Villargordo - Jaen

Condenado a 7 años de inhabilitación el alcalde de Puerto Serrano, de IU  Pedro Ruiz estaba acusado de conceder una licencia municipal para construir un edificio de viviendas pese a que el proyecto contaba con un informe negativo del Servicio de Asistencia a Municipios  El Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez ha condenado a siete años de inhabilitación al alcalde de Puerto Serrano, Pedro Ruiz Peralta, de IU, que fue acusado de conceder licencia municipal para construir un edificio de viviendas pese a que existía un informe negativo sobre ese proyecto emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios. Ruiz argumenta que únicamente le movió el interés público a la hora de autorizar la construcción del edificio, pero eso no le ha librado de una condena. La sentencia incluye una multa de un año con una cuota diaria de ocho euros.  La resolución no es firme. Cabe recurso contra ella ante la Audiencia Provincial de Cádiz y es previsible que Pedro Ruiz lo presente en cuanto le sea comunicada la sentencia.  El asunto penal que ha sido juzgado en Jerez se remonta a 2007, cuando la Fiscalía de Cádiz decidió presentar ante el Juzgado de Guardia de Arcos una denuncia contra el alcalde de Puerto Serrano porque consideraba que existían indicios de que había cometido un delito de prevaricación urbanística al autorizar la construcción en esa localidad de un edificio de 33 viviendas.  El entonces fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, explicaba en el escrito de denuncia que en julio de 2005, Ruiz Peralta había concedido licencia para levantar el inmueble en contra de lo indicado por un informe del Servicio de Asistencia a Municipios y también pese a que el secretario accidental del Ayuntamiento le había advertido de esa circunstancia.  Los hechos que relataba el fiscal en su escrito al Juzgado se remontaban a septiembre de 2004, cuando la promotora Solabama solicitó al Ayuntamiento de Puerto Serrano una licencia para demoler las construcciones existentes en una parcela ubicada en la avenida de Cádiz y en la plaza Diamantino de esa localidad y para construir allí un edificio plurifamiliar entre medianeras para 33 viviendas.  El 14 de septiembre de ese mismo año, explicaba la Fiscalía, el Ayuntamiento de Puerto Serrano remitió al Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación un ejemplar del proyecto básico que le habían presentado. Lo hizo para que el SAM emitiese el preceptivo informe técnico para el expediente de licencia de obras.  Sin esperar esos informes, relataba el fiscal, el 23 de noviembre, el alcalde de Puerto Serrano dictó una resolución que concedía una autorización provisional a Solabama para iniciar las obras "hasta la emisión de los preceptivos informes" del SAM. Pero el 13 de diciembre de 2004, el SAM emitió un informe negativo a la concesión de licencia: el proyecto, argumentaba, infringía el planeamiento vigente en varios aspectos.  El SAM emitió un nuevo informe negativo el 8 de julio de 2005, detallaba el fiscal. Pese a ello, indicaba, el 15 de julio de 2005, el alcalde de Puerto Serrano concedió licencia de obra mayor a Gesconsa. El secretario accidental del Ayuntamiento hizo constar entonces que existía un informe negativo del SAM y que, por tanto, no procedía conceder la autorización solicitada.Ir a la conversacion

https://ww.diariodecadiz.es/article/provincia/1316906/condenado/anos/inhabilitacion/alcalde/puerto/serrano/iu.html

NUEVA ACUSACIONPues eso, como sigamos así nos vamos a quedar sin candidatos de IU a la alcaldía, os dejo la noticia:

https://ww.lavozdigital.es/cadiz/v/20131222/cadiz/anticorrupcion-pide-inhabilitar-alcalde-20131222.html

ÁDIZ
Anticorrupción pide inhabilitar al alcalde de Puerto Serrano por prevaricar
La acusación del fiscal se dirige también contra su antecesor, Pedro Ruiz, condenado en otra causa, por contratar a familiares de la Corporación a cargo del Consistorio
22.12.13 - 00:53 -
CÁDIZ.

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Anticorrupción pide inhabilitar al alcalde de Puerto Serrano por prevaricar

Puerto Serrano es uno de los fortines inexpugnables para IU en la provincia de Cádiz. Más de dos décadas lleva la izquierda gobernando en este pequeño municipio de poco más de 7.000 habitantes de la Sierra de Cádiz. Frontera con la provincia de Sevilla, la estabilidad política comenzó a tambalearse en las últimas elecciones municipales cuando el PSOE logró sumar el mismo número de concejales, aunque con menor número de votos. Pero están siendo los problemas judiciales los que van cercando poco a poco al Gobierno local. La última noticia viene de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, que solicita la inhabilitación del alcalde Francisco Gómez durante nueve años como cooperador necesario en un delito de prevaricación. El fiscal le acusa de haber participado en la contratación irregular de familiares de la Corporación local a cargo de las cuentas del Consistorio y de haber hecho la vista gorda a los sucesivos decretos firmados por su compañero de partido y antecesor en el cargo, Pedro Ruiz, para emplear a dedo a más de una treintena de vecinos. En algún caso, el beneficiado completaba así el periodo de cotización necesario para cobrar la prestación por desempleo.

La figura central en este asunto, que ya ha concluido su fase de instrucción en un juzgado de Arcos, es el exalcalde Pedro Ruiz, para quien el Ministerio Público solicita doce años de inhabilitación. Ruiz, que ha ostentado el bastón de mando durante 22 años, ya está condenado por otra causa relacionada con la concesión de una licencia urbanística que le apartó de la Alcaldía el año pasado.

Desoír las advertencias

En su día, el exregidor polichero se escudó en el interés social para justificar haber autorizado la edificación de un inmueble con 33 viviendas desoyendo los informes negativos del Servicio de Asistencia de Municipios de la Diputación y del propio secretario del Consistorio que le advertían que estaba violando la normativa urbanística vigente.

Esa misma tozudez para no atender los avisos aparece también en este asunto. Así lo refleja el fiscal anticorrupción en el escrito de acusación al que ha tenido acceso este medio. En él destaca que hasta cinco interventores municipales distintos elaboraron informes de reparo alertando de irregularidades en la política de contratación que estaba ejecutando el Ayuntamiento.

El fiscal pone ejemplos concretos y señala cómo el Consistorio ha venido pagando durante los últimos años un sueldo como monitoras de escuelas deportivas o talleres a la esposa del concejal de Seguridad Ciudadana, a la mujer de un técnico municipal que también está acusado en este procedimiento, y a la hermana de una funcionaria del Consistorio. Pese a liberar los pagos, «no existe relación funcionarial o contractual», no se convocó ningún concurso al que pudieran concurrir otras personas en igual de condiciones, infringiendo la normativa que rige la selección de personal en las administraciones públicas.

Dos de esas mujeres, según el relato que hace el Ministerio Fiscal, llegaron a compaginar dos trabajos distintos pagados con dinero público. La esposa del edil estuvo durante marzo de 2011 como monitora de aeróbic y peón de albañil a tiempo completo. Una dedicación plena que desde Anticorrupción se cuestiona.

El técnico municipal de Deportes, también acusado como presunto cooperador necesario en la prevaricación y que se enfrenta a nueve años de inhabilitación para ocupar un empleo en la administración pública, habría acabado engrosando la plantilla municipal a través de un proceso irregular. Accedió al puesto mediante una subvención del Instituto de Deporte de la Diputación; «si bien la contratación se debería haber ajustado a la normativa laboral, no constando que se haya realizado». En 2001, un decreto del exalcalde lo convertía en indefinido y años después sería él quien enchufaría a su mujer. , VALIENTE PERSONAJE.