Mecina-Bombarón - Granada

La norma eleva las sanciones

Entra en vigor la ley contra el empleo irregular y el fraude
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la ley de lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social que, entre otras cuestiones, persigue el cobro indebido de prestaciones por desempleo, el empleo ilegal o la creación de empresas ficticias para defraudar al sistema.


La ley, que entra en vigor este viernes salvo algunos cambios que ya entraron en vigor vía decreto, modifica varias leyes laborales. Además, se debe analizar teniendo en cuenta los cambios implementados por el Gobierno en el Código Penal, que recoge las nuevas penas máximas para el fraude a la Seguridad Social, que pasa de cinco a seis años, y amplía la prescripción de cinco a diez años en los supuestos más graves.

La nueva norma contra el empleo irregular modifica la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) en determinados aspectos como disfrutar indebidamente de reducciones en las cotizaciones de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, faltas de alta y cotización por los salarios de tramitación y vacaciones devengadas y no disfrutadas o estableciendo criterios más objetivos en la graduación de las sanciones.

Así, se considerará infracción grave no cotizar por los salarios de tramitación e infracción muy grave dar ocupación a los trabajadores con suspensión de contrato, obligar a los trabajadores con jornada reducida a trabajar a jornada completa y no comunicar datos a la Seguridad Social. La sanción será mayor cuanto mayor sea el número de trabajadores afectado. Sin embargo, la nueva clasificación de infracciones muy graves no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2013.

En cuanto al Estatuto de los Trabajadores, se extiende de uno a tres años el plazo para exigir la responsabilidad solidaria del empresario principal por incumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social en los supuestos de subcontratación.

Respecto a la Ley General de la Seguridad Social, la vigente reducción automática del 50% de las sanciones cuando se ingresen las cuotas de Seguridad Social no pagadas en forma y plazo sólo podrá aplicarse en el supuesto de que la cuantía de la liquidación supere la sanción propuesta inicialmente para evitar que compense más pagar la sanción que cumplir con la legalidad.

En el marco de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, destaca la colaboración entre la Inspección y el Consejo General del Notariado para facilitar la investigación para detectar empresas ficticias.

El proyecto establece además que el Consejo de Ministros podrá imponer sanciones superiores a las actuales. Actualmente sanciona infracciones de más de 125.000 euros y hasta un cuantía máxima de 187.515 euros. Con la modificación propuesta se elimina este límite.

Enmiendas en el Congreso

De hecho, al paso de la ley por el Congreso, el Gobierno transaccionó 12 enmiendas que, entre otras cosas, le permiten establecer sanciones proporcionales a las cantidades defraudas en algunos tipos de infracción a la Seguridad Social, en lugar de multar con cantidades fijadas por tramos como sucedía hasta la fecha.

Por ejemplo, cuando no se ingresen las cuotas correspondientes o en el plazo debido, habiendo presentado los documentos de cotización y siempre que la falta de ingresos "no obedezca a una situación extraordinaria" y que el impago no sea constitutivo de delito según el Código penal, se deberá abonar entre un 50% y un 65% del importe defraudado en los casos leves, entre un 65% y un 80% en los medios, y entre un 80 y un 100% en los graves.

Estos porcentajes se elevan cuando los impagos se produzcan sin haber presentado los documentos de cotización a la Seguridad Social. En estos casos, y siempre que no sea delito, las sanciones leves serán de entre el 100% y el 115% de lo defraudado, las medidas del 115% al 130%, y las graves del 130% al 150%.

En cuanto al fraude por retener indebidamente una parte de la cuota que se ha descontado a los trabajadores o cuando se han efectuado descuentos superiores a los legalmente establecido se castigará con entre un 100% y un 115% de lo defraudado si la sanción es mínima, entre un 115% y un 130% si es media, o entre un 130% y un 150% si es la máxima.

Multas de entre 3.000 y 187.000 euros

En el resto de casos de fraude a la cotización a la Seguridad Social que recoge la norma, las multas son cantidades que van de 3.000 a 187.000 euros aproximadamente, independientemente de la cuantía defraudada.

