Quintanilla de Combarros - Leon

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El proyecto de Ley de Montes que el Partido Popular continúa intentando sacar adelante desde la Junta de Castilla y León pese a la oposición social, sindical y vecinal establece un «sistema paternalista», más restrictivo incluso que la Ley franquista del año 1956 en lo que se refiere a la gestión por parte de los ayuntamientos y las juntas vecinales, que recorta toda competencia de los pueblos en los montes de su propiedad y que por lo tanto es «un robo al mundo rural y un asalto a los derechos de sus propietarios» Así se lo explicaron la portavoz socialista de Medio Ambiente en las Cortes de Castilla y León, Mónica Lafuente, y la responsable de juntas vecinales de la Ejecutiva del Partido Socialista de León, Josefa de Paz Tampesta, a los alcaldes y pedáneos convocados en la sede del PSOE para conocer los numerosos artículos que atentan contra sus derechos como propietarios de los montes y articular cuantas medidas sean necesarias para conseguir la única alternativa que contempla el PSOE: la retirada del borrador, retirada a la que ya se negó el PP.

Sin poder de decisión

Lafuente resumió que el proyecto de Ley de Montes que propone el PP quita el derecho a voto sobre sus propios terrenos a las 1.288 pedanías leonesas, dejando además a la Junta la potestad de aprobar sin escuchar a las juntas vecinales los planes de aprovechamientos para leña, setas, pastos y otros, y atentando a su propiedad de manera muy grave pretendiendo que la Junta pueda realizar o aprobar cuantas obras crea oportunas sin siquiera pedir licencia urbanística al ayuntamiento. «Pueden hacer lo que quieran, como sembrar de Navas del Marqués cualquier rincón» de la comunidad, en un artículo que «podría ser incluso inconstitucional».

El empleo

Lafuente censuró especialmente que esta Ley no se fije para nada en el potencial de los montes para la creación de empleo, rechazando el PP enmiendas socialistas que ponen como objetivo el empleo estable y de calidad o negando apoyo a las pequeñas industrias forestales, que «son las que fijan población».

De Paz valoró que la Ley que «vaciará de competencias a los pueblos sobre sus montes» es especialmente grave en una provincia, León, que tiene la mayor superficie forestal de la comunidad, medio millón de hectáreas. «El PSOE se opone con firmeza a esta usurpación, se oponen nuestros alcaldes y pedáneos y por eso en las Cortes estamos intentando ponerle freno».

Alegaciones sin fin

Lafuente, por último, aseguró que incluso el PP reconoce que es una mala Ley, que con más de 200 enmiendas (163 del PSOE y sorprendentemente 40 de los propios populares) es la norma más enmendada de la Junta. «Y quizá por eso, por primera vez, en la ponencia en la que se debaten no cumplen el criterio habitual de que los grupos tengan igual representación» y el PP ha impuesto más representantes.