Carataunas - Granada

En los tiempos que corren y tal cómo vamos sabiendo del dominio de los mercados en todos los ámbitos tenemos que cambiar el nombre a los poderes, en honor a su actividad real y verdad deben llamarse:

Mercado legislativo o Mercado de las cortes
Mercado ejecutivo o Mercado de los Gobernantes
Mercado judicial o Mercado de los jueces

Si, es una vergüenza cómo están los mercados y sus mercaderías.

Todos se compran y se venden.

Parece que el personal público tiene un cartel colgado:

¿Quien da mas? El que mas dé ese es mi amo.

Pues si desgraciadamente el ser humano ha dejado de serlo,ahora sólo manda el dinero y éste pasa por encima de principios e ideales.

CINISMO - CARADURA - INSENSATEZ - LOCUACIDAD

Tantas incualidades tiene el ser humano, que pasado un tiempo ni se acuerda de lo que dijo, hizo u habló.

Que a que biene esto? pues a que no paro de leer insensateces. En este foro y en el resto, que creeis que tenemos muy mala memoria, que os agarrais al carro del que más tira, en este caso del que de más de habla, y decís compartir uno ideales que ni remotamente pasaron por vuestra materia gris y os afiliais a la llama olímpica del que mas suena.

Carroña igual que la que criticais, ni más ni menos, vividores del cuento que no lograsteis apoderaros de el y como no, criticos con todo, que más dá, el caso es que hay que darle leña al mono.

El caso es hablar, que algo quedara.

Perdonarme pero no me apetece saludaros.

Próxima parada, la relación que han mantenido las sociedades de gestión de derechos (con la SGAE como su principal exponente) con estamentos sociales como la universidad o el Poder Judicial. Josep Jover, presidente y representante legal de las asociaciones Apemit y Vache, el abogado que logró que declarasen ilegal la normativa española sobre canon digital y el que se unió a la denuncia de la Asociación de Internautas, entre otros, ante la Fiscalía Anticorrupción, que ha sido clave en la detención de la cúpula de la SGAE, lejos de pararse a celebrarlo, sigue trabajando en otros campos de batalla.

Por un lado, las subvenciones y los cursos de formación en Granada, Sevilla, Murcia o Canarias, comidas y seminarios pagados por la SGAE y gestoras de derechos a asociaciones de jueces con la intención, reconocida en boletines e informes anuales de las gestoras, de instruir sobre el modo en el que se debe, en su opinión, interpretar la ley de propiedad intelectual. Por otro, las relaciones de la SGAE y el grupo paralelo creado por sus directivos, con epicentro en Microgénesis, con la Universidad Politécnica de Madrid, gracias a la que habrían recibido fondos millonarios y cuyo nombre y prestigio, en forma de peritos de parte, informes y hasta el membrete del papel de la universidad, habrían sido utilizado en juicios de la SGAE en los que reclamaba el cobro de derechos de autor.

Josep Jover presentó a finales del año pasado dos nuevas querellas

Las asociaciones Apemit y Vache presentaron, a finales del pasado ejercicio, representadas por Jover, una "querella por cohecho impropio" contra la SGAE y Egeda, entre otras entidades de gestión. ¿Motivo? La "financiación irregular de actividades del Poder Judicial" en la que habrían incurrido con cursos de formación a jueces y subvenciones a asociaciones judiciales para "obtener sentencias favorables".

Jover utiliza en su querella el Informe de Gestión de la SGAE del año 2004, en el que figura la Asociación Jueces para la Democracia como beneficiaria de las ayudas de dicha entidad de gestión. En la Memoria de actividades de 2006 de Egeda (la entidad que gestiona los derechos de los productores) se reconoce que se "colabora permanentemente con las instituciones judiciales, formando en materia de propiedad intelectual tanto a los miembros de la carrera judicial, jueces y secretarios judiciales, como a los miembros del Ministerio Fiscal". Egeda hace alusión, en uno de sus boletines informativos, a cómo debido al "estrecho contacto y colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, hemos podido [] contribuir a la organización de numerosos cursos tanto para jueces como para fiscales".

Otra guerra es la que mantienen Apemit y Jover por lo que consideran "utilización ilícita consentida y amparada por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), por parte de catedráticos [de la misma], del prestigio, emblemas, imagen de entidad pública, medios personales y materiales de la UPM, al servicio de los intereses privados de las empresas y particulares, a quienes se ofrecen, a cambio de un precio, para actuar como peritos de parte ante los tribunales".

