Palacios del Sil - Leon

IMPUTAN EL ALCALDE DE SAN ANDRÉS, GOYO CHAMORRO, DEL PP, POR UN POSIBLE DELITO PENAL

El juzgado de instrucción número 5 de León ha citado a declarar en calidad de imputado tanto al alcalde de San Andrés del Rabanedo, Goyo Chamorro, así como a la concejala de Medio Ambiente, Noelia Álvarez Díez.

La decisión del juzgado se toma después de que la Audiencia admitiera el recurso presentado por Francisco Javier Gómez Vicente, concejal del PAL-UL, por la inadmisión de la demanda decretada en su día por parte del juzgado de instrucción número 5 de la capital.

El citado concejal denunció en su día presuntas irregularidades en la adjudicación de los servicios correspondientes a la XII Feria Multisectorial Camino de Santiago Francés. Irregularidades que afectarían, según la demanda, tanto al proceso de adjudicación como a los posteriores pagos a la adjudicataria.

Ahora el juzgado requiere al secretario del Ayuntamiento de San Andrés que aporte "debidamente foliados" los informes sobre la feria multisectorial y en especial "los expedientes administrativos de contratación".

Pagos y cheques

Además el juzgado solicita "los documentos de pago referidos a los expedientes" incluidos "los anticipos de caja, cheques entregados y las trasferencias a la cuenta".

El auto dictado por el juzgado de instrucción número 5 de la capital ordena recibir declaración "en calidad de imputados" tanto del alcalde como de su concejala, debiendo presentarse ambos el 12 de febrero en los juzgados.

En concreto Francisco Gómez denunció y ahora el juzgado investiga que San Andrés ordenó prestar "servicios de organización de la feria multisectorial antes de que la junta de gobierno local adjudicara el contrato".

Además y mediante decreto se ordenaba "su urgente pago" cuando "no hay contrato, ni expediente". Además el juzgado investiga la contratación de la feria a Ecoacisa como empresa "experta en organización de ferias multisectoriales" cuando "en realidad realidad es un taller mecánico".

"Ni un minuto más"

Por todo ello y de acuerdo "con el Congreso de Sevilla" el representante del PAL pide que el PP "abra un expediente disciplinario a Goyo Chamorro y se les aparte de la vida pública".

Francisco Gómez ha recordado además que en el "año 98 Chamorro fue condenado por la Audiencia Nacional y en la actualidad el Jugado número 2 tiene una denuncia por la adjudicación a una obra pública a su concuñado".

Por ello Gómez insta al PP a que "aplicando sus propios criterios" no mantenga "ni minuto más" a Goyo Chamorro al frente de la alcaldía de San Andrés.



