impulsada por el PP cada ministerio y cada dirección general deberá dar a conocer todos sus contratos, cómo se gastan el dinero, con qué organigrama trabajan y qué salarios perciben los integrantes de su equipo directivo. Toda la información estará en los sitios webs de cada ministerio y también se encontrará, centralizada, en un portal de la transparencia inspirado en los que emplean países como EE UU. Actualmente, todos esos datos no son secretos en España, pero la mayoría se publican de forma farragosa, llegan solo hasta el Congreso o son difíciles de consultar. En el caso de los sueldos, hasta ahora solo se hacían públicos los de los ministros.

Una ley con tres claves
La ley tendrá tres patas, según ha explicado la vicepresidenta. La primera es la de la publicidad activa: esto es, toda esa información que se va a publicar en el portal de la transparencia sin necesidad de que nadie la pida. Santamaría ha puesto como ejemplo que todas las Administraciones públicas deberán "suministrar información sobre los contratos ajdudicados", lo que incluye su objeto, el importe, el procedimiento de adjudicación y el adjudicatario.
Otro eje es el derecho a la información: se establecerá, como gran novedad y también de forma similar a otros países [EE UU y Reino Unido la han llamado ley de libre acceso a la información], el derecho a obtener esos datos. Así, las Administraciones estarán obligadas a contestar cuando un ciudadano reclame conocer el uso de un dinero público, por ejemplo. Santamaría ha asegurado que los ciudadanos podrán realizar solicitudes de información dentro de los límites previstos en la Constitución y en los convenios internacionales para salvaguardar datos de carácter personal o de seguridad pública.

Por último está el código de buen gobierno. Santamaría ha explicado que tendrá rango legal, que se aplicará a todas las Administraciones y cargos públicos, y que establece unos "principios éticos y de actuación, que dejan de ser meras recomendaciones". Es decir, que si se incumplen llevan aparejado un procedimiento infractor, con sanciones que pueden llegar a suponer la destitución del cargo con entre cinco y 10 años de inhabilitación. Si los datos se ocultan o falsean de forma intencionada, será constitutivo de delito, lo que conllevara la inhabilitación durante al menos 10 años y la correspondiente multa.

Santamaría también ha asegurado que la ley incluye, por primera vez, un baremo sobre las retribuciones de los cargos públicos de todas las Administraciones locales. La vicepresidenta ha asegurado que lo que hace la ley es establecer la "habilitación" para que sean los Presupuestos Generales del Estado puedan aprobar ese baremo que, según ha explicado, solo se aplicará a las Corporaciones Locales y establecerá las retribuciones en función del tipo de Ayuntamiento, su población y otras circunstancias, como por ejemplo, si corresponde a una capital.

Rajoy prometió que habría norma antes de cumplir 100 días al frente de la Presidencia
El control sobre la transparencia pasa a manos de la agencia de calidad de los servicios, que a partir de ahora se denominará Agencia de Transparencia. El nombramiento de sus miembros lo hará el Gobierno, pero podrá ser vetado por mayoría absoluta en el Congreso. Este órgano será el encargado de resolver las reclamaciones de los ciudadanos en caso de que la Administración no le facilite la información que solicita. "Esta ley trata de evitar que alguna Administración diga que cumple el 6% de déficit y acabe dejando el país en un 8%", ha aseverado la vicepresidenta, en alusión al traspaso de poderes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que el PP viene acusando de no haber ofrecido toda la información sobre las cuentas del país y que los socialistas niegan.

La falta de transparencia parece ser un vicio instaurado en la cultura política española, como señalaba el artículo de EL PAÍS del pasado 18 de marzo. Y, sin embargo, los últimos meses y años han estado plagados de escándalos políticos de distinto color que hacen reflexionar sobre la necesidad de las cuentas claras: el caso Palma Arena en Baleares, el caso Gürtel en la Comunidad Valenciana y Madrid o los ERE en Andalucía. El Gobierno pretende aprobar la ley y presentarla oficialmente el día 17 de abril en un foro internacional celebrado en Brasilia, impulsado por Estados Unidos y Brasil para fomentar el acceso a la información. Quince días antes de que la norma entre en vigor, también se abrirá un novedoso proceso de consulta pública electrónica en el que los ciudadanos podrán aportar sus sugerencias.

La primera consecuencia de este anteproyecto ha sido que la vicepresidenta ha respondido a una pregunta que el Gobierno había dejado sin responder en los últimos días sobre el coste del vídeo que la Junta Electoral ha ordenado retirar. "4.200 euros más IVA", ha sido la cifra mencionada por Santamaría.

La vicepresidenta ha sido cuestionada hoy por el fichaje de su esposo, el abogado del Estado Iván Rosa, por Telefónica. De manera breve, Santamaría ha afirmado que ella va a abstenerse en las decisiones relacionadas con esta compañía.

Estaría el sr. Estrada en el congreso del P.P de Madrid, seguramente que si fue así, sería uno de los votos dentro del 3% que no voto a la señora Aguirre.

Escucharia el mensaje con atención? seguro que cuando nos venga la subida de impuestos en Moraleja dira que es por la situación que ha dejado Zapatero, por lo menos el sr. Rajoy tiene excusa para decir que el agujero se lo ha encontrado; ¿Pero que dirá el sr. Estrada?, dirá tambien que es culpa del sr. Godino Palomo?, de este personajillo me espero cualquier cosa.

Por cierto tenia la esperanza de que Esperanza, tanto que decian hace unos años sus allegados "Carlos en cuanto puedan se le llevan a la Comunidad de Madrid" de que cuando entro el sr. Rajoy en el poder, y hubo renovación de cargos, se le hubiesen llevado, y nos hubiesen quitado uno de los chupa-bolsillos mayores que tenemos, pero cual ha sido mi tristeza al ver que no ha sido así.

Seguro que sus allegados dicen "no es que el es firme con su compromiso y hasta que no cumpla todo lo prometido a rechado la oferta".

En fin............. paciencia y por lo menos pidamos, que nuestra deuda no siga creciendo.

No ha sido posible su marcha a la CAM,no por su compromiso
con nadie,sino que, no habra convocatoria de plazas nuevas de "conserje" en varios años.

Crees que con su sabiduria, y afan de protagonismo, le seria sufiente ser conserje?

Ten encuenta que presuntamente en su cargo actual, las propinas son mucho más altas, que siendo conserje.

De todas formas intentaré ponerle en contacto, con Antonio Alcantara, el de Cuentame, para que le oriente sobre el cargo y no le pille desprebenido cuando le llegue.

Desprevenido se escribe con v.

Gracias, por tu corrección.

Las faltas de ortografía, conviven conmigo desde pequeñita, pero lo principal es que creo que se me entiende lo que quiero decir, con faltas o sin faltas.

UN VESOTE.................... jajaja.

no me beses.....pppuaggg...que asco!!!!

Se sabe si han aprobado, el plan de viabilidad?
Y si van a pagar a los proveedores?