Otra enmienda prevé que los empresarios que incurran en determinados supuestos pierdan las ayudas y bonificaciones de forma automática siempre que haya una resolución sancionadora o una sentencia judicial firme en el caso.

Además de ser sancionadas, las empresas que cometan infracciones muy graves por discriminación directa o indirecta por razón de sexo y que no elaboren o apliquen el preceptivo Plan de Igualdad o contravengan la resolución de la Autoridad Laboral perderán las ayudas, bonificaciones o beneficios que tuvieran de forma automática, en lugar de a propuesta del funcionario de la Inspección de Trabajo. Esta medida podrá aplicarse entre seis meses y dos años, en lugar de sólo durante el medio año que se reconocía hasta la fecha.

Competencias sancionadoras

El Gobierno también ha utilizado las enmiendas para precisar a quién corresponden las competencias sancionadoras según el tipo de la infracción que se esté evaluando, así como qué órgano o institución puede decidir ampliar un plazo de inspección.

En la misma línea, se recoge de forma expresa la facultad de la Tesorería General de la Seguridad Social de "revisar de oficio las inscripciones de empresas ficticias", así como que esas revisiones dejan "sin efectos la inscripción de la citada empresa en el sistema de Seguridad Social". "De este modo, la inscripción indebida no produce ningún tipo de consecuencias jurídicas", añade la enmienda.

Finalmente, se incluye el procedimiento de notificación electrónica a través del Tablón de Edictos en los casos que la administración no pueda contactar al interesado, y se incluyen nuevas exenciones a la eliminación de las bonificaciones al empleo. Así, además de los supuestos recogidos en la Reforma Laboral y en otras medidas del Gobierno, también habrá bonificaciones en las contratación de personas con discapacidad, empresas de inserción o enclaves laborales, entre otros.

Y esto que quiere decir, ¿que vamos a tener que dar de alta en la seguridad social a los peones pa coger la habichuelas y los tomates?
pues entonces vamos a ganar menos.
el gobierno nos tenia que dejar coger los tomates sin dar de alta a los peones, sino como me voy a poder comprar este año otro coche todoterreno.

Hay que arriesgarse como todos los años y si no te pillan, te hinchas de ganar billetes y si te pillan pues a joderse.
Lo malo es que algun chivatazo, nos joda el asunto.

HAY QUE TOMAR EJEMPLO: no hay que jugar con fuego.

Un empresario toledano está imputado por tener a sus empleados sin contrato, trabajando diez horas al día por salarios máximos de 400 euros y a los que descontaba de su sueldo la luz y el material que usado en el desempeño de su trabajo.

Según ha informado la Policía Nacional, el detenido es F.G.U., español de 50 años, que es propietario de una nave de reciclaje en un pueblo de la provincia y que pagaba a sus cinco empleados, dos extranjeros en situación irregular, en función de los kilos de material que reciclaban y 400 euros mensuales en el mejor de los casos.

En la investigación han participado inspectores de Trabajo y Seguridad Social, así como efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de la localidad donde está radicada la nave y que no se ha facilitado. Las investigaciones culminaron recientemente con la imputación al empresario investigado de un delito contra los derechos de los trabajadores, después de que fuese practicada una inspección en su nave, en la que pudieron confirmarse las sospechas que existían en relación con ese lugar.

Así pues, fruto de esta inspección, se pudo comprobar que los cinco trabajadores estaban ejerciendo sus funciones en condiciones absolutamente precarias, careciendo de contrato, seguro médico, no disponiendo de material adecuado para sus funciones, no respetándose tampoco lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y percibiendo un sueldo ínfimo.

Por otra parte, varios de estos trabajadores resultaron estar compatibilizando este empleo con la percepción de otros subsidios y dos de los empleados eran ciudadanos extranjeros en situación irregular.

Los delitos contra los derechos de los trabajadores se encuentran tipificados en el título XV del Código Penal y se sancionan con penas que pueden llegar, en algunos casos, hasta los cinco años de prisión.

