Brea de Tajo - Madrid

Un Ayuntamiento opaco
El alcalde de Brea de Tajo ha sido condenado tres veces en dos años por no facilitar documentación pública a la oposición
Sentencia del 8 de septiembre


La transparencia sigue siendo una de las asignaturas pendientes en muchos municipios españoles. Sobre todo en aquellos donde las administraciones locales han estado regidas durante años por los mismos responsables políticos, acostumbrados a no tener que dar explicaciones a sus conciudadanos. Ni siquiera a la oposición. Este es el caso de Brea de Tajo, según el único concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de esta localidad de 500 habitantes en el sureste de Madrid, cuyo alcalde ha sido condenado tres veces en dos años —la última es de septiembre— por no facilitar documentación pública a sus rivales políticos. El regidor afirma que recurrirá la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y se defiende diciendo que “algunos intentan ganar en los juzgados lo que no ganan en las urnas”.

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En los 15 años que Rafael Barcala (PP) lleva a cargo del Consistorio nunca se había encontrado con una oposición que le hiciera frente. El PSOE llevaba 20 años sin representación en el pequeño municipio situado a 62 kilómetros de Madrid. Pero en las últimas elecciones, las de 2011, los socialistas consiguieron 92 votos frente a los 226 del PP. Desde entonces, el concejal y portavoz de la agrupación socialista, Antonio Castro, ha solicitado en varias ocasiones el acceso a documentación necesaria para el desempeño de sus funciones. Y, según afirma el edil, solo ha conseguido ejercer ese derecho "en tres ocasiones de una hora de duración cada una".

La última sentencia, del 8 de septiembre de este año, reconoce el derecho del concejal a estudiar los libros de contabilidad solicitados como miembro de la Comisión de Cuentas y la “vulneración de su derecho fundamental a la participación política”, recogido en el artículo 23 de la Constitución. “La oposición tiene el deber de fiscalizar la labor del Ayuntamiento y no puede ir al pleno sin conocer los asuntos que se van a tratar”, defiende Castro. “Si no me dejan ver las facturas, ¿cómo voy a debatir los presupuestos del año?”, concluye el edil en una parcela cercana al municipio que sirve como sede de la agrupación. Ese argumento le sirvió precisamente para que el juez fallara a su favor en la primera sentencia, del 16 de enero de 2013, por la que se anulaba la aprobación del presupuesto de 2011.

Barcala resta importancia al asunto y se escuda en el “pequeño tamaño del Ayuntamiento” que dirige. “No tenemos personal suficiente para atender todas las demandas del concejal. Quince días después de que asumiera el cargo, ya teníamos 100 peticiones suyas”, cuenta en una conversación telefónica en la que asegura que “toda la documentación está a disposición” de Castro. “Solo se trata de una cuestión de organización”.

“Me ha costado dos sentencias que me dejen ver los decretos, cuando es obligatorio por ley que se den en los plenos”, se queja el edil socialista. “A lo mejor están bien hechas las cosas, pero si no me quieren enseñar los documentos me hacen dudar”, concluye Castro, quien durante las tres horas en las que le permitieron observar los papeles, asegura que descubrió que el alcalde había percibido “10.824 euros de dietas, cuando juraba que él no cobraba nada del Ayuntamiento”. No había facturas para justificar esas dietas, dice, “solo papeles de cuaderno en los que ponía tantos euros en representación del Ayuntamiento. Sin especificar dónde había gastado el dinero”. Algo que le plantea además algunas dudas: “Si el alcalde tiene su trabajo de lunes a viernes en la Misecam —la mancomunidad de los pueblos del sureste de Madrid que él preside— por el que cobra 2.000 euros al mes, ¿se reúne por las noches como alcalde de Brea? ¿Paga Brea las reuniones de la Misecam? ¿Declara las dietas a Hacienda?".

La “única consecuencia de las sentencias”, según advierte Castro, “es que la Administración local, y no el alcalde, tiene que pagar 450 euros de costas”. Un dinero que sale de las arcas públicas. “No es justo que los ciudadanos paguen porque el Ayuntamiento esté actuando de forma incorrecta”, juzga el edil, que en el último pleno le exigió al regidor que abonase la cuenta de su bolsillo. “No es que se ría de mí”, dice Castro, “es que se ríe de la gente que me eligió para que les representara"
Solo 10 días después de la última sentencia, el alcalde denegó a Castro, según afirma este último, su solicitud para ver los libros de contabilidad antes de que se aprobara el cierre de cuentas del año. Una actitud que los socialistas califican de “inaceptable” y por la que han decidido dejar la vía contencioso-administrativa para pasar a la vía penal. Ese será el siguiente capítulo de una historia que se ha convertido en saga.

ole ole ole si vas de despacio pero muy bien cada vez todo se aclara como la transparencia de Antonio muy bien si señor

Antonio alcalde