Bollullos Par del Condado - Huelva

La Marea

PP y PSOE acaban de pactar la renovación y nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de la judicatura. Según la legislación vigente, el CGPJ se compone de veinte vocales, elegidos todos ellos por el parlamento por mayoría de tres quintos, diez por cada cámara, de entre los cuales doce han de provenir de la carrera judicial y ocho ser juristas de reconocido prestigio.

En principio, este hecho no resulta sorprendente y, por tanto, no sería reseñable ni tan siquiera como noticia. Se trata del enésimo pacto que suscriben estas dos fuerzas políticas, garantes del llamado espíritu de la Transición. La Constitución de 1978 estableció una limitada democracia representativa de tenor mayoritario, que permite a los dos grandes partidos -PSOE y PP, antes UCD- repartirse los cargos (y sus correspondientes prebendas) en instituciones como Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, y así hasta un largo etcétera.

Tampoco sorprende que en este caso concreto el PSOE haya entrado en el pacto y reparto de vocales, aun cuando tiene recurridos ante el Tribunal Constitucional varios aspectos de la reforma del CGPJ aprobada este mismo año bajo el dictado del ministro Ruiz Gallardón. Quizá pudiera parecer un tanto incoherente. Pero no. El PSOE es un partido de Estado que sabe que el mantenimiento del régimen nacido de la Transición necesita de su participación activa en los consensos con el PP. Aunque en ocasiones discrepen sobre algunos asuntos, cuando se trata de cosas serias -léase la reforma del art. 135 de la Constitución- poco les cuesta ponerse de acuerdo.

Asimismo, no es extraño que hayan entrado en el pacto partidos como CiU y PNV, dado que estos se presentan como fuerzas de Estado y de consenso siempre que les conviene a sus intereses. Desde 1978 han sido varias las ocasiones en que tanto unos como otros se han ofrecido a garantizar la gobernabilidad de las instituciones estatales. A cambio, claro está, de notables beneficios en sus particulares y partidistas negociaciones con el Estado.

Lo soprendente es que en este caso concreto sea Izquierda Unida quien haya entrado en el pacto, obteniendo así un puesto en el reparto de vocales del CGPJ. Resulta difícil entender cuáles son las razones que llevan a esta fuerza política a participar en un juego que normalmente -y con buenas razones- suele criticar. La explicación dada por sus dirigentes insiste en que su presencia en el pacto, por un lado, implica el avance del pluralismo parlamentario frente al bipartidismo y, por otro, servirá para un mejor funcionamiento del Consejo.

El escaso peso que tendrá IU en el nuevo CGPJ (un vocal de veinte, recuérdese) genera serias dudas sobre la posibilidad real de mejorar el funcionamiento de un órgano que históricamente se ha dedicado a servir de altavoz y correa de transmisión de los intereses del PP. Seguirá siendo así sin duda alguna. De asegurarlo se ha encargado la última reforma legal dirigida por Ruiz Gallardón, según la cual tan solo seis de los vocales del CGPJ ejercerán el cargo con dedicación exclusiva. Estos seis son los vocales que compondrán la comisión permanente del Consejo, que dirigirá la institución y donde es más que previsible que el PP imponga su mayoría absoluta. Por eso IU se opuso, con buen criterio, no solo a esta reforma, sino en general a que los partidos mayoritarios se repartan instituciones como el CGPJ. Y por eso sorprende, aun más si cabe, su decisión de entrar en el reparto.

Es irreal pensar que en este marco la vocal propuesta por IU pueda variar un ápice el funcionamiento del Consejo. Aunque sea una voz crítica, tan solo servirá para legitimar las decisiones alcanzadas por este órgano y, sobre todo, el sistema de elección de sus vocales en el que IU gustosamente ha participado. Una cosa es la presencia crítica en las instituciones -incluso entrar en ellas para derribarlas desde dentro- y otra bien distinta contribuir a su consolidación, que es lo que hace IU al aceptar su presencia en el CGPJ gracias a un sistema de reparto de cargos propio de la cultura de la Transición.

