Santa Colomba de Somoza - Leon

Viernes, 12 de Diciembre de 2008




El juzgado exime al alcalde de revelar con quién se telefonea
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Santa Colomba de Somoza | El PSOE pidió ver las facturas completas de su móvil
El juez da prioridad al derecho a la intimidad del regidor sobre el del grupo a informarse
Maite Almanza astorga

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de León desestimó las pretensiones del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, que había solicitado acceso al detalle completo de las facturas del teléfono móvil del alcalde, José Miguel Nieto. La sentencia, que ya es firme, utiliza como argumento la consideración de que la protección de la intimidad y la vida privada debe, en opinión del magistrado, prevalecer sobre el derecho del grupo de la oposición a informarse para fiscalizar al equipo de gobierno.

Los hechos se remontan al 14 de julio del 2005, cuando el regidor dictó un decreto que autorizaba el acceso a la factura del gasto de un teléfono móvil adquirido por la corporación para uso del alcalde, con un límite de 1.502 euros.

«Funciones de concejal»

Dicho decreto «autorizaba ver la factura del gasto pero no el detalle completo de las facturas, por entender que no era necesario para el desarrollo de las funciones de concejal, y que afectaban a los derechos de intimidad y privacidad», señala el fallo. Este decreto fue recurrido por la portavoz municipal del PSOE, Dolores Primo, que reclamó tener acceso a las facturas completas desde noviembre del 2003.

El juez, en su razonamiento, reconoce a la demandante «el derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos de acuerdo con lo previsto en la ley, y por tanto el derecho a obtener la información necesaria para el ejercicio de las funciones públicas atribuidas a los concejales, como representantes democráticamente elegidos por los vecinos del municipio».

Este derecho implica que los ediles «tengan acceso a la documentación de que disponga la corporación a la que pertenecen, lo que supone una facultad de consultar libremente dicha documentación, de forma que su actividad en la corporación pueda desarrollarse con el debido conocimiento de causa». Sin embargo, el magistrado estima que no es necesario «añadir ningún otro complemento que exceda del fin de estar plenamente informados de cuanto conste en los diversos servicios municipales».

Una colisión

El juez estima que el caso «consiste en determinar si proporcionar listados de facturas de un teléfono de uso de la alcaldía afecta al derecho a la intimidad». Así, entiende que la situación constituye una colisión «entre el derecho subjetivo público del concejal a obtener información, con el derecho a la intimidad, en su vertiente del secreto de comunicaciones» que, según el Tribunal Constitucional, «cubre no sólo el contenido de la comunicación sino la identidad subjetiva de los interlocutores».

En este sentido, la sentencia entiende que «debe darse prioridad al (derecho) que integra la protección de la intimidad y la vida privada, de manera que el pretendido control del gasto deberá actualizarse poniendo a disposición del concejal actor las facturas interesadas, con excepción de aquella columna o columnas en las que se especifiquen datos relativos a los teléfonos comunicados por el alcalde». El juez también considera que en este caso, el regidor ya ha facilitado información sobre el gasto de dicho teléfono móvil, con lo que «la información ya se ha satisfecho y por ello debe desestimarse el recurso».