Golpe de Estado popular No se confundan por el título del artículo. No es que el pueblo haya dado un golpe de estado, es el gobierno del Partido Popular quien lo da. Utiliza su mayoría absoluta legal, para subvertir la apropia Constitución de forma ilegítima. Elimina derechos sociales y recorta derechos fundamentales y libertades públicas. Como el Sistema se lo permite, tendremos que pensar en cambiarlo. En la rueda de prensa del viernes tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, ha defendido la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, porque cree que defiende las libertades y los derechos de la ciudadanía. Nos toma por estúpidos, confundiendo conceptos. El gobierno atrasa por ajustes técnicos unas semanas el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, pero la suerte está echada. Para el presidente Rajoy no es una «mordaza», pero lo cierto es que volvemos a la ley de vagos y maleantes utilizada por el régimen fascista. La Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas, tiene razón al decir que «Interior y Justicia, Fernández y Gallardón, son el látigo de un gobierno del PP, dispuesto a acabar con el ejercicio de las libertades y derechos». La nueva ley, que tendrá 55 artículos, también regula las diligencias de cacheo e identificación, abriendo la posibilidad de que la policía retire el DNI a la persona identificada para posteriores comprobaciones. Con la reforma de la ley se pretende, no sólo la criminalización de la protesta social, sino su desmovilización mediante el chantaje, la amenaza y la represión. En cualquier caso, la voluntad del gobierno está clara; pretende «usar todo el rigor de la ley, contra quienes directa o indirectamente, perturben el orden, la paz y la unidad». Exactamente lo que pretendía el gobierno de Franco en 1956 —diario Arriba, edición del 11 de febrero—, suspendiendo la vigencia de los artículos 14 y 18 del Fuero de los Españoles, relativos a la detención y el confinamiento. Para conseguir lo mismo, el gobierno de hoy, introduce infracciones «graves» o «muy graves», éstas, con multas de entre 30.001 a 600.000 euros —hasta 100 millones de las antiguas pesetas—. Para la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, el anteproyecto parece una «ley de excepción que no va en consonancia con la democracia» que «recuerda a la ley de vagos y maleantes» —vigencia: 1933/1970—. La portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, subraya que «para garantizar la seguridad no se puede limitar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de manifestación o expresión». El portavoz de Jueces para la Democracia, considera «absolutamente desorbitadas» las multas y el objetivo «desalentar a la ciudadanía a ejercer derechos fundamentales». Censura el hecho de que algunas faltas del actual Código Penal, pasen a ser infracciones administrativas, convierten a la Administración en «juez y parte», y unido a las nuevas tasas judiciales, genera «situaciones muy cercanas a la indefensión». Para este gobierno, el bien público a proteger es una paz social y de seguridad propias de un régimen totalitario. Que sea por la jornada de «Desobediencia General» que propone la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, o como quiera que sea, entre todos, tenemos que impedir que triunfe el golpe de estado del PP. No solo están recortando los derechos sociales, destruyendo el Estado de bienestar; sino que están atacando derechos fundamentales y libertades públicas, destruyendo el Estado democrático de Derecho. |