La Carolina - Jaen

Presentó una enmienda para quitar 5,4 millones a la Consejería de Empleo y gestionarlos desde el IFA, la agencia que pagaba las ayudas

El grupo socialista en el Parlamento andaluz presentó una enmienda al presupuesto de 2002 para retirar 5,4 millones de euros de la partida 31L, el famoso «fondo de reptiles» con la que la Consejería de Empleo financiaba los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), para consignarlos al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) con esa misma función. Con esta enmienda se «inauguraban» las irregularidades en la gestión de millones de euros durante una década que hoy se investigan en un juzgado sevillano.

Concretamente, la enmienda número 1.419 modificó la sección 13.00 del programa 31L, consignando 5.409.109 euros al IFA para «atención y coste de los acuerdos sociales generados como consecuencia de adaptación de plantillas a las necesidades de personal, generados por los planes de viabilidad y reestructuración de empresas en crisis».

¿Por qué el grupo socialista modificó sus propios presupuestos para quitar una importante cantidad a la Consejería de Empleo en una materia tan sensible como las ayudas sociolaborales y consignarla al IFA para que hiciera exactamente la misma función? Según viene sosteniendo la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE fraudulentos, porque en este organismo la gestión de ese dinero no estaba sometida a la fiscalización del interventor general ni de los distintos mecanismos de control administrativos dispuestos en la Junta de Andalucía.


Este fue el primer presupuesto en el que la Junta utilizó la transferencia de financiación para desviar fondos de la Consejería de Empleo al IFA (posteriormente IDEA), una práctica que la magistrada considera ilegal al contravenir la Ley General de Hacienda Pública y la Ley General de Subvenciones. La primera enmienda demostraría que esta operación no sólo tuvo un origen político, sino que además se ejecutó a través del propio grupo parlamentario socialista.

La juez Alaya cuestionó a la exsecretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina, en su declaración como imputada de este pasado miércoles, sobre este aspecto, insistiendo en preguntarle «qué grupo parlamentario» presentó una enmienda en el Parlamento en 2002 para aumentar la cuantía de los fondos investigados. La exalto cargo de la Junta, sin embargo, dijo no recordar qué partido político había promovido la enmienda.