Varapalo judicial a Raúl Valcarce por dilatar la ejecución de una sentencia

Jueves 05 de Diciembre de 2013 12:41
Samuel Martínez, secretario general del PSOE de Carracedelo, y el portavoz municipal Mario Arias / Foto BierzoDiario.comEl PSOE asegura que es "una práctica habitual" del alcalde que, en este caso, le costará al Ayuntamiento de Carracedelo en torno a 35.000 euros ► El juzgado de lo Contencioso incoa una pieza separada al regidor que podría derivar en una multa a pagar de su bolsillo
Un farragoso procedimiento judicial que el PSOE atribuye únicamente a la "obcecación" del alcalde ha terminado, de momento, con una condena que le costará al Ayuntamiento de Carracedelo en torno a 35.000 euros —prácticamente lo mismo que recibe en subvenciones para contratar personal de obras de interés general— y la apertura de una pieza separada para delimitar las responsabilidades de Raúl Valcarce, de las que en caso de probarse habría de responder con su patrimonio personal.
El proceso arranca en 2010, cuando la empresa que ejecutó las obras de remodelación de la Casa Consistorial solicitó la anulación de la cláusula segunda del contrato, que la obligaba a hacerse cargo de los costes de la dirección de obra. Después de que el equipo de gobierno hiciera caso omiso de la reclamación, la constructora acudió a los tribunales, que instaron al Ayuntamiento a suprimir esa exigencia. También el Consejo Consultivo, esgrimiendo abundante jurisprudencia al respecto, instó al consistorio de Carracedelo en el mismo sentido. Pero lo que los socialitas califican de "tomadura de pelo" continuó.
A través de maniobras que la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de León no duda en calificar de "dilatorias", el equipo de gobierno reabrió primero y volvió a cerrar después el expediente sobre este asunto y alega que "ya caducó" para eludir la resolución judicial. De todo ello concluye la sala que "el Ayuntamiento ha dejado caducar el procedimiento para incumplir la sentencia", actuando "con temeridad". El resultado es una condena que sumando el principal, los intereses y las costas le supondrá a las arcas municipales unos 35.000 euros y al alcalde la incoación de una pieza separada.
35.000 euros por una dirección de obra que costaba unos 15.000
El PSOE de Carracedelo, que este jueves dio cuenta de la sentencia en una rueda de prensa a la que asistieron su secretario general, Samuel Martínez, y el portavoz del grupo municipal, Mario Arias, sostiene que este es tan solo un caso más en un rosario de actuaciones del alcalde que, por falta de diálogo con vecinos o empresas, terminan en los tribunales convirtiéndose en una "carga económica indeseable" para las arcas del consistorio.
Mario Arias explicó que la estrategia que sigue Valcarce, que gobierna con mayoría absoluta, consiste en "dilatar los procedimientos de forma deliberada", creando "una maraña burocrática para buscar que se abandonen las causas", lo que generalmente consigue en el caso de particulares que no están dispuestos a mantener largos y costosos pleitos. Si es necesario, añade el portavoz, "hace caso omiso de las sentencias judiciales que no son favorables llegando a no ejecutarlas, como en el caso que nos ocupa".
Desde el PSOE reclaman al regidor "una actitud dialogante" y que intente alcanzar acuerdos para evitar gastos al Ayuntamiento. En este caso, el coste de la dirección de obra causante del litigio se estima en unos 15.000 euros, pero le terminará costando al Ayuntamiento al menos 35.000 tras su paso por los tribunales. Asimismo, exigen que cuando sea inevitable ir a juicio "se cumplan las sentencias, incluso las desfavorables, para no generar un mayor perjuicio económico, porque al final la factura la pagamos entre todos los vecinos".
https://ierzocomarca.eu/index.php/politica/27-politica-municipal/14773-varapalo-judicial-a-raul-valcarce-por-dilatar-la-ejecucion-de-una-sentencia

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La policía local de Cacabelos denuncia «un sin fin de abusos» del regidor

J. c. F. | Ponferrada 07/12/2013
La policía local de Cacabelos asegura que seguirá luchando «en defensa de sus derechos». l.D. m.
Los agentes de la policía local de Cacabelos, a través del representante sindical de los funcionarios, Antonio Santín, salieron ayer al paso del comunicado emitido por el consistorio de la villa del Cúa en el que anunciaba una sentencia contraria para los cuatro agentes de la policía local, acusándole de mentir e intentar poner el pueblo en su contra. En este sentido, los agentes de la policía local han denunciado «un sin fin de abusos por parte del alcalde Adolfo Canedo, parapetado tras el Real Decreto 20/2012, el cual aplica a su conveniencia», a la vez que anticipan que continuarán «defendiendo y luchando por sus derechos».
También han querido puntualizar las palabras del regidor en las que aseguraba que el fallo del Juzgado número 3 de León desestimaba la denuncia de los cuatro agentes, ya que «se sólo un agente fue el que presentó tal denuncia», a la vez que aseguran que su lucha no es por defender «el Estatus de privilegio, tal y como afirma el alcalde en los bandos, ni nos hemos negado a trabajar 37,5 horas, ni contar con sobresueldos. Simplemente, esta policía pretende que no se vulneren los derechos más básicos de cualquier trabajador», precisa el comunicado firmado por el representante sindical de los funcionarios de Cacabelos.
En el mismo también se responsabiliza a la actitud del alcalde «de las tres bajas por enfermedad que han sufrido los agentes de la policía local a lo largo de 2013, con el consiguiente deterioro del servicio a los ciudadanos».
Precisamente la escasez de efectivos con que cuenta la policía local de Cacabelos es uno de los argumentos que baraja el regidor para suprimir el cuerpo. «La ley establece que el cuerpo de policía local en un municipio de menos de 10.000 habitantes debe contar con siete agentes y un jefe, y Cacabelos cuenta con cuatro y dos están de baja desde el mes de febrero. No se cumple con la legalidad», precisó ayer el regidor Adolfo Canedo, quien ya anunció que se ha dirigido a la Dirección General de Seguridad para demandar su dictamen. «Y nos han contestado que es una irregularidad», apunta el alcalde de Cacabelos, quien condiciona la supresión del cuerpo al pronunciamiento de otros grupos políticos, ya que «nosotros no tenemos mayoría».

https://ww.diariodeleon.es/noticias/bierzo/policia-local-cacabelos-denuncia-un-fin-abusos-regidor_849890.html