La Carolina - Jaen

Reitera que Griñán, como consejero de Economía,no adoptó las «medidas necesarias» para evitar las «irregularidades»


La Intervención General del Estado ha emitido una ampliación de su informe sobre los ERE fraudulentos en el que afirma que los pagos se hicieron de manera indebida, con unos fondos que «nunca debieron destinarse a subvenciones sociolaborales» y sobre los que el Interventor de la Junta debió alertar.
En dicho informe, al que ha tenido acceso Efe, la Intervención General del Estado amplía su peritaje entregado en diciembre pasado a la juez instructora, Mercedes Alaya, en el que afirmó que los consejeros andaluces de Economía entre 2000 y 2009, entre los que se encuentra el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, no adoptaron las «medidas necesarias» para evitar las «irregularidades».
Ahora, dicho organismo estatal reitera que el Interventor General de la Junta -Manuel Gómez, ya imputado por la juez Alaya- tenía «obligatoriedad legal de emitir un informe de actuación» tras haber detectado «graves irregularidades en el proceso de concesión de subvenciones por parte de la Consejería de Empleo».
Entre dichas irregularidades, recoge el informe, se encontraba «el hecho de haberse prescindido absolutamente del procedimiento legal establecido para la concesión de ayudas sociolaborales».
Esta ampliación del informe fue solicitado por la juez Alaya, quien había pedido que se analizasen las funciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía en relación con las ayudas sociolaborales concedidas dentro de la partida 31L, conocida como «fondo de reptiles».
Los auditores del Estado reiteran sus discrepancias de criterio con la letrada jefa de la Cámara de Cuentas andaluza, en particular en cuanto a la falta de competencia del director general de Trabajo andaluz para conceder subvenciones y el hecho de que la Memoria y el Informe Económico que se adjuntan al proyecto de Presupuestos remitido al Parlamento «no forman parte de la Ley de Presupuestos».
Por ello, el Parlamento andaluz «fue plenamente consecuente con la legislación que, sobre esta materia, había aprobado en reiteradas ocasiones durante 16 años», añaden los cuatro auditores.
Entienden además que las llamadas transferencias de financiación -usadas para pagar las ayudas investigadas- «tienen como única finalidad la cobertura de pérdidas de las entidades públicas empresariales» y «en ningún caso debieron destinarse a la concesión de subvenciones sociolaborales».
Si el Ejecutivo andaluz tenía la intención de destinar esos fondos a ayudas sociolaborales, «pudo llevar a cabo las modificaciones presupuestarias precisas», lo que le hubiera permitido «cumplir todas las leyes que regulan la concesión de subvenciones y su fiscalización».
La Junta «tuvo dicha posibilidad, que no ejerció» e incluso en los años 2000 y 2001, cuando la Consejería de Empleo tenía las partidas adecuadas para otorgar dichas subvenciones, «realizó diversas modificaciones presupuestarias al objeto de crear esa partida no apta para conceder subvenciones», añade la Intervención del Estado.
En consecuencia, las modificaciones realizadas para aumentar el «inadecuado concepto de transferencias de financiación» a la agencia IDEA, con las que «indebidamente» se otorgaron 22 ayudas a empresas en crisis, «no cumplieron uno de los principales requisitos legalmente establecidos, como es que la aplicación presupuestaria de destino sea la adecuada».