La decisión de IU le aleja de la (buena) estrategia política de confrontación radical con el régimen que parecía haberse asumido por sus militantes y dirigentes. Una estrategia que, en los últimos tiempos, le ha llevado a conectar con los movimientos sociales y ciudadanos que demandan la apertura de un proceso constituyente como única vía de salida a la crisis de sistema en que vivimos, y que ven razonablemente a esta fuerza política como un aliado imprescindible en su camino. Sin embargo, esta decisión le resta credibilidad en la calle y da aire al bipartidismo, a los pactos de Estado, a los consensos y a los guardianes del marco constitucional diseñado en 1978. Convendría que IU rectificase y retomase el rumbo lo antes posible.

Notal final dedicada al movimiento memorialista

Entre los futuros vocales del CGPJ se encuentra Clara Martínez de Careaga, de la órbita del PSOE y de Jueces para la Democracia. Esta magistrada fue la ponente y autora del auto de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo por el que se rechazó el recurso presentado por la familia de Miguel Hernández para lograr la revisión de la sentencia del infame consejo de guerra que condenó a muerte al poeta comunista. ¡Qué pena que IU vote a favor de la promoción de esta magistrada!

Rafael Escudero es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Autor del libro Modelos de democracia en España 1931 y 1978 (Ed. Península, 2013)

A ver, Se sabe de sobras que esos tíos no van a solucionar nada, por lo tanto a mi solo me interesa saber cuanto nos va a costar a los andaluces esa escalada al CGPJ (a quien quieren engañar con esas siglas)

impunidad del PP
Jueves 28 de noviembre de 2013, por Mar


Raúl Camargo | Viento Sur

El reciente pacto a “cinco bandas” entre el PP, el PSOE, Izquierda Plural (IU+ICV+CHA), CiU y PNV para renovar el máximo órgano de los jueces constituye un acontecimiento de la máxima trascendencia política, que va a tener implicaciones jurídico-políticas inmediatas. Intentar desentrañar los objetivos perseguidos por el PP con este acuerdo, así como las motivaciones para firmarlo del PSOE e IU, es el objetivo de este sucinto artículo.

Para entender mejor el desenlace de este asunto hay que remontarse a la reciente reforma, de este mismo mes de junio, de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El PP modificó esta ley introduciendo medidas claramente regresivas en cuanto a la ya de por sí mermada independencia del poder judicial se refiere:

1. Permite renovar a los miembros elegidos por una de las cámaras (Congreso y Senado) con independencia de lo que pase en la otra. Antes tenían que renovarse los veinte miembros del CGPJ a la vez, diez por el Congreso y diez por el Senado, por mayoría de 3/5 en cada cámara. Si no había acuerdo en una de ellas, no se renovaba ninguno. Con la nueva Ley, el PP, que tiene mayoría de 3/5 en el Senado, podría haber renovado a los diez de esta Cámara sin pacto alguno. Sin duda, este ha sido un factor de presión extra para someter al PSOE y al resto, bajo amenaza de nombrar a los diez del Senado sin acuerdo y tener mayoría aplastante en el Consejo.

2. Pero también han cambiado las mayorías internas para elegir a los presidentes de Sala de todos los Tribunales y Audiencias: antes eran necesarios 3/5 y ahora basta con mayoría simple, que el PP se reserva, como es obvio, con el voto de calidad del presidente. Solo mantienen los 3/5 para los dos magistrados del Tribunal Constitucional que elige el CGPJ. Con esta modificación, el PP va a ir poniendo al frente de todas las altas magistraturas judiciales a hombres y mujeres de su cuerda, justo en el momento donde tienen frentes importantísimos abiertos (privatización de la sanidad madrileña, Gurtel, Bárcenas,…). Conociendo esta rebaja de las mayorías, no parece muy inteligente que el PSOE haya aceptado el acuerdo, porque para los temas importantes ya era lo mismo que el PP tuviera mayoría por un voto o por quince. Pero como el PSOE tiene también problemas judiciales en curso, algunos tan relevantes como el caso de los ERE en Andalucía, la sospecha de que el enjuague de unos casos por otros pueda estar detrás de este pacto, no parece una hipótesis descabellada. Al fin y al cabo, son los dos pilares, junto con la Monarquía, sobre los que se sustenta el régimen del 78.

