Riego de la Vega - Leon

Fosas comunes en Villamayor de los Montes (Burgos)



Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975) siguen siendo denegados en España, que ni investiga ni colabora con investigaciones llevadas a cabo por otros países.

Durante la Guerra Civil y el franquismo fueron muchas las víctimas de graves abusos que el derecho internacional prohibía y condenaba, como tortura, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra población civil, persecución política, religiosa o racial, encarcelamientos arbitrarios, trabajos forzados y otros actos definidos como crímenes contra la humanidad.

Amnistía Internacional ve con preocupación que el comportamiento por parte de todos los poderes del Estado español parece estar orientado a buscar que se garantice la impunidad de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Así se deduce del rechazo de los jueces españoles, amparados por el Tribunal Supremo, de investigar, y la falta de colaboración del Gobierno y de la Fiscalía con la justicia argentina para que otros países puedan investigar estos crímenes.

El Poder Legislativo, reacio a ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, ha confirmado la vigencia de la Ley de Amnistía.

En junio de 2013, Amnistía Internacional ha publicado el informe "El tiempo pasa, la impunidad permanece" que actualiza el informe anterior publicado en mayo de 2012 "Casos cerrados, heridas abiertas". En ambos informes la organización documenta la indefensión de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo por la tendencia continuada de los jueces españoles al archivo y la falta de investigación de los crímenes de derecho internacional cometidos durante esta época. Amnistía Internacional recuerda en sus informes el deber de España de cooperar con la justicia argentina, donde se trata la única causa abierta sobre estos crímenes en aplicación del principio de jurisdicción universal. Y reclama al Gobierno de España que cumpla con su obligación de proporcionar verdad, justicia y reparación a las personas afectadas.

Si esto es hacer justica .yo me @@@@ en todos sus muertos.