Iznalloz - Granada

A partir del 1 de septiembre desaparecerá la universalidad de la sanidad. El Real Decreto que lo comunica supone un incumplimiento de los artículos 9.3, 10, 13, 18.4, 43.1, 43.2 y 86.1 de la Constitución, y un atentado a los Estatutos de Autonomía de Andalucía, Aragón, Catalunya y País Vasco (fuente: Asociación para las Naciones Unidas de España).
Es una ley que se sitúa tan lejos de la legalidad como otras con las que se ha recortado la educación, la asistencia social, la asistencia al paro, o las leyes del trabajo. Ese pack de recortes supone también la negación del artículo número 1 de la Constitución. Aquel que va y dice que el Estado es “social y democrático de Derecho”.
“Y”, no “o”, de manera que si el Estado deja de ser social, deja de ser también democrático y de Derecho. Supone la omisión del artículo 9.2, uno de los pocos goles en esta Constitución tan poco sexy, un artículo copiado directamente de la Carta de Bonn y de la Constitución italiana de 1945, y que significa la imbricación del Bienestar en el Estado.
Desde 2008 estamos rescatando a la banca, a través de dinero que se extrae del bienestar, y de rescates que pagará el bienestar. Las medidas gubernamentales parecen no estar orientadas a solucionar ninguna crisis, sino a realizar, a través de ella, un gran cambio estructural. Los recortes y todas las contrarreformas del Estado, realizadas en contra de la Constitución con la que se nos ha dado la brasa durante cuatro décadas tienen nombre.
La sociedad debería empezar a meditar si el fin del bienestar que vivimos es –y éste es un posible nombre que redefine la palabra “recortes”–, un golpe de Estado. Un cambio violento del marco legal vigente. Un delito. Y, como tal, que convierte a las personas y los gobiernos que lo están realizando en susceptibles de ser juzgadas.