A este empresario, el Servicio Provincial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social le ha incoado el correspondiente expediente por las infracciones detectadas, sanciones que están comprendidas entre los 10.000 y los 100.000 euros, tal y como dispone la Ley de Extranjería ante la comisión de infracciones muy graves.

Alquien no tiene nada mas que tomarla con los que mantienen a mecina:
En verano se beneficia hasta el gato de los trabajadores/as de las habichuelas=tiendas, bares,panaderia, alquileres de casas. ¿que pasa todos son legales y lo declaran todo. ¡¡parece mentira que como esta hasta la casa real, los politicos de los trajes los sobres los pluses y los eres.¿sabeis lo que son los eres?. pues de la mismisima delegacion de empleo de la junta de andalucia le daban subvenciones millonarias a empresas y le ponian la condicion de dar de alta con antigÜedad a varios politicos que no tenian lo que hacer con ellos y sin haber trabajado en la empresa recibian indegnizaciÓn y una jubilaciÓn, si si eso si que es fuerte.... y subvenciones de 10 millones de € a empresas donde trabajanban los hijos de dº. manuel chaves..muy etico. ¿conoceis a pujol y compaÑia? en fin mirar los telediarios y pensar que en mecina trabajan medio aÑo para comer el aÑo entero y echan algunos muchas horas y invierten mucho dinero de su bolsillo. ¡quizas dejen de pagar algo a la s.social pero eso es un grano de arena al lado de las montaÑas que hacen los del guante blanco

Lo de siempre " mal de muchos consuelo de tontos".
Como los demas son unos defraudadores, yo tambien lo soy, de verguenza.
esto de los corruptos pueblerinos no tiene nombre.
Si estos pequeños corruptos, que no cumplen con los mas minimos derechos de los peones,como es darlos de alta en la seguridad social,estuviesen en puestos de alto copete, el Barcenas, y los demas que todos los dias estan en los telediarios, eran unos pobres aprendices en el arte de defraudar y de la corrupción.
Y no "deben de pagar algo a la S.social", deben de pagar todo lo que le corresponda`porque lo que dejan de ingresar es robar y estan robando a todos los españoles y tambien a los catalanes.
Pillines, que sois unos pillines.

Tu no conoces a nadie que cobra el "parillo" y tiene casas alquiladas sin declarar. ni conoces a alguien que tiene una empresa pagada con dinero publico y se la ajudico a dedo y cuando tiene que trabaja cuatro horas, trabaja dos o menos.... o esque solo los agricultores dejan de pagar s.social...ssiii ¡¡que en espaÑa el mas tonto hace emcaje de bolillo por pillar un eurillo...¡¡vamos anda..

Pero vamos a ver, si nos parece que todo lo que esta mal, esta bien, España no va a tener nunca arreglo.
Y si lo que los que no dan de alta a los trabajadores no esta bien, pues tendran que darlos de alta y ganar menos.
Y apretarse el cinturon como todos los españoles.

pero la economía sumergida supone un gran perjuicio mucho mas allá que la simple caida de recaudación: a) Además de la sanidad, hay una seguridad social que mantener, hoy en dia en número rojos, estando en peligro las prestaciones y el sistema de pensiones. Son millones los trabajadores sin contrato laboral, sin derechos, sin paro, sin jubilación. b) Competencia desleal: Una empresa que sí paga sus impuestos y contrata legalmente a sus trabajadores no puede ofrecer los mismos precios que una sumergida. No es justo. Solución, “hacer que cierran” y se pasan a la sumergida. Si esto se convierte en la opción mayoritaria, adiós sanidad y educación públicas, adiós seguridad social y pensiones. Adiós al estado de bienenestar. c) Se desvitúa el mercado: Si una no genera beneficios, no debería entrar en la ilegalidad, debe cerrar y dejar hueco para las empresas rentables. No se trata de sobrevevivir quien mas defraude, si no quien mejor planifica una empresa.

