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Esto es para los liberales de papel y cartón
El Gobierno destina otros 41.000 millones de dinero público para ayudar a la banca
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Los ministros De Guindos y Montoro, en una imagen de archivo. (EFE)
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Eduardo Segovia - Sígueme en Twitter 27/08/2012 (06:00h)

Con la que está cayendo, el Gobierno ha elevado en más de 40.000 millones el dinero disponible para avales del Estado en 2012, que se utilizan mayoritariamente para garantizar las emisiones de las entidades financieras y del FROB (Fondo de Reestructuración ordenada Bancaria). De esta forma, el total de avales estatales para este año puede alcanzar 258.278 millones, frente a los 217.043 que recogía la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Así se recoge en el borrador de Real Decreto de reforma financiera que el Gobierno aprobará el próximo viernes (y que puede cambiar hasta entonces). En una disposición final, modifica la Ley de Presupuestos para elevar el tope de avales que puede conceder el Estado. Éstos no computan como déficit público salvo que sean ejecutados -esto es, que se produzca un impago de la deuda por parte del emisor-, en cuyo caso sí se consideran un gasto del Estado.

Dentro de esta cantidad se incluyen las garantías a favor de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF), es decir, las aportaciones de España al fondo de rescate europeo, que ascienden a 92.500 millones. En segundo lugar, aparecen los avales para la banca, que inicialmente eran 55.000 millones. El citado borrador establece que este importe "se reserva para los avales que se otorguen a partir de la entrada en vigor de esta ley".

Las garantías para la banca se han disparado ante las necesidades de liquidez de la banca y el cierre de los mercados, a pesar de la apelación masiva de nuestras entidades a la ventanilla del BCE. Así, en marzo alcanzaron un máximo histórico de 133.000 millones, con un incremento del 35% respecto a diciembre. En teoría, se trataba de facilitar el acceso a la liquidez ante el cierre puntual de los mercados, pero la prolongación de esta situación durante años ha convertido los avales en una fórmula habitual.

Igualmente, inicialmente se contemplaban como una ayuda puntual a un sistema financiero sólido, con lo que no había dudas sobre su devolución. Ahora, después de la intervención o nacionalización de ocho entidades y las fuertes debilidades de otras muchas, el fantasma de la ejecución del aval es algo real. Ahora bien, se supone que el dinero del rescate europeo de hasta 100.000 millones solucionará también este problema y servirá para devolver esta deuda avalada a sus compradores.

Avales para que el FROB rescate más entidades

Esta cantidad también incluye 66.000 millones -que pueden elevarse ahora- destinados al FROB, para que el fondo de rescate bancario pueda salir a los mercados a financiarse con la garantía del Estado. De esta forma, podrá captar más dinero para inyectarlo a las entidades en apuros como ha hecho hasta ahora. Algo que puede elevar los recursos propios actuales del FROB, ya que el apalancamiento del mismo no puede superar en más de seis veces sus fondos propios. Estos en la actualidad alcanzan los 9.000 millones, aunque tiene otros 6.750 dispuestos en los Presupuestos del Estado.

No obstante, con el rescate europeo de hasta 100.000 millones se reduce la necesidad de utilizar estos avales, puesto que el FROB dispondrá de estos recursos del FEEF para inyectarlos en las entidades en apuros. En teoría, el tipo de interés del rescate será muy inferior al que pueda obtener el FROB financiándose en el mercado aunque sea con la garantía del Estado.

Como es sabido, Oliver Wyman determinará en septiembre la cantidad exacta de capital que precisa cada entidad para hacer frente a sus pérdidas en un escenario adverso, con lo que se estimará el importe definitivo total que recibirá el FROB de la facilidad europea. El primer análisis global realizado por esta consultora y por Roland Berger arrojó unas necesidades globales de entre 51.000 y 62.000 millones. El Gobierno espera que la cifra final sea inferior a esta última, si bien tendrá que incluir adicionalmente las pérdidas en participadas y deuda pública, no estimadas en la evaluación de las consultoras.

Esto es intervencionismo del estado para salvar el sistema financiero.