La Carolina - Jaen

La CE investiga el proyecto de un curso de portugués organizado por el sindicato que financió con 375.000 euros de fondos europeos Feder
La Junta no corta el grifo a UGT pese al veto de Bruselas

La Junta de Andalucía mantiene abierto el grifo de la financiación pública del sindicato tras el veto de la Comisión Europea (CE). El comisario europeo de Política Regional, Johannes Hahn, anunció ayer una investigación para determinar si hubo una utilización fraudulenta de una subvención concedida a UGT-Andalucía para impartir un curso de portugués de nivel medio recogido en el programa de «Cooperación Intersindical Andalucía-Algarve 2008-2010». Entre tanto, ha suspendido los pagos de la referida ayuda al sindicato. La CE opta por una vía más drástica y menos favorable para el UGT-A que la empleada por el Gobierno andaluz, que dirige Susana Díaz, ante el supuesto desvío de fondos públicos.

El coste global del proyecto que investiga la CE, dotado con financiación autonómica, ascendía a 500.000 euros, de los cuales 375.000 salieron del Fondo Europeo de Desarrollo Regionar (Feder). UGT-A recibió 75.000 euros de las arcas europeas. Cantidades idénticas se destinaron a la Junta, CC.OO. en Andalucía y las centrales sindicales mayoritarias en el país luso.

Mientras Bruselas ha frenado en seco los pagos hasta que concluya su investigación, el sindicato hermano del PSOE sigue nutriéndose de las subvenciones que le inyecta la Administración regional pese a las pruebas concluyentes —algunas han acabado incluso en solicitudes de reintegro— de que desvió fondos por un montante de 1,8 millones de euros. El pasado lunes la Junta inició el trámite para exigirle la devolución de dos ayudas por esta suma: una de 1,1 millones de euros concedida en 2009 para impulsar la «acción sindical» y otra de 700.000 euros para «negociación colectiva» correspondiente al año 2010.

La Junta ha rehusado utilizar la potestad que le otorga la Ley General de Subvenciones para excluir al sindicato de nuevas ayudas cuando los fondos no se aplican para «los fines para los que la subvención fue concedida», una infracción calificada como «muy grave» por la norma.

Con 17 expedientes de ayudas concedidas a UGT-A por importe de 7,5 millones de euros bajo sospecha, sometidas a una revisión de oficio por parte de la Junta, el Ejecutivo del PSOE e IU mantiene abierto el grifo de financiación pública del sindicato. El pasado 27 de diciembre el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba una resolución de la Dirección del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la que concedía 29.411,74 euros a la Federación de Servicios Públicos de UGT-A para «la realización de actividades formativas dirigidas al personal sanitario». Ese mismo mes, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta asignaba otros 3,6 millones de euros a la central «ugetista» para asesorar a desempleados.