Riego de la Vega - Leon

UGT roba ¡42 millones de euros! y juzgan a quien denuncia.
Roberto Macías otra víctima de «la mafia judicial española»
La jueza Mercedes Alaya fue apartada de la investigación por petición de la fiscalía anticorrupción.
Puede decirse que fue la propia Fiscalía la que boicoteó la instrucción de Alaya, presentando hasta cinco recursos para alejarla del caso
El pasado Lunes 7 de octubre, el Consejo de Ministros de la Unión Europea celebrado en Luxemburgo, aprobó la

“Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión”,

más conocida como de protección a los alertadores o denunciantes de corrupción.

Esta Directiva es consecuencia, en primer lugar, del interés especial por parte de la Unión Europea en abordar la necesidad de reforzar la lucha contra la corrupción en el seno de la Unión Europea y, en segundo lugar, de la lucha titánica y encarnizada que los diferentes denunciantes de infracciones y violaciones del Derecho de la Unión, vienen llevando a cabo desde hace años.

Tiempo en el que además, se han tenido que enfrentar en muchos casos, con represalias y venganzas de aquellos a los que estaban denunciando, normalmente oficiales públicos o asimilados, con mucho más poder que ellos y que, al encontrarse descubiertos y denunciados, ponían en marcha todo tipo de acciones destinadas a conseguir quedar impunes.

Aunque en el intento las vidas profesionales, personales y familiares de los denunciantes quedaran destruidas.

En Europa, sólo 10 países de 28 ofrecen una protección jurídica completa a los denunciantes: Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Países Bajos, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido.

En los países escandinavos la protección del denunciante es una cuestión básica desde hace años.

En Italia aprobaron una Ley Integral contra la Corrupción en 2012 y crearon la Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción.
Sólo estos países de la Unión ofrecían una cobertura a aquellos ciudadanos que decidían dar un paso adelante, salir de su zona de comodidad personal y poner de relieve y denunciar a funcionarios, empresarios y organizaciones o empleados que estaban, con sus actuaciones violando la Ley.

España incorporó a su ordenamiento jurídico en 2006 la Convención de Naciones Unidas sobre la corrupción de 2003, sin embargo, la realidad es que aquello no se concretó en medidas que pudieran proteger a denunciantes, ni tampoco se creó un estatuto de indemnidad para aquellos que hubieran participado en procesos de corrupción y estuvieran dispuestos a denunciar los hechos.

A la vista de todo lo anterior, tanto el Parlamento Europeo, como la Comisión Europa pusieron en marchas los mecanismos necesarios para que, en el ámbito de la Unión Europea, aquellos ciudadanos que denunciaran infracciones del derecho de la Unión, quedaran protegidas.

Cristalizó en la Directiva que fue aprobada el pasado Lunes …

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0218

En los próximos días, iremos poco a poco trayendo a los lectores de LNT (lanuevatribuna.com) los testimonios de diferentes denunciantes y alertadores de infracciones del Derecho de la Unión Europea.