A partir del próximo 17 de enero, quizás no sea muy buena idea fanfarronear ante amigos o conocidos que alguien está cobrando el paro o una pensión y está trabajando en “negro”. Esas afirmaciones, frecuentes hasta la fecha, serán toda una confesión de la comisión de un delito estipulado en nuestro Código Penal y que podrá ser castigado con la pena de 6 meses a 3 años de prisión, o, a la vista de lo defraudado o de las circunstancias personales del autor, con pena de multa del tanto al séxtuplo de lo defraudado.

De igual forma estará cometiendo el mismo delito aquel empresario que simule un contrato, normalmente a familiares o amigos y de corta duración, para reunir los requisitos de acceso a prestaciones, por ejemplo la no excepcional situación de alguien que contrata 15 días o 1 mes a un trabajador porque le faltan unos días para llegar a acceder al paro o a una pensión.

Se ha dado poca trascendencia a este nuevo apartado del artículo 307 del Código Penal, pero su repercusión es enorme. Hasta ahora este tipo de fraudes podían conllevar una dura sanción administrativa al empresario, desde 10.000€, y la pérdida de la prestación al trabajador, sanciones que se mantienen. Los empresarios ante el endurecimiento de las multas ya descartaban en la mayoría de casos tener trabajadores sin dar de alta y cobrando prestaciones, pero para los trabajadores, lo peor que les podía pasar era perder esa prestación…A partir de ahora estas situaciones pueden llevar a la condena por delito, con todo lo que ello conlleva (antecedentes penales, ingreso en prisión si hubiera reiteración en el delito o los importes defraudados fueran considerables, etc…)

*¿Cúal es el nuevo texto introducido en el Código Penal?

1. Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión.
Cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad, serán castigados con una pena de multa del tanto al séxtuplo.
Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

*¿Quien recibirá las penas más duras?

Para aquellas organizaciones dedicadas a la obtención masiva de prestaciones a cambio de remuneraciones o cuando el importe defraudado supere los 50.000€, los culpables ingresarán en prisión con penas de 2 a 6 años y multa de la cuantía defraudada y hasta su séxtuplo. El importe de 50.000€ no es excesivamente alto, ya que por ejemplo un fraude facilitando a 3 trabajadores el acceso a prestaciones por desempleo de dos años de duración supera fácilmente la cuantía a partir de la cual la gravedad del delito supone el ingreso en prisión…

*¿Por qué este cambio normativo?

Esta modificación de la legislación penal viene motivada en la propia ley por los casos en los que a pesar de fraudes masivos no superaban el importe anterior para considerarse delito y no existía pena de prisión para los culpables. Si bien, al no establecer un importe mínimo para la consideración de delito del fraude en el cobro de prestaciones, cualquier fraude podrá ser considerado como tal, tanto el que defraude 1€ como el que defraude 49.999€, si bien se pondera la pena en función de la gravedad, pero la posible condena en un proceso penal existirá en ambos casos!!!

Así que a partir de ahora si algún conocido se vanagloria de su picaresca le podéis advertir con toda tranquilidad que está CONFESANDO UN DELITO!!

*Conclusión…

Ya era hora que el fraude a todos, porque la seguridad social la pagamos todos…, fuera considerado una auténtica lacra social y una actitud equiparada a otros delitos. Los recursos, escasos actualmente, deben dedicarse, y en mayor cuantía, a los que realmente lo necesiten y perseguir toda situación que utilice fondos públicos para un fin no previsto. Lo realmente triste, serán aquellas situaciones de necesidad que, por pura supervivencia, el desempleado que cobra 400 euros de ayuda deba mantener a su familia y se vea obligado a trabajar de lo que sea, lo den o no de alta… es duro pensar que a partir de ahora, esa persona a pesar de poder ser condenado a multas mínimas pase a tener la consideración de delincuente, en el ámbito penal…

Que fea se esta poniendo la cosa.
Este aÑo aseguro a todos los trabajadores, el que no lo haga y quiera arriesgarse alla el, pues yo me estoy acojonando.

