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La seudo-amnistía fiscal a las cuentas españolas en Suiza


Miguel Ángel Luque Mateo
Diagonal

La doble vara de medir de la Agencia Tributaria: implacable con los pequeños contribuyentes y permisiva con los grandes evasores fiscales.


Durante el mes de junio, tuvimos conocimiento de que unas 3.000 grandes fortunas españolas tenían cuentas en la sucursal suiza del banco británico HSBC, por importe de más de 6.000 millones de euros (una media de dos millones de euros por cuenta). Al parecer, un empleado de la entidad había revelado la relación de clientes del banco a las autoridades francesas, las cuales transmitieron esta información a la Hacienda española.
Dado que buena parte del establishment político y empresarial español podría estar implicado, la Agencia Tributaria, en lugar de comunicar a los titulares de dichas cuentas el inicio de actuaciones inspectoras de carácter general para investigar los Impuestos sobre la Renta, Sociedades y Patrimonio de los ejercicios no prescritos, optó por enviarles un amable requerimiento concediéndoles un plazo para que regularizaran su situación, con la imposición de tan sólo un recargo del 20% y los intereses de demora. De esta forma, al ofrecerles el tratamiento exclusivo de las regularizaciones espontáneas y extemporáneas, se evitaba que tuvieran que enfrentarse a la imputación por delito fiscal, lo que podría conllevar una pena máxima de cuatro años de cárcel y una multa de hasta el séxtuplo de las cuotas tributarias adeudadas.
Además, se remitió una instrucción interna a los inspectores de Hacienda para que, en su caso, sólo se sancionara por los intereses generados de las cuentas, pero nunca por el montante total supuestamente evadido. Como han denunciado los propios técnicos e inspectores, ello supone que un defraudador en Suiza de dos millones de euros pagaría hasta 23 veces menos (236.800 euros) de lo que normalmente se exigiría (5,4 millones de euros), con lo que “se estaría renunciando a recaudar cerca de 1.500 millones de euros”, cantidad que, curiosamente, coincide con lo que se pretende ahorrar mediante la congelación de las pensiones.
Llegados a este punto, conviene advertir al lector que si olvida presentar su declaración de la renta un año o incluir algún ingreso, no recibirá el mismo trato de favor. Le iniciarán un procedimiento de gestión o de inspección y le aplicarán el régimen sancionador tributario o penal con todo el peso de la ley. Este privilegio está reservado sólo a los ricos y poderosos, como ya ocurrió hace dos años con los 198 presuntos defraudadores descubiertos en Liechtenstein, así como con gran parte de las 12.000 empresas que acaparaban medio millón de euros en billetes de 500, a la mayoría de las cuales se les permitió presentar declaraciones “voluntarias” en 2008 y 2009.
Una oportunidad perdida
Los inspectores señalan que si desde el Gobierno se ha justificado el trato fiscal a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) –que tributan tan sólo al 1%, frente al 43% del tipo máximo del IRPF–, con el argumento de que el capital de estas sociedades podría irse a otros países si aumenta su gravamen, por ese mismo motivo se debería ser “especialmente duro” con estos presuntos defraudadores. Se ha perdido una oportunidad de oro para mandar un implacable aviso a aquéllos que, además de incumplir sus deberes fiscales, deslocalizan sus capitales ilegalmente, con un gravísimo perjuicio a la economía española en su conjunto.
Pero no olvidemos que el sistema tributario y su aplicación están diseñados para beneficiar a los bancos, las multinacionales y las grandes fortunas. Por tanto, la actuación de la Agencia Tributaria no podía ser sino tranquilizadora ante esta supuesta amenaza, en el marco del mensaje global que se les transmite: “mantengan los doce billones de dólares que tienen invertidos en los paraísos fiscales; nunca los vamos a pillar y si, excepcionalmente, ocurre una disfunción en el sistema, les concederemos la correspondiente ‘amnistía fiscal”.
Miguel Ángel Luque Mateo, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Almería.

Fuente: https://ww.diagonalperiodico.net/Escandaloso-trato-de-favor-a-las.html

Estos 3000 estan sudando la gota gorda , en Septiembre estan citados en Hacienda.

Y así para una pequeña empresa.

El día 20 de enero una pequeña empresa de Almería presenta su resumen anual de IVA. Resultado 12.600 euros a devolver.

Los días 20 de abril y de julio presenta su declaración de retenciones y de IVA. Como no tiene liquidez solicita aplazamiento y fraccionamiento.

Conforme le llegan los plazos del fraccionamiento no puede hacerles frente porque su falta de liquidez persiste.

No obstante la agencia tributaria, que no le ha hecho la devolución solicitada seis meses antes, le amenaza con embargo y le caga todos los intereses, recargos y apremios, habidos y por haber.

Si se dirige a la agencia para que le compensen las cantidades adeudadas, menos del 50 % de la devolución solicitada, la respuesta: “pague y espere”.

Si cabreado se dirige al Presidente de Gobierno para decirle que es un riesgo para la economía, le contesta el tontico del secretario de guardia, con las consabidas consignas de: “diríjase a la Agencia Tributaria que le darán solución” o “mire Vd. los préstamos ICO”, y otras consabidas chorradas.

Al pequeño tejido empresarial, mantenedor de la mayoría del empleo, mano de hierro; a los evasores, terroristas económicos, guante de seda.

Ya lo decía Lenin en "El Estado y la revolución" que:
" El Estado es el instrumento de dominación de una clase sobre otra"
Hasta ahora no he encontrado una definición más clara y contundente que esa.