Escacena del Campo - Huelva

Madrid. La Sala Penal del Tribunal Supremo admitirá a trámite la querella que el PP presentó contra el vicepresidente tercero del Gobierno, ministro de Política Territorial y ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, según han informado a LA GACETA fuentes jurídicas solventes.

Según se desprende de la querella, que el PP presentó durante el verano pasado, a Chaves se le imputan presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El motivo no es otro que la concesión, cuando gobernaba en Andalucía, de una subvención de 10.093.472,70 euros a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) en la que su hija Paula trabajaba como abogada.

La Sala Penal compuesta por los magistrados Juan Saavedra (presidente), Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar, se inclina por aceptar a trámite la querella. Y es que, según fuentes jurídicas, “existen indicios de que el ex presidente de la Junta de Andalucía pueda haber cometido dichas irregularidades penales”.

Esto supondrá que en las próximas semanas el Tribunal Supremo llamará a declarar al vicepresidente tercero del Gobierno. Lo que significa poner en tela de juicio su gestión política al frente de la comunidad andaluza. Sin duda alguna, supone un duro varapalo para su imagen como gestor coordinador de las administraciones públicas.

Los populares siempre han defendido que Manuel Chaves debió abstenerse cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la subvención a la empresa de su hija. A su juicio, Chaves pudo haber incumplido la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de Andalucía.

Por su parte, El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, aseguró ayer que espera la decisión del Tribunal Supremo “tranquilo” y convencido de que su actuación y la de la Junta de Andalucía fue “ética y legalmente correcta”. En rueda de prensa, Chaves insistió en que está “absolutamente tranquilo” de la legalidad de sus actuaciones mientras era presidente de Andalucía y emplazó a esperar a la decisión del Tribunal Supremo. “Lo más que puedo decir es que esperaré a que el Tribunal Supremo se pronuncie”, reiteró. Durante toda la tramitación de la querella Chaves negó siempre haber participado en la adjudicación y defendió que la empresa cumplió con todos los trámites reglamentarios.

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, manifestó que la posible admisión a trámite sólo significaría que se “va a investigar” y, en modo alguno, supone “condenar”. En una línea similar se pronunció el pasado viernes al término del Consejo de Ministros la vicepresidenta primera del Gobierno, al asegurar que el Ejecutivo no tiene “ninguna preocupación” sobre la posibilidad de que el Tribunal Supremo admita a trámite la querella.

En consecuencia, si se cumplen las previsiones, en breve plazo, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo lo citarán como imputado. Es muy probable que los magistrados soliciten más pruebas para cerrar la instrucción. A continuación, el magistrado designado ponente decidirá si propone a la Sala la apertura de juicio oral y consiguiente pena de banquillo.