Pioz - Guadalajara

El despilfarro continúa cabalgando por la Diputación Provincial de Málaga. El Gobierno de esta institución supramunicipal, controlada por el PP desde mayo de 2011, contraataca tras conocerse el gasto de 8.500 euros del despacho del exárbitro Antonio Jesús López Nieto. ¿Con qué munición ha respondido? Con el gasto en la construcción del edificio de la sede, inaugurado en 2007, cuando gobernaba el PSOE en coalición con IU, que costó 50 millones de euros, una cifra similar al lujoso Palacio de San Telmo, la sede de la Junta de Andalucía.

Dentro del equipamiento es en el mobiliario (con 1,4 millones de euros, sin contar los 600.000 por la ampliación del suministro mobiliario para el salón de plenos y las mamparas), donde más derrochó el socialista Salvador Pendón, expresidente de la Diputación Provincial, ahora sin cargo público. Pendón, eso sí, continúa atrincherado en su puesto en la asamblea de Unicaja, en principio hasta junio de este año, aunque podría seguir hasta 2016.

El proyecto inicial de la sede costó 23,4 millones de euros, aunque luego sufrió una modificación que aumentó la factura a otros 7 millones. La climatización y trigeneración del edificio, ubicado en el Paseo Marítimo Antonio Banderas, con espléndida luz natural y soberbias vistas al mar, se elevó a 5,3 millones de euros y padeció un retraso de tres años en su puesta en funcionamiento. El proyecto también incluiría una cafetería exclusiva con camareros encargados de poner el café a los funcionarios y los políticos de la institución.


No es el único despilfarro de la anterior legislatura. El PP ya acusó al PSOE en noviembre de 2011 de haber utilizado 800 móviles y haber gastado 104.000 euros en llamadas telefónicas. El portavoz popular, Francisco Salado, denunció que 446 de estos dispositivos estaban destinados para los cargos de confianza del PSOE e Izquierda Unida. También en este caso se trató de una acción-reacción tras desvelar el grupo municipal del PSOE en la Diputación Provincial de Málaga que el chófer del presidente de la Diputación, Elías Bendodo, había contratado por 54.000 euros anuales a Manuel Fernández como asesor técnico cuando en realidad su función era la de conductor del vehículo oficial del presidente.

La institución también se vio envuelta en la polémica cuando se supo que Francisco Oblaré, en calidad de vicepresidente primero de la Diputación, ordenó el pago de 7.250 euros para él y de idéntica cantidad para la vicepresidenta tercera de la misma entidad, Ana Carmen Mata, por asistir a un curso de alta dirección (AD-1) en el Instituto Internacional San Telmo, la más prestigiosa escuela de negocios de Andalucía. Oblaré ignoró el informe negativo del interventor. Además, firmó, como presidente accidental, un contrainforme de Recursos Humanos que él mismo solicitó para invalidar la respuesta de Intervención.

El ejemplo más evidente de derroche del dinero público en la Diputación Provincial de Málaga se escribe en las 55 páginas del convenio laboral de los funcionarios. Existe un plus de 30 euros anuales para el DIU, pagar cirugías estéticas reconstructivas de hasta el 80% de la factura, ayudas para la ortodoncia de 640 euros y auriculares por 1.200 euros.

El convenio también incluye premios por jubilación, como ocurre con dos facturas de 20.000 y 30.000 euros firmadas por Jesús Fortes, responsable de Recursos Humanos de la Diputación. “Es herencia del Gobierno anterior, no sabemos cómo aceptaron todo esto”, dijo Fortes en septiembre de 2012 al diario El Mundo. Todavía hay más: la partida anual del programa para combatir el absentismo alcanza los 4,6 millones de euros para los 2.500 funcionarios de la institución malagueña.