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La Comisión de Economía y Competitividad del Congreso se reunirá este martes con el objetivo de debatir, entre otros asuntos, la propuesta socialista de crear hispanobonos para apoyar la financiación de las comunidades autónomas, así como las peticiones de varios grupos parlamentarios para que el Gobierno dé una solución a los afectados por la comercialización de participaciones preferentes.
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email Compartir EUROPA PRESS. 12.06.2012 La Comisión de Economía y Competitividad del Congreso se reunirá este martes con el objetivo de debatir, entre otros asuntos, la propuesta socialista de crear hispanobonos para apoyar la financiación de las comunidades autónomas, así como las peticiones de varios grupos parlamentarios para que el Gobierno dé una solución a los afectados por la comercialización de participaciones preferentes.


Ampliar fotoAsí, los miembros de esta comisión parlamentaria se reunirán el martes a partir de las 11.30 horas para debatir, en primer lugar, la proposición no de ley de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) instando al Gobierno a que coordine con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una "revisión exhaustiva" de los test de conveniencia.

El grupo pide que "queden sin efecto" los contratos de suscripción de cualquier producto financiero de riesgo que no sean adecuados al perfil de conocimiento del cliente o a los riesgos que quiera asumir, y que se sancione a las entidades que "ignoraron los requisitos legales para la comercialización de este tipo de productos".

En la misma línea, reclama que se exija a la CNMV garantizar "en el futuro" que realiza sus funciones en esta materia, y coordinar con el Banco de España las acciones necesarias para garantizar la devolución del capital inicial. La Izquierda Plural también reclama medidas para que las entidades financieras dejen de "ignorar sistemáticamente" las normas de conducta y una Ley de Transparencia y Calidad en la Comercialización de los Productos Financieros, a presentar en el próximo periodo de sesiones.


Protección a los usuarios

No acabará aquí el debate sobre este asunto, ya que a renglón seguido la Comisión de Economía debatirá también otra iniciativa, de UPyD en esta ocasión, relativa a la protección de los usuarios de productos financieros, en la que la formación magenta reclama formularios "breves, homologados y uniformes de uso obligatorio por todas las entidades financieras" para la contratación de este tipo de títulos, como ya se hace con las hipotecas.

También proponen que se promueva una "mayor separación" de las actividades de comercialización y de asesoramiento financiero en las entidades, y que el Banco de España pueda "supervisar las políticas de retribución de las entidades financieras, que le permitan combatir los incentivos perversos que generan comportamientos cortoplacistas".

Mejorar los organismos de protección de los usuarios de servicios financieros mediante la ampliación de sus atribuciones y medios, y estudiar la posible unificación de los organismos de protección del inversor actualmente dispersos, para aumentar tanto su eficacia como su visibilidad social, completan la iniciativa de UPyD.


Ya se ha debatido del tema

Además de estas iniciativas, otros grupos han presentado propuestas en la misma línea. Por ejemplo, el pasado mes de marzo se rechazó una propuesta del PSOE en la que exigía garantizar a los clientes que contrataron participaciones preferentes la recuperación de su capital inicial y regular la información que se da sobre estos productos financieros.

Ante el voto en contra del PP, los socialistas han optado por registrar otra propuesta en la que piden al Gobierno que prohíba por ley la venta de participaciones preferentes a inversores minoristas y que garantice a quienes las suscribieron en el pasado la devolución del cien por ciento del valor nominal de estos títulos bancarios.

CiU, por su parte, también ha presentado una proposición —que aún no ha sido debatida— reclamando al Gobierno que expediente a los bancos que vendieron participaciones preferentes a clientes individuales, así como que sancione a los que pudieran haber vulnerado la ley, y que presente un proyecto de ley de transparencia y calidad en la comercialización de productos bancarios.


Guindos quiere darle una solución

Además, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha anunciado que se está estudiando la vía civil, e incluso la penal, para tipificar la comercialización de estos productos y dar cabida a una demanda de consumo en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios; y el ministro de Economía, Luis de Guindos, a reconocido que "nunca se tendrían que haber colocado (estos títulos) entre el pequeño ahorrador", máxime cuando los inversores institucionales ya los estaban rechazando, y se comprometió a buscar "una salida lo más adecuada posible" a esta situación.

De hecho, ya se ha constituido en el Congreso una subcomisión sobre la Transparencia en la Información de los Productos Financieros e Hipotecarios de las Entidades de Crédito, dependiente de la Comisión de Economía, que este miércoles a partir de las 17 horas celebrará su tercera sesión, con la organización de los trabajos como único punto del día.

HISPANOBONOS

Por otra parte, la Comisión de Economía del martes también tiene en su orden del día el debate de una proposición no de ley del PSOE en la que insta al Gobierno a negociar con las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la mejor fórmula para respaldar la deuda regional, bien con hispanobonos, con avales o con préstamos directos del ICO o del Tesoro.

Su objetivo es conseguir mejorar la calificación de la deuda de las comunidades autónomas —que en algunos casos llega al 'bono basura', peor que la de algunos países intervenidos— y conseguir un ahorro en el gasto financiero con el que ayudar a lograr el objetivo de déficit del 1,5% este año.

Así, se pide abrir la posibilidad a cada ejecutivo regional de elegir la opción que mejor les resulte, o incluso hacer un 'mixto' de varias, entre que el Estado emita deuda mediante hispanobonos y que se negocie con las comunidades la manera de repartir esos fondos, que el Tesoro o el Instituto de Crédito Oficial (ICO) salgan al mercado y después concedan préstamos directos a las comunidades; o que se presten avales del Estado a la emisión de deuda autonómica.

Este mismo viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en rueda de prensa que el Ejecutivo aún no ha aprobado esta herramienta porque requiere cambios legales "puntuales" que se están estudiando, y no porque esté esperando a que se concrete el saneamiento de la banca.