Lo que esta claro es que el cachondeo que teniamos en Mecina se acabo.
y ahora tenemos que dar de alta y cotizar por los peones y asi pensamos muchos y asi lo vamos a hacer y el que quiera arriesgarse y no hacerlo pues que se atenga a las consecuencias. Me parece que estamos avisados y sabemos lo tenemos que hacer.

VAYA TELA, ESTE PAIS NO TIENE ARREGLO.

NOTICIA DE EL CONFIDENCIAL

IU debe 1,2 millones a la Agencia Tributaria y otro más a la Seguridad Social
Izquierda Unida, sólo en Madrid, acumula una deuda con la Agencia Tributaria por impuestos sin pagar (fundamentalmente IRPF retenido a sus empleados) de 1,2 millones de euros. Además, lleva años sin abonar las cuotas de la Seguridad Social de su plantilla, con lo que acumula otra deuda de un millón de euros que acaba de renegociar con esa institución para poder devolver ese dinero en 96 mensualidades, según fuentes de IU consultadas por El Confidencial.

La dirección federal de Izquierda Unida se ha sumado a los grupos de la oposición indignados con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por decir en público (en medios de comunicación, en el Congreso y el Senado) que hay grupos políticos que no pagan sus impuestos, pero la principal sección regional de la agrupación ha reconocido que no cumple con todas sus obligaciones tributarias desde hace más de una década.

En fuentes oficiales de IU atribuyen esos retrasos a la "deuda histórica" de la federación, gestada después de las derrotas electorales de finales de los noventa y principios de 2000. Sobre las cuotas sin pagar durante años a la Seguridad Social, en los citados medios insisten en que están "normalizadas" por un acuerdo que les da un margen de 8 años para hacer frente al monto total de sus deudas.

Sobre los 1,2 millones pendientes de pagar a la Agencia Tributaria, la solución se presenta más complicada. Quieren negociar con Hacienda otro pago prorrogado de la deuda, pero los inspectores les exigen un primer desembolso de 300.000 euros al que en IU dicen que no pueden hacer frente con las cuotas de los afiliados y las subvenciones que reciben para el sostenimiento ordinario de la formación. Por ello, buscan una línea de crédito en los bancos, que hasta ahora no han encontrado.


Izquierda Unida, federación de Madrid, es el primer partido que reconoce y avala que Montoro sabe de lo que habla al criticar la falta de ejemplaridad de algunas instituciones en sus relaciones con Hacienda. Y el ministro lleva casi un mes empeñado en lanzar ese tipo de mensajes. Primero soltó que había grandes medios de comunicación que no pagan impuestos (uno de ellos se dio por tan aludido que al día siguiente pidió su dimisión). Luego se refirió a "famosos actores" que no tributan en España y, al ser interpelado por los socialistas en defensa del 'mundo de la cultura', amplió la ofensiva de sus insinuaciones a los grupos políticos.

"Lo deberían entender todos, todos los adversarios políticos y todos los grupos, donde fielmente deberían pagar también sus impuestos, porque todos tenemos que pagar fielmente los impuestos con la Hacienda pública”, dijo Montoro en el Congreso el pasado miércoles. La oposición se sintió "amenazada", volvió a acusar al ministro de utilizar información de la Agencia Tributaria en beneficio propio y ayer le pidió explicaciones en el Senado.

El ministro se mostró casi orgulloso de los frutos que empieza a recoger la Hacienda pública con sus 'avisos', sin nombres, pero que tienen efecto en los sectores a los que van dirigidos. "Cuando eso lo hago en la Cámara o en conferencias de prensa, si alguien entiende que es una amenaza será porque no es fiel contribuyente", comentó desde su escaño en la Cámara Alta.

El senador del PSOE José Miguel Camacho le ha recomendado que dedique sus preocupaciones al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Montoro ha replicado al portavoz socialista que convenía que se documentara mejor porque ya había un grupo político que reconocía deudas con Hacienda, aunque se hubiera escandalizado mucho la semana pasada ante sus palabras. "Eso existía (por los impagos) y es bueno que se conozca que hay problemas porque ese comportamiento no es ejemplar", ha remachado.

