Riego de la Vega - Leon

Amnistía Internacional, que ya ha reprochado en numerosas ocasiones el uso arbitrario y excesivo de la fuerza contra manifestantes en nuestro país, ha vuelto a alertar en su último informe de la persecución de la protesta en España.
Persistió el uso del delito de «enaltecimiento del terrorismo» para procesar a personas que ejercían de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión.
También menciona el caso de Juan Antonio Martínez González (abril de 2015), que murió a causa de los golpes que cuatro policías le dieron en la cabeza al detenerle.
Se archivó por la Fiscalía.
Imposible no acordarse de la muerte de Juan Andrés Benítez. Los mossos, que se declararon culpables de homicidio «imprudente», tampoco entraron en la cárcel ni fueron expulsados del Cuerpo, únicamente suspendidos de empleo y sueldo dos años.
España ha sido condenada siete veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar las denuncias de torturas policiales.
Y eso sólo desde 2010: vamos a condena por año.
El último caso, el de Xabier Beortigi Martínez, de mayo de 2016, se saldó con una multa al Estado de 23.500 euros.
No pasa nada, no hay responsabilidades políticas ni policiales, y por descontado, ninguno de ellos tendrá que rascarse el bolsillo. Pagas tú.
AI, Human Rights Watch y medios de comunicación internacionales han alertado de que la ley mordaza trae al presente lo peor del franquismo.

LEGALIZAR LA PERSECUCIÓN IDEOLÓGICA
LEY MORDAZA Y MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
Desde que gobierna el PP de Rajoy, en España se está llevando a cabo una persecución ideológica y una dura criminalización de la protesta, intensificada tras la entrada en vigor de la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana en julio de 2015.
Si os paráis a pensarlo, es hasta lógico, aunque no por ello menos condenable. Aprovecharon la coyuntura económica para imponer su ideología, para atacar los tres pilares fundamentales del estado del bienestar: Sanidad, Educación y derechos laborales.
Recortaron criminalmente y la gente se echó a la calle. Para continuar con la sangría, tenían que acallar el ruido de fondo. Dicho y hecho: férrea represión, temple de porras y durísimas sanciones para el que grabe cómo un policía le abre la cabeza a alguien por sentarse a intentar parar un desahucio ejerciendo la resistencia pasiva. Si Gandhi viviera en España hoy, necesitaría casco.
Por si la ley mordaza se quedaba corta, el PP endureció el Código Penal.
Aunque ha sido la reforma más profunda desde su aprobación, se olvidaron de derogar el artículo 315, que restringe el derecho de huelga, y se opusieron a incluir en el nuevo CP la apología del franquismo.
Antes, en una perfecta estrategia, se habían hecho con el control de los grandes medios de comunicación (ya habéis visto el volantazo a la derecha que ha dado El País). Despidieron a los periodistas y directores de periódicos que había que despedir, destrozaron RTVE y siguió la fiesta de la lobotomía.
Este control absoluto fue determinante para que no hubiera un estallido social cuando el PSOE le regaló el gobierno al PP. Los medios habían allanado el terreno, golpeando los cerebros como si fueran masa repostera, plaf, es por estabilidad, plaf, la traicionera mentira del PSOE es responsabilidad, plaf, que siga gobernando un partido imputado por corrupción, que se ha financiado ilegalmente desde su fundación y maneja dinero negro a espuertas, es lo menos malo que le podía pasar al país, plaf, plaf, plaf.

Así, la ciudadanía fue cediendo terreno. Una vez despejadas las calles y con una amigable y unánime voz predicando a través de los televisores, llegó el momento de acallar los únicos reductos de protesta que quedaban: las redes sociales.
Amparándose en el chute de esteroides que con tal fin le habían metido al Código Penal, empezaron a hostigar a quienes escriben con la zurda. El contenido es lo de menos, pues no hay barbaridad que no se diga igual desde la derecha, con la diferencia de que entonces queda impune. Se persigue a las personas, se persiguen sus ideas.
Sólo como resultado de la operación Araña, más de 70 personas han sido detenidas por escribir. Un tercio de los casos juzgados en la Audiencia Nacional son comentarios de Twitter. Un tercio.

Tal vez, de tanto relacionarse nuestros dirigentes y monarcas con sangrientos dictadores, a este Gobierno se le haya terminado pegando la vena autoritaria. En Arabia Saudí encarcelan a ciudadanos por escribir; aquí también.
César Strawberry, cantante de Def Con Dos, fue absuelto por la Audiencia Nacional, pero la Fiscalía recurrió al Supremo, en un cerril empeño en juzgarlo y condenarlo por «humillación a las víctimas» por unos tuits como los que ha escrito media España.
Le cayó un año.

Se juzgan tuits, es decir, frases, sean estas más o menos desafortunadas. Incluso chistes (!) Aparte de los gastos y las molestias, puedes terminar con antecedentes penales por contar un chiste en Twitter. Es de locos.

En los 90, en un pueblo de Murcia, no de la maligna Euskal Herria, entre los chavales del instituto circulaba un chiste que yo por aquel entonces no entendía, porque ni veía los telediarios ni tenía la menor idea de política.
Decía así: «¿Cuál es la única planta que vive bajo tierra y sin luz? Respuesta: La ortiga lara».
¿Qué pasa, que esos chavales (menores de edad) eran todos terroristas? ¿Merecían que los detuvieran? ¿Estaban cometiendo delitos, enalteciendo el terrorismo? ¿Murcia en los 90 era un bastión de ETA? ¿Ardían las calles por el zarangollo borroka?
No. Era humor negro. Sin más.

Uno de los artículos del Código Penal que modificó el PP fue el 510, que castiga los llamados delitos «de odio» con penas de uno a tres años de prisión.

Odiar, los sentimientos, no pueden nunca ser delitos, y menos estar castigados con tanta dureza.
La redacción de la ley es deliberadamente ambigua, y en la práctica se está utilizando para coartar la libertad de expresión. Tuiteros, cantantes, artistas… Ellos son el objetivo.
Salva Solano