Cubas de la Sagra - Madrid

El Gobierno sabe que le espera un otoño más que complicado. Los recortes anunciados, las subidas de impuestos, de la luz, el gas o el transporte público y el paro desbocado acabarán provocando protestas ciudadanas y quiere curarse en salud. El objetivo es “meter miedo” y ahuyentar a posibles manifestantes con una nueva Ley de Orden Público inédita en democracia, un retroceso en toda regla de los derechos civiles. Ni Aznar se atrevió con tanta mano dura.

Desde hace semanas fuentes del Ministerio de Interior filtraban a la prensa que se modificaría la Ley para evitar los actos de vandalismo con los que terminan algunas manifestaciones, poniendo siempre el ejemplo de lo que ocurre en Barcelona donde están instalados desde hace años grupos antisistema violentos. Lo que no explicaban es el verdadero motivo: El Gobierno tiene pánico a un otoño caliente y a que “se incendie la calle”, según ha podido saber ELPLURAL.COM de fuentes policiales.

Las “novedades” anunciadas por el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, este miércoles en el Congreso de los Diputados a buen seguro provocarán polémica por su extrema dureza. Concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como internet y las redes sociales será “delito de integración en organización criminal”, así como “alterar gravemente el orden público”. Estamos hablando de un delito grave, penado con cárcel y que plantea algunas dudas jurídicas, como por ejemplo ¿quién decide que una concentración convocada por internet es violenta y por tanto delito?