Alhendín - Granada

El PP de Alhendín "está en manos" de los imputados por el caso Marchelo, "la trama de corrupción urbanística más grave que ha existido en la provincia", denunció ayer el alcalde del municipio, Miguel Ángel Gamarra (PSOE), que acusó a la dirección provincial de ser "cómplice", al "conocer y permitir" lo que estaba sucediendo, "como consta" en las conversaciones telefónicas recogidas en el sumario de instrucción del caso.

El regidor hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en la que se mostró "satisfecho" tras conocer que la Fiscalía provincial ha archivado –como ya adelantó este periódico el pasado 10 de octubre– la denuncia interpuesta por los populares por la supuesta ilegalidad en la concesión de las licencias de primera ocupación a las viviendas de la urbanización Novosur, promovidas por FRAi.

Gamarra tildó de "vendeta política" la denuncia de los populares que, además, han repartido octavillas por el pueblo en las que acusaba al PSOE de otorgar ilegalmente los permisos a las viviendas mientras, en paralelo, entregaba a sus propietarios "una carta dándoles la bienvenida".

Tal y como recordó el alcalde, la urbanización Novosur vulneraba la servidumbre aérea de la base de Armilla, lo que originó la apertura de un caso judicial, conocido como Marchelo, que actualmente se encuentra en fase de instrucción y por el que se detuvo al entonces edil de Urbanismo y a otros catorce imputados.

Tras destaparse la presunta trama de corrupción, se paralizó la urbanización y se solicitó el derribo de más de 700 viviendas, lo que habría supuesto, en palabras del regidor, "un desastre" para los ciudadanos que las habían comprado. El Ayuntamiento, ya dirigido por los socialistas, negoció con el Ministerio de Defensa, que instó a la promotora a alargar la pista de la base aérea –una actuación presupuestada en cuatro millones de euros– y a rectificar la altura de los edificios.

Aunque FRAi aceptó esta resolución, la crisis puso jaque la viabilidad económica de la empresa, que amenazaba con declararse en concurso de acreedores, ya que los bancos se negaban a concederle los 4 millones hasta que no obtuviese la licencia. El Ayuntamiento medió entonces con dos entidades financieras para que libraran esa cantidad porque el permiso "estaría garantizado", relató el socialista. "No esperábamos –añadió– el elogio de los populares por resolver un problema que ellos originaron, pero tampoco que nos denunciaran por una interpretación rebuscada del informe de los técnicos municipales".

Así, tanto el secretario como el arquitecto se pronunciaron en contra de otorgar la licencia porque, en su opinión, la autorización debería provenir de la Dirección General de Infraestructuras y no de la Subdirección General de Patromonio del Ministerio de Defensa, como era el caso, un argumento que "no consta en ninguna norma legal", alega el fiscal en el decreto de archivo de la denuncia.

Los populares denunciaron, además, que el permiso se otorgó antes de que Defensa remitiera la documentación. En su escrito, el Ministerio Público entiende, no obstante, que el alcalde se amparó en las conversaciones mantenidas con el departamento y en la constancia del cumplimiento de las condiciones que impuso, por lo que "no puede hablarse" de una resolución "injusta".

El PP reafirmó, por su parte, la denuncia ahora archivada y defendió la actuación de su partido ante las imputaciones que se derivaron del caso Marchelo, ya que "incluso se les apartó de militancia", recordó el presidente provincial, Sebastián Pérez.

Pues eso no es nada, ahora estan buscando a todos los politicos y empresarios de la trama. Y cuando salgan a relucir nuevos nombres no sé que va a pasar. La culpa de todo la tiene Zapatero.