Las entidades habrían «financiado irregularmente» cursos judiciales

No es la única denuncia en este sentido. Miguel Gallardo, en abril de 2007, denunciaba estas prácticas y llamaba la atención sobre la existencia de subvenciones de la Unión Europea a proyectos de la UPM en los que participaron no sólo la SGAE, sino la sociedad ajena a la gestora, pero controlada por algunos de sus directivos, que está en el centro de las investigaciones actuales de la Audiencia Nacional: Microgénesis.

Uno de los enlaces entre uno y otro mundo es Rafael Ramos, director general de Microgénesis y profesor de Ingeniería de Organización, Administración de Empresa y Estadística en dicha universidad, detenido el pasado viernes en el marco de la operación Saga. Su nombre figura en la petición de fondos del año 2000 para el proyecto CREA Net, para la creación de un entorno tecnológico seguro para autores. En el proyecto participan, además de la UPM, la SGAE y Microgénesis y está cifrado en 2,3 millones de euros. Microgénesis colabora también con la UPM en el proyecto Perseo, que tiene un importe global de 3,9 millones.

La pelea entre partidarios y detractores del canon digital también se dirime en los tribunales. La Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación de Hosteleros Víctimas de Canon (VACHE) han presentado el pasado día 15 un escrito de denuncia y personación ante el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia por presunta financiación irregular del poder judicial por parte de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y otras sociedades de gestión de derechos.

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Los denunciantes señalan que es costumbre habitual de las entidades de gestión financiar a costa de sus presupuestos la formación de jueces, magistrados, fiscales y secretarios, en materias como la propiedad intelectual mediante seminarios, cursillos o jornadas “a fin de buscar el beneficio de ser tratados privilegiadamente frente al resto de los ciudadanos”. También queda acreditado que financian y subvencionan a diversas asociaciones de jueces, fiscales y secretarios, según los denunciantes.

Ambas asociaciones dicen actuar en nombre de la plataforma Todos Contra el Canon que ha recogido 1.370.000 firmas en contra del canon digital que grava todos los equipos y soportes susceptibles de grabar una copia privada de una obra artística con derechos protegidos.

Los denunciantes acusan al CGPJ, como máximo responsable de la formación directa del personal de Justicia “tiene por norma y costumbre conveniar o permitir conveniar con las principales entidades de gestión de derechos de autor (SGAE, EGEDA, AISGE, AGEDI o AIE) y asociaciones o sociedades interpuestas(PROMUSICAE, FAP, FAPAE, Asociación de Defensa de la Marca, y otras) , la formación de los antedichos funcionarios, así como premios, permisos, y honorarios ofertados a los que quieran colaborar o formarse de conformidad a los intereses de las anteriores”.

La denuncia afirma que la celebración de estos cursos y seminarios sólo persigue la creación de un grupo de presión para obtener sentencias favorables en casos de derechos de propiedad intelectual. Añade que los fondos que se emplean para su financiación se detraen de los que corresponderían a los artistas y propietarios de los derechos a quienes esas asociaciones dicen defender y, en particular, del canon digital.

“¿Qué diría un ciudadano si los narcotraficantes fueran los que financiaran, salvando todas las distancias, la formación de los jueces, magistrados, secretarios y fiscales que les han de juzgar? Nuestro ciudadano diría que los jueces pudieran creerse todo lo independientes que quieran, pero la aplicación y la interpretación de la ley estaría bajo sospecha. Esto es exactamente lo que está pasando con las entidades de gestión de los derechos de autor, los del Canon, vamos. Financian e incentivan clara y directamente la formación de jueces, magistrados, fiscales y secretarios en los temas de propiedad intelectual”, dice el escrito de denuncia.

Los denunciantes aportan varios documentos para demostrar que el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia ha firmado varios convenios con sociedades como Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) como si fueran entidades de derecho público (no siéndolo) para la formación en materia de propiedad intelectual.

También denuncian que las entidades de gestión han organizado y costeado cursos y seminarios con asociaciones como Asociación Jueces para la Democracia, la Asociación Profesional de la Magistratura, así como asociaciones de fiscales y de secretarios judiciales.

Los denunciantes recuerdan que sus asociados, son objeto de las demandas judiciales de las entidades de gestión”en reclamación del canon por copia privada, demandas tramitadas por personal judicial presumiblemente formado

“exclusivamente” a interés de las demandantes.
RAMÓN MUÑOZ - Madrid - 17/12/2007 Elpais

Y tu mosqueada, ¿A que mercado perteneces?