Poligono Industrial de Beotibar - Guipuzcoa

MARÍA Antonia Trujillo, ex ministra socialista de Vivienda con Zapatero, ha declarado en la Cope que "en el año 1993 había el doble de desahucios de los que hay ahora". Procediendo de experta y siendo su afirmación radicalmente opuesta a lo que nos dicen, la pregunta, dadas las protestas y la alarma social a la que estamos asistiendo, cae por su peso: ¿cuántos desahucios de primera vivienda se han dictado desde el inicio de la crisis? Pues miren, eso parece no saberlo nadie. Y la cuestión no es baladí porque no es lo mismo intentar resolver un problema desde la pasión y la demagogia que hacerlo a la vista de su dimensión real y contrastada. El dígito que triunfa en las rotativas procede de las estadísticas que publica el CGPJ: según sus cuentas, entre 2008 y 2011, se produjeron 323.495 ejecuciones hipotecarias (a las que hay que añadir unas 100.000 más en este año) y 166.716 lanzamientos (estando previstos unos 75.000 para 2012). Una barbaridad, oiga, que sin embargo no deja zanjado el tema. Falta por averiguar, así, cuántas ejecuciones y cuántos lanzamientos han supuesto que una familia haya perdido el único techo que tenía para cobijarse. Y falta, porque en la masa que recuentan los jueces hay un poco de todo: están ahí los requerimientos sobre viviendas; pero también computan otros referidos a locales comerciales, plazas de garaje o terrenos rústicos y urbanos. Tampoco tenemos el número exacto de los que, teniendo por objeto viviendas, lo son de primera o de segunda, ni conocemos cuántos de éstos obligados son deudores hipotecarios y cuántos arrendatarios morosos o comuneros que no pagan sus cuotas.

Nada tengo que reprocharle al Consejo. Sus cálculos buscan simplemente medir la carga de trabajo de los órganos judiciales. Sí, en cambio, creo inexplicable que instituciones como el Banco de España o el Instituto Nacional de Estadística resulten incapaces de disipar la duda.

Y es que hasta el Gobierno se muestra desinformado: la pasada semana, Miguel Temboury, subsecretario de Economía y Competitividad, aseguraba que la cifra que investigamos está entre 4.000 y 15.000. No me negarán que la horquilla es sorprendente: desconocemos, nada más y nada menos, si 11.000 familias, esto es, el 73,3% del total probable, están o no afectadas. Hay, en fin, quien ha intentado la suma acudiendo a los propios bancos: con independencia de la fiabilidad, el resultado que obtienen -entre 10.000 y 15.000- tampoco es que sea un prodigio de precisión.

No entro en las bondades y defectos de nuestra legislación hipotecaria. Lo ha hecho ya, en estas mismas páginas y magistralmente, Óscar Eimil. A él me y les remito. Pero sí me parece indispensable el realizar un llamamiento al rigor y a la cordura: dígannos de una puñetera vez cuál es el impacto real del drama. Porque sin esto cualquier conclusión no pasa de tendenciosa, de maliciosamente especulativa e interesada.