Guadahortuna - Granada

Según el socialista, con posterioridad a la firma de los contratos, el alcalde de la localidad elige «arbitrariamente y cuando le interesa» a los trabajadores, principalmente mujeres, que cubren determinados servicios municipales, una vez que su vigencia se ha extinguido. Dichas labores se desempeñan en unas «circunstancias de flagrante ilegalidad manifiesta», sin que los empleados cuenten durante su actividad con cobertura legal, derechos sociales o seguridad social, aseguró. Álvarez de la Chica sostuvo que, de este modo, el Consistorio consigue «amortizar» trabajadores municipales y «se abusa descaradamente, de forma repugnante» de personas que acceden a los fondos del AEPSA ante su estado de necesidad económica.

El dirigente socialista, que se preguntó qué ocurriría si alguno de estos trabajadores sufriera un accidente laboral, se mostró incluso más sorprendido de que uno de ellos sea una concejala de IU, Trinidad Galera.

Ante los hechos descritos, exigió la dimisión del alcalde de la localidad y de la edil, pidió responsabilidades políticas al coordinador provincial de la formación, Pedro Vaquero, y al regional, Diego Valderas, y anunció que su partido no descarta recurrir a otras vías, como la judicial, para esclarecer el asunto.

Se preguntó asimismo desde cuándo ocurre este fraude, a cuántos trabajadores ha afectado, aparte de la treintena de los que tienen constancia, y qué cantidad de expedientes remitidos a las administraciones han podido ser falseados documentalmente.

A juicio del socialista, el trabajo de Izquierda Unida demuestra que no es capaz de «tomar la medicina, jarabe de ética, que tantas veces receta para otros».

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