La Carolina - Jaen

El PP -vía enmienda legislativa- quiere obligar a las organizaciones de consumidores que quieran publicar análisis comparativos de alimentos a informar previamente a los fabricantes, y abre la puerta a que se eternice el trámite hasta dejarlos obsoletos. Ha propuesto una norma que las organizaciones de consumidores consideran una "auténtica ley mordaza".

En España nos hemos enterado de que se ha vendido carne de ternera con trazas de carne de caballo por un análisis de muestras de distintas tiendas realizado por la OCU. Antes, con otro análisis, esta misma organización había advertido de que el aceite de oliva etiquetado como virgen extra no siempre es tal. Pero es posible que ésos vayan a ser sus últimos análisis alimentarios, porque se tramita una ley que puede restarles buena parte de su utilidad.

Una enmienda del PP al proyecto de ley de mejora de la cadena alimentaria plantea que antes de publicar análisis comparativos de alimentos haya que comunicar el resultado de la prueba al fabricante o la tienda en que se vende el producto. Éstos podrán promover contraanálisis, y si hay disparidad, solicitar un tercer análisis.

En la práctica, para José María Múgica, director general de OCU, "equivale a la desaparición de cualquier análisis comparativo, porque los plazos se hacen prácticamente eternos". Los fabricantes que salgan mal parados en un análisis -dice- sólo tendrían que ir poniendo trabas para obligar a posponer la publicación de los resultados hasta que consideren que ya resulta irrelevante su contenido.

El grupo parlamentario popular justifica la enmienda "por la defensa de los principios de veracidad, rigor técnico y derecho a la contradicción en defensa de los derechos del consumidor". Pero la OCU sostiene que durante décadas ha publicado estudios de este tipo sin haber recibido ninguna sentencia judicial que haya cuestionado su rigor y veracidad. En su opinión se quiere regular para evitar un problema que nunca se ha planteado.

"Ley mordaza"

Para Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, lo que se promueve es una auténtica ley mordaza. "No tienen bastante con ocultarnos qué productos alimentarios están en redes de alerta, por fraudes o riesgo para la salud, y ahora quieren que las organizaciones de usuarios no podamos contar dónde hemos detectado irregularidades".

Sostiene que la norma es inconstitucional, por vulnerar el derecho a la salud, la obligación de las administraciones de proteger a los consumidores y el derecho a la información.

El consejo de consumidores y usuarios -máximo órgano de representación institucional de los consumidores y usuarios- se ha dirigido a los grupos parlamentarios para alertarles sobre las consecuencias de esta norma, que ha sido ya aprobada en el Congreso y sigue ahora su trámite en el Senado. El CCU argumenta que al haberse planteado la norma como enmienda a una ley ya en tramitación no ha podido pronunciarse antes, durante el trámite de audiencia.

https://ww.cadenaser.com/economia/articulo/pp-pone-trabas-analisis-consumo-destapo-carne-caballo/csrcsrpor/20130605csrcsreco_1/Tes

Madrid, 5 de junio de 2013. OCU denuncia que el Gobierno quiere privar a los consumidores del acceso a información veraz sobre las diferentes opciones que tienen en el mercado. El Ejecutivo ha introducido una disposición adicional en la Ley de Cadena Alimentaria que va a hacer prácticamente imposible que se realicen análisis comparativos de alimentos en España.

Con la excusa de que la imagen de la industria alimentaria sale perjudicada con la publicación de análisis comparativos, el Gobierno se pliega a sus intereses proponiendo una legislación que OCU considera un ataque frontal al derecho fundamental a la libertad de expresión y al derecho del consumidor a estar bien informado.

Los últimos escándalos en materia de alimentación destapados por OCU en España no han gustado nada a Agricultura y esta disposición es la respuesta. La calidad de la leche, el fraude del aceite de oliva virgen extra o las hamburguesas con carne de caballo no han concluido en expedientes sancionadores sino todo lo contrario. El Gobierno pretende que este tipo de análisis no se vuelva a realizar y los consumidores adquieran los productos con la información, interesada que les da la propia industria.

OCU añade que no existe ninguna disposición similar en Europa. Los consumidores europeos reciben y valoran este tipo de información y realizan sus compras en base a las calificaciones obtenidas por las diferentes marcas. Para finalizar, OCU recuerda que durante décadas las organizaciones de consumidores han demostrado el respeto a los principios de transparencia, contradicción y veracidad de la información que han publicado a través de sus canales de información. La industria alimentaria tiene ocasión de pronunciarse antes de la publicación de los resultados de un estudio y, en cualquier caso, cuenta con los tribunales de justicia para hacer valer sus derechos.

En este sentido, desde que en 1980 OCU comenzara a realizar análisis comparativos, nunca ha sido condenada en un procedimiento judicial por publicar información no veraz.

https://ww.ocu.org/nt/nc/nota-prensa/denuncia-ocu-disposicion