La Carolina - Jaen

El retraso en la construcción de nuevas infraestructuras pasa factura a la Consejería de Justicia, que debe afrontar el pago de arrendamientos
La Junta gasta más de 15 millones al año en el alquiler de sedes judiciales

Desde la llegada de la crisis, todas las administraciones públicas han implementado políticas de ahorro para reducir su gasto corriente. La Junta de Andalucía no es una excepción, aunque el Gobierno andaluz ha optado en sus recortes más por la reducción drástica de la inversión real, con 2.000 millones menos en los presupuestos de este año respecto a 2009, que por meter la tijera en el gasto corriente.

En esta estrategia, la Consejería de Justicia e Interior no ha sido una excepción y prueba de ello es el presupuesto de gasto corriente destinado al alquiler de sedes judiciales, que ascendió a 15 millones de euros el pasado año. Paralelamente, el departamento que preside Emilio Llera mantiene congeladas las inversiones en las denominadas Ciudades de la Justicia. Sólo Málaga y Almería han inaugurado nuevas sedes judiciales y han visto cumplida la promesa electoral del PSOE que se remonta a los años noventa del siglo pasado y que hoy, parafraseando al propio consejero, cuando le preguntaron por la de Sevilla, suena a ciencia ficción.

En total, la Junta gastó el pasado año en alquiler de sedes judiciales 15.227.365 euros, según reconoce el consejero de Justicia en una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por el parlamentario del PP Juan Ramón Ferreira.

Por provincias, fue Sevilla donde la Consejería realizó un mayor gasto en alquiler de sedes judiciales, con 3.714.962 euros, a lo que hay que sumar más de dos millones correspondientes al alquiler de oficinas de los servicios centrales de este departamento. Tras ella, se sitúan en volumen de gasto Cádiz, con 2,7 millones de euros; Granada y Málaga, con 1,5 cada una; y Jaén, con 1,2 millones. En el otro extremo estarían Córdoba, con 955.288 euros al año, y la de Huelva, con 293.674 euros. Con todo, el gasto en arrendamientos de sedes judiciales ha descendido un 25% en cuatro años, esto es, ha pasado 20,2 millones empleados en 2010 a los 15,2 millones de 2013, lo que se traduce en cinco millones de euros menos.