Riego de la Vega - Leon

Casi 80.000 euros. Es el dinero de todos los madrileños que el Partido Popular no dudó en desviar de su Grupo Municipal para afrontar los gastos derivados de su XV Congreso Regional celebrado en 2012 a mayor gloria de la antaño lideresa y hoy carne de banquillo Esperanza Aguirre. Una muestra más de cómo el PP entiende que Madrid y sus instituciones son una suerte de coto privado donde las arcas públicas tienen un solo objetivo: servir a los intereses de la derecha.

De ser cierto lo denunciado por El Confidencial, nos encontramos ante el enésimo escándalo que afecta al PP de Madrid, solo unos días después del bochornoso capítulo del no despido de su gerente, Beltrán Gutiérrez, que vuelve a aparecer en este como responsable de la contratación del fastuoso congreso en el que Aguirre revalidó su mandato al frente de la hoy maltrecha derecha madrileña, y de los tejemanejes de facturas de ida y vuelta para lograr que el cónclave popular fuera sufragado, por la cara, por todos los madrileños, con independencia de su ideología. Porque no cabe olvidar que aunque los fondos públicos utilizados para pagar el congreso popular provenían, según los datos publicados ayer, del Grupo Municipal del PP, se trata de un dinero que todos los madrileños sufragan para que los concejales elegidos en la lista que encabezó Alberto Ruiz Gallardón puedan realizar sus tareas de representación de todos los habitantes de la Villa de Madrid, y no solo de los votantes de su partido.

Esperanza Aguirre está obligada a dar una explicación inmediata y asumir sus responsabilidades, y no basta con poner carita de víctima y pedir perdón. Ella es la máxima responsable de las decisiones que se toman en el seno del PP madrileño. Pero también debe explicarse la Alcaldesa saliente, Ana Botella, en su doble condición, le guste o no, de cabeza visible del grupo municipal que le apoya, y primera edil del ayuntamiento, y por tanto responsable de velar por que el dinero de todos los madrileños se destine a los fines para los que fueron consignados, y no, como parece ser ya una constante ‘popular’, a satisfacer las necesidades del partido y sus más cercanos allegados.

Explicaciones y responsabilidades que no deber ser óbices para que la Fiscalía intervenga de oficio ante una irregularidad manifiesta y con todas las papeletas para ser considerada un delito grave de malversación de fondos públicos para un uso partidista. El cortijo madrileño del Partido Popular no puede seguir financiándose con dinero de todos.