3. El PSOE estaba muy interesado en meter a IU en el pacto, para no quedarse solo con el PP en este negocio y acentuar así su desgaste, y le ofreció uno de los que le tocaba por la parte de los ocho miembros elegidos que no deben ser jueces. IU no aceptó al principio, pero una llamada de Gallardón a Lara, desbloqueó la situación e IU firmó el pacto de renovación, incorporando a una secretaria judicial, Concepción Sáez Rodríguez, de la plataforma "Otro derecho penal es posible”. CiU y PNV también entraron, con puestos cedidos por el PP.

3. Los ocho " no jueces" se eligieron la semana del 18 de noviembre. En la que comenzó el día 24, se hicieron públicos los doce nombres de jueces pactados ya solo por PP y PSOE. Entre ellos, se encuentra Francisco Martínez Tristán, presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), marido de una consejera de la Junta de Castilla la Mancha de Cospedal y asiduo visitante de la sede de Génova. Este juez es el responsable de haber agrupado todos los recursos contra la privatización de la sanidad en Madrid para que sea el pleno de esta sala la que decida, donde él cree que puede tener mayoría. Esta maniobra jurídica fue una treta, porque sin ella, los recursos se habrían alargado más de un año y hubieran hecho imposible la entrada en vigor de la privatización durante esta legislatura. El Partido Socialista de Madrid recusó a este juez y su inclusión entre los doce pactados por los dos partidos ha provocado ya la dimisión como senador de Tomás Gómez, en un gesto destinado a presentarse como defensor de la sanidad pública, incluso por encima de los intereses de aparato de Ferraz.

4. Otro de los cambios introducidos con la nueva ley del CGPJ consiste en que solo tendrán dedicación exclusiva los seis magistrados que estén en la Comisión Permanente. Parece que Martínez Tristán no estará en ella, así que va a seguir siendo presidente de lo Contencioso del TSJM aunque esté en el CGPJ, lo que es sin duda un premio a los servicios prestados.

Esta cadena de favores y pactos inconfesables solo tiene un claro ganador: el PP, que controla férreamente el poder judicial, y tiene ya todas las herramientas a su disposición para dejar en agua de borrajas los procesos que le acechan. Avalar este cambio de cartas marcadas no tiene nada que ver con luchar contra el régimen bipartidista, sino todo lo contrario, lo refuerza. PP y PSOE llevan haciendo esto décadas, pero la reforma de junio es un agravante que por sí solo justificaría denunciar todo este proceso, organizar una movilización social en su contra y tratar de llevarlo al Tribunal Constitucional.

Con los frentes judiciales que tiene abiertos el PP, este acuerdo es un balón de oxígeno para garantizarles impunidad. Lo más triste de este episodio es la posición de IU. Tener a una persona en este Consejo trucado es una migaja que palidece al lado de las tropelías realizadas por el PP. La lucha contra el bipartidismo se resiente con este tipo de “real politik”, que tanto rechazo social crea /1.

La justicia está controlada por el PP, que tiene ya de por sí muchos jueces afines desde siempre, pues este poder no se depuró ni lo más mínimo tras el final del franquismo. Un proyecto político de ruptura debería denunciar esta gran estafa e, incluso, convocar a la ciudadanía para que proteste contra él.

El PP está comprando su impunidad. Con este aval a la “reforma” de Gallardón, la izquierda parlamentaria se la está vendiendo barata.

El PP según tú, estará comprando su impunidad, lo cual es lo mismo que hacen todos los chorizos cuando son pillados, eso lo sabes tú muy bien.