Una duda: conducir sin carnet un dumper por la via publica sin carnet y siendo conyuge de concejal ¿es justo y legal?

LEY 13/2012, DE 26 DE DICIEMBRE, DE LUCHA CONTRA EL EMPLEO IRREGULAR Y EL FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL
.
La presente Ley, mediante la que se aprueba el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social para el periodo 2012-2013 tiene por objeto:
1.º Impulsar el afloramiento del empleo irregular, con un efecto regularizador de las condiciones de trabajo y de generación de recursos económicos al Sistema de la Seguridad Social por el pago de cotizaciones sociales.
2.º Corregir la obtención y el disfrute en fraude de ley de las prestaciones por desempleo, particularmente en aquellos supuestos en que se constituyen empresas ficticias para poder acceder a aquéllas o donde se compatibiliza de manera irregular su percepción con el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.
3.º Aflorar posibles situaciones fraudulentas, principalmente en casos de falta de alta en la Seguridad Social de trabajadores que efectivamente prestan servicios en las empresas, en el acceso y la percepción de otras prestaciones del sistema de la Seguridad Social.
4.º Combatir los supuestos de aplicación indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
Para contribuir a la consecución de tales objetivos, la presente Ley introduce modificaciones en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social en diversas normas legales vigentes, entre otras:

¿hay alguna ley para barsenas, urdangarin.................................................ERES de la Junta de Andalucia, explicalo tu que pareces un lettado/a

Parece que el seprona, esta dando veltas por la sierra, ojo al dato.

El seprona y los que no son el seprona, hay que tener cuidao que la cosa se esta poniendo mal.

dicen que han pillao a dos, sere verda o no.

Multa de 84.000 euros por no identificar a los trabajadores que huyeron en una inspección
La Audiencia Nacional ha confirmado la multa de 84.000 euros impuesta por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a una empresa que ocultó la identidad de once trabajadores que huyeron durante una inspección de trabajo.

Así lo recoge en una sentencia del pasado 8 de abril en la que confirma la decisión del Ministerio, que ya había moderado la multa respecto a la sanción propuesta inicialmente, que alcanzaba la cantidad de 100.000 euros.

La compañía, dedicada a la fabricación de dulces y helados, situada en Jerez de la Frontera, fue objeto de una inspección de trabajo en enero de 2012, durante la cual se detectaron una serie de irregularidades, como que una de las trabajadoras, que sí pudo ser identificada por los funcionarios, no estaba dada de alta en la Seguridad Social y constaba como pensionista de viudedad.

Además, los inspectores señalaron que once trabajadores se fueron corriendo por distintas puertas sin identificarse y algunos se escondieron. Cuando se les quiso fichar, ya no fue posible localizarles. Unos días después, se citó a la empresa para su comparecencia en las oficinas de la Inspección de Trabajo, requiriéndole la identificación y asistencia de los trabajadores huidos, a lo que la compañía se negó.

Falta muy grave

La Audiencia Nacional recuerda ahora que nadie debía haber abandonado el puesto de trabajo hasta ser identificado por los funcionarios de la inspección. Además, afirma que, probado que la empresa se negó a dar los nombres a los inspectores de los trabajadores que salieron en tromba de una de las salas de producción de pastelería al entrar uno de ellos –no sólo durante la actuación inspectora, sino en sus comparecencias posteriores–, dicha actuación constituye una falta muy grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la ley reguladora de la Inspección de Trabajo y, por ello, respalda la sanción impuesta.

Parece excesivo,va resultar mejor que los peones no salgan corriendo.
Desde luego lo mejor va a ser darlos de alta y nos evitamos problemas.

Este verano pienso ir a trabajar a Mecina Bombaron a las habichuelas y me gustaria saber que jornal pagan ysivoy a estar asegurada.
gracias a quien me de la informacion.

