Riego de la Vega - Leon

Las sanciones económicas que nos impone la UE por este retraso pueden ser muy importantes: una multa de 100 millones de euros y otra de 200.000 euros diarios hasta que presente la aprobación de todos los planes


El Gobierno sigue sin presentar los deberes hechos a Bruselas en materia de agua. La Directiva Marco Europea marcaba hasta finales de 2009 como plazo máximo para que el primer ciclo de Planificación Hidrológica estuviese finalizado y reclamaba a los Estados miembros la aprobación de un plan hidrográfico para cada demarcación interna. En el caso de España suman un total de 25, de los que solo ha sacado adelante 13.

Las sanciones económicas que nos impone la UE por este retraso pueden ser muy importantes: una multa de 100 millones de euros y otra de 200.000 euros diarios hasta que presente la aprobación de todos los planes.

Pero es que esa no es el única correctivo al que vamos a tener que hacer frente por la mala gestión de nuestras aguas.

Una de las directivas que llevamos más tiempo incumpliendo es la que obliga a la correcta recogida y tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Según dicha ley, antes de 2005 todas las poblaciones de la Unión Europea con más de dos mil habitantes debían disponer de un sistema de gestión adecuado para las aguas residuales. Pero han pasado diez años desde que venciera el plazo y en España alrededor de seiscientos municipios siguen sin disponer de una depuradora y muchos de ellos todavía vacían sus alcantarillas directamente al rio.

El Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 pretendía asumir ese compromiso para adaptarse a la directiva europea y evitar un nuevo expediente sancionador, pero no vamos a llegar a tiempo, y en este caso el correctivo puede llegar a ser mucho más ejemplar. Las autoridades comunitarias, a quién se les ha acabado definitivamente la paciencia con nosotros en materia de aguas, están cansada de multar a España por este motivo.

Según Bruselas nuestro país esta desatendiendo gravemente la gestión del agua, ya que casi la mitad de la que corre por nuestros ríos o se almacena en nuestros acuíferos muestra unos niveles de calidad muy por debajo de los estándares que marca la UE.

Unos niveles de calidad que, en el caso del agua de nuestros ríos, lagos y embalses, evalúan tanto la carga contaminante como el estado de conservación de los ecosistemas acuáticos, mientras que por lo que se refiere a los acuíferos presta una especial atención a garantizar un uso sostenible del recurso: es decir, a que no se extraiga más agua de la que el propio acuífero tiene capacidad de renovar.

La solución para afrontar los retos pendientes en materia de agua pasa por lograr un mayor compromiso político para avanzar hacia una gestión mucho más responsable y eficiente del recurso. Se trata de lograr un servicio eficaz que nos permita tener un mejor conocimiento de la situación real del agua en España. De lo contrario la gestión del agua amenaza con convertirse en una de las peores hipotecas (medioambiental, legal y económica) a la que deberán hacer frente los futuros gobiernos.