Armilla - Granada

El alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, ha afirmado hoy que su actuación en las obras de la tercera fase de urbanización del PTS fue absolutamente “correcta y legal” y ha anunciado que pedirá, a título personal, el sobreseimiento del procedimiento.

Sánchez ha expresado su respeto al auto del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, si bien considera “jurídicamente erróneas” las imputaciones, por lo que ha avanzado que en el plazo de tres días lo recurrirá ante la Audiencia Provincial. Sánchez, que ha insistido en que recurre él y no el Ayuntamiento, ha mostrado su plena confianza de que el recurso presentado le dará la razón y que quedará libre de toda imputación “porque es de justicia”.

El alcalde socialista ha asegurado que sus representantes legales aprecian errores “evidentes” en el auto como considerar al técnico imputado, H.G.M., como arquitecto municipal, “cuando nunca ha sido funcionario ni empleado del Ayuntamiento de Armilla y cuando además, no es arquitecto, sino un ingeniero cuyos servicios fueron contratados para dirigir las obras de la tercera fase del PTS y se le pagó la correspondiente factura por esos servicios”. Por ello, según Sánchez, resulta complicado mantener la calificación de prevaricación hacia una persona “que no es funcionario ni empleado público” y a la que se le atribuye un delito que “está reservado a los funcionarios y empleados públicos”.

A juicio de Sánchez, el procedimiento judicial responde a “una denuncia de carácter político”, en la que el Partido Popular “pretende ganar en los juzgados lo que no consigue ganar en las urnas”. En este sentido, ha incidido en que los diez delitos que le imputaba el PP han quedado reducidos a sólo tres a la espera del recurso.

Sánchez ha considerado además “irónico” que se le acuse por un delito contra el medio ambiente por no depurar aguas residuales, cuando Armilla es una de las pocas localidades del área metropolitana donde se depuran aguas residuales.

El representante socialista ha revelado también que desde que llegó a la Alcaldía, está apareciendo múltiple documentación relacionada con el caso, de la que no tiene conocimiento el juez y que puede ser determinante para esclarecer los hechos. En este sentido, se ha referido a un informe de Emasagra de noviembre de 2011, que plantea una solución técnica que podría haberse ejecutado de forma rápida y con un coste muy inferior, pero que finalmente rechazó el anterior alcalde. Ha revelado además la existencia de un escrito de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que comunica la incoación de expediente sancionador por estos vertidos, calificando los hechos como “menos graves”. Un expediente que complementa a otro expediente sancionador, en este caso de la Agencia Andaluza del Agua, que califica también los hechos como “menos graves” y señala que el daño al dominio hidráulico se cuantifica en 75 euros.

El actual alcalde ha mostrado además su sorpresa al encontrar escritos de la agencia IDEA que, en relación a la subvención recibida, afirman que queda constatado que el Ayuntamiento ha llevado una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos pero, sin embargo, no ha ejecutado en su integridad el objeto subvencionado por razones de índole técnico. Asimismo, rechaza justificantes del gasto ejecutado porque “los pagos a los que se refiere habían sido ordenados fuera del plazo de justificación de la subvención y no porque se hubieran empleado en obras que no fueran de saneamiento del PTS”. De igual modo, los técnicos de IDEA han declarado que en 2011 ofrecieron a Ayllón ejecutar y financiar la solución técnica prevista por Emasagra, solicitud que fue rechazada por el exalcalde.

Gerardo Sánchez ha afirmado que estos documentos se han encontrado fuera del correspondiente expediente administrativo que tiene abierto el Ayuntamiento y no han sido remitidos al juez. Además, el expediente no estaba custodiado por funcionarios municipales y se guardaba en el despacho del concejal y presidente del PP, Francisco Cuadros, tal y como acredita una diligencia de la funcionaria responsable del Archivo Municipal. El alcalde socialista ha señalado que se trata de documentos que no interesaban al PP, ya que “evidenciaban la falta de fundamento de la denuncia presentada”.

El actual alcalde ha anunciado además que, a petición del Ayuntamiento, se ha encargado un análisis realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en su laboratorio de referencia que, interpretado por una técnica competente, dice literalmente que el impacto ambiental es “mínimo y casi inapreciable”.

Novedades en el recurso a la moción de censura

Sánchez ha revelado además que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 5 de Granada ha emitido un auto en el que rechaza la medidas cautelares solicitadas por el PP y Ayllón, por lo que avala así la legalidad de todo el proceso que provocó la moción de censura.

El actual alcalde socialista ha animado a Ayllón a que reflexione acerca de por qué ha sido el alcalde más breve de la historia de Armilla y se pregunte si tiene que ver con su “nefasta gestión” y su “ausencia” del municipio de Armilla.