Mejor le pides trabajo al gomez, que construirá un almacen que lleva seis años construyendo para los agricultores, por debajo de la alamea del Ayuntamiento, jejejeje

Fraude con las empleadas del hogar: inspectores de Trabajo visitan domicilios por sorpresa y citan por carta a propietarios para investigar si les pagan en dinero negro

Nueva cruzada del Gobierno contra la economía sumergida. Y en este caso contra las empleadas del hogar. Los inspectores se están presentando de manera inesperada en los domicilios y citando a los propietarios en la Inspección de Trabajo para comprobar que las trabajadoras que tienen a su servicio se encuentran en situación regular.

Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes conocedoras de estos procesos, el Gobierno no está satisfecho con los resultados de la campaña que lanzó el año pasado para regularizar la actividad laboral de las empleadas del hogar.

Considera que no logrado acabar de raíz con la economía sumergida de la que tradicionalmente ha vivido este sector.

Esta situación ha llevado al ministerio de Empleo a iniciar visitas sorpresa a los domicilios y a citar a empleadores en la Inspección de Trabajo para detectar posibles irregularidades en la situación de estos trabajadores.

Investigaciones a partir de denuncias

Fuentes de la Inspección de Trabajo explican a ECD que se ha producido un importante incremento de las reclamaciones de empleadas del hogar en los últimos meses, desde que entró en vigor el pasado 1 de abril la nueva obligación de cotizar por ellas que tienen las familias que les contratan, cuando trabajan más de 60 horas al mes.

Los inspectores están realizando visitas sorpresa a los domicilios con empleadas del hogar cobrando en dinero negro a partir de estas denuncias anónimas de las propias empleadas que delatan a sus empleadores ante la Inspección de Trabajo por mantenerlas en situación irregular, según confirman algunos inspectores que participan directamente en estos controles.

No es habitual -aunque si se están dando algunas inspecciones aleatorias- que se inicie una investigación de oficio por parte de la Administración puesto que se trata de domicilios particulares donde es necesaria una autorización judicial para entrar.

Citaciones en la Inspección de Trabajo

Sin embargo, según las fuentes consultadas, los inspectores se están encontrando, tanto en los casos en el que los técnicos tienen evidencias concretas de la irregularidad por una denuncia previa de la empleada o en investigaciones que realizan de manera aleatoria, con situaciones de propietarios que se niegan a permitirles entrar en su domicilio, salvo que presenten una orden judicial.

En estos casos, el conflicto se resuelve citando por carta en los días siguientes al empleador en el despacho del inspector de Trabajo, obligándole a que aporte pagos al trabajador en cuenta bancaria de forma regular, contrato, nómina y alta en la Seguridad Social.

Su resistencia a mostrar la documentación cuando se le requiere en la puerta de su casa demuestra en muchos casos que existe realmente una irregularidad y lo convierte en sospechoso para la Administración, que abre una investigación sobre esa persona.

Fraudes en la prestación por desempleo

Las fuentes a las que ha tenido acceso este diario explican que los inspectores de Trabajo revisan que las empleadas del hogar tengan toda su documentación en regla y con el alta en la Seguridad Social.

El objetivo es localizar también a trabajadoras que estén percibiendo una prestación del Estado (desempleo, ayuda familiar para personas que ya han agotado el paro…) y que, al mismo tiempo, están cobrando dinero por su trabajo en el hogar de una familia, cantidades que no declaran.

Revisiones en urbanizaciones de lujo

Uno de los puntos de las grandes ciudades que centran las revisiones de los inspectores de Trabajo son las urbanizaciones de lujo. Familias de alto nivel adquisitivo que requieren trabajos relacionados con el cuidado de niños y de ancianos como empleada doméstica interna.

El sector doméstico emplea en España a unas 600.000 personas, según recoge la última Encuesta de Población Activa (EPA).

Sin embargo, según datos que maneja la propia Inspección de Trabajo, casi la mitad de las empleadas del hogar (370.000) continúa sin regularizar su situación.