Critican la inoperancia de los partidos ante el problema de los secretarios La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores denunció ayer que el planteamiento de los partidos políticos ante el Real Decreto 128/2018, por el que las juntas vecinales deben contar con un funcionario con habilitación nacional para desempeñar la labor de secretaría e intervención, es «absolutamente inoperativo», señaló el secretario general de la agrupación de pedanías, Carlos González-Antón.
Esta situación, unida a la falta de medidas que lleguen de las distintas administraciones para que las entidades locales de ámbito inferior al del municipio se adapten a la norma supone en la práctica «que la Administración rural en España esté colapsada allí donde existen juntas vecinales», tras la entrada en vigor del decreto, el 18 de marzo.
De hecho, la federación ya conoce el caso de una pedanía de la comarca de Babia que ha visto revocada la certificación de una obra por parte de la Diputación, al no haberla cumplimentado un secretario con habilitación nacional. Se da la circunstancia de que el ayuntamiento al que corresponde esta junta vecinal no tiene cubierta la plaza, complicándose el trámite.
Al Congreso La Federación Española de Entidades Locales Menores «negocia en la actualidad con los grupos parlamentarios una proposición no de ley para ver si el Congreso exige al Gobierno que modifique la disposición adicional» que suprime la figura del vecino-secretario, apuntó González-Antón.
Subrayó que las juntas vecinales no se oponen a cumplir con los requisitos legales, pero indicó que esta disposición adicional «es de imposible cumplimiento» en provincias como León, lo que llevó a la federación a pedir una moratoria en su aplicación, dado que «no existen habilitados nacionales suficientes para atender a todos los municipios». Apuntó que la salida a esta situación «no pasa por decir ‘que Montoro se apiade de nosotros’».
El secretario de la agrupación de concejos leoneses recordó que antes de la entrada en vigor del decreto se han dictado sentencias que anulan acuerdos de las juntas vecinales por no contar con un funcionario, mientras que otras resoluciones judiciales apuntan que el nombramiento del vecino-secretario es oficial y, por tanto, los acuerdos adoptados, legalmente válidos.
«No se dan pasos para afrontar la legalidad vigente», recordó. Además, advirtió que en octubre entrará en vigor definitivamente la normativa sobre Administración electrónica, que las juntas vecinales deben cumplir por su condición de entidades locales y, sin embargo, no se ha realizado planteamiento alguno para que las pedanías cumplan con lo establecido.
05/05/2018 - A. DOMINGO | LEÓN
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