Sant Gregori - Girona

Salt: ¿Fin del Estado de Derecho?

La manifestación convocada para mañana por "Plataforma per Catalunya" (PxC) en la localidad gerundense de Salt ha sido prohibida. Independientemente de que uno pueda estar a favor o en contra de la convocatoria, la decisión del tribunal catalán sienta un peligroso precedente gracias al cual podría resquebrajarse un poco más el Estado de Derecho en aquella comunidad autónoma.

La situación creada parte de la existencia de una fuerte oposición popular a la construcción de una mezquita de inspiración salafista, la rama más agresiva, proselitista y refractaria a la integración del Islam. Que PxC se haya opuesto no es raro, dado que la oposición a la expansión islámica en Cataluña y en otras comunidades autónomas ha recabado siempre un notable apoyo popular de carácter completamente transversal: por motivos en parte similares y en parte diferentes, hasta una persona como Pilar Rahola, extremista de izquierdas y antiguo miembro de ERC, ha desvelado en numerosas tribunas públicas las fechorías del salafismo en Cataluña y ha hecho explícita su firme resistencia. No es posible, por tanto, etiquetar la oposición a la expansión islámica con estrechos epítetos que persiguen confundir y descalificar, antes que comprender el hecho de que existe una importante oposición ciudadana a la construcción de mezquitas. El Estado democrático puede y debe servirse de la legalidad a fin de proporcionar los cauces adecuados para expresar esta inquietud, de la misma manera que se autorizan marchas a otras formaciones políticas: desde las que buscan la "independencia" de la Comunidad Autónoma vasca -éstas de dudoso "pedigree" democrático- hasta otras, plenamente democráticas y legales, que buscan la paralización de unas determinadas obras públicas o la preservación de un ecosistema. Dentro de la legalidad, se supone que el Estado democrático tiene garantizar la expresión de todos, aunque no guste.

Pero, lamentablemente, venimos constatando que ésto no sucede en España en general, especialmente en Cataluña a causa de la gravísima politización de la justicia iniciada con el afortunadamente jubilado fiscal Mena. En general, en los últimos meses hemos contemplado el acoso a la confesión religiosa mayoritaria en España sin que nadie moviera un dedo: en la Universidad Complutense, grupos de extrema izquierda han asaltado y profanado un templo. En Barcelona, los asistentes a misa en una facultad han sido acosados y agredidos físicamente y, escasamente hace una semana, peregrinos de casi doscientos países han visto sus derechos de libre circulación restringidos en Madrid a causa de las agresiones de individuos y grupos organizados, bien de extrema izquierda bien del "lobby" homosexual. Por supuesto, la delegada del gobierno en la capital, Dolores Carrión, así como el complejo mediático-ideológico de la izquierda, desde sus diferentes cárteles, han propiciado la situación apelando a una supuesta "libertad" de la que no goza la manifestación de Salt, convocada por cauces completamente legales a fin de expresar una profunda inquietud popular. En Barcelona, por ejemplo, el fiscal Aguilar "contra el odio y la discriminación" no movió un dedo por los estudiantes catalanes que asistían a misa, del mismo modo que las asociaciones "contra el racismo" o "contra la intolerancia" no han puesto el grito en el cielo a la hora de denunciar el acoso a gentes pacíficas, de toda raza condición, en el centro de Madrid. El doble rasero es tan evidente que pudiera pensarse en la existencia de una auténtica policía política camuflada tras la tramoya institucional del Estado.

En el caso que nos ocupa, la prohibición de Salt se ha realizado apelando a los posibles altercados que sucederían de tener lugar la manifestación. Naturalmente, ni los jueces ni la prensa y mucho menos los políticos, han precisado el origen de esos altercados y han olvidado especificar quién va a producirlos. El razonamiento obvia que los derechos que existen se pueden ejercer y es deber de las instancias del Estado democrático garantizar su libre ejercicio, así como impedir que otros puedan restringirlo. En el colmo del delirio policíaco, tan típico de la izquierda mundial, algunas asociaciones han pedido la filmación de los asistentes en previsión de la "comisión de delitos", olvidando que el "juicio preventivo" y el "juicio de intenciones" no existen en democracia y sí en dictaduras como, por ejemplo, en la Cuba castrista o en la China comunista, de las que muchos de ellos son tan devotos admiradores. La situación resulta tan ridícula como si "Bildu" prohibiera una manifestación conjunta de la víctimas del terrorismo, PP y PSOE, a causa de los incidentes que previsiblemente fueran a producirse con la hiperviolenta "izquierda abertzale", y encima se pidiera la filmación de los asistentes a la manifestación por lo que pudieran hacer o decir.

La situación creada tiene fundamentalmente dos consecuencias. La primera es que lo que se dirime en Salt es mucho más que la oposición a la construcción de una mezquita salafista y a la islamización de nuestro país, algo para lo que no hemos sido democráticamente consultados. En realidad es una doble batalla contra los que vienen a despojarnos de lo que es nuestro -el Islam lleva haciéndolo desde el siglo VII aproximadamente- y contra la policía política de la izquierda, que desde hace al menos dos décadas tiene secuestrada la libertad de opinión en España y en el mundo occidental.

La segunda consecuencia es el grave deterioro de la convivencia, ya que la sentencia judicial que prohíbe la manifestación garantiza réditos políticos a todo tipo de violencia: si quiero coartar el derecho de manifestación de alguien solo tengo que amenazar con agresiones, insultos, etc, dado que los previsibles altercados que se producirán conllevan la supresión automática del derecho de manifestación en unos tribunales ideológicamente condicionados y al servicio del proyecto social e ideológico de la izquierda.

Un último apunte al respecto: cabe preguntarse, ¿qué interés común tienen izquierdistas e islamistas? Lo primero que hay que decir es que a las agrupaciones al uso de tipo catalanista, que recurren al idioma y cultura catalanes como mera cobertura política, bien poco les importa Cataluña. ERC o CiU son catalanas en la medida en que la Cataluña real respeta su proyecto político y no al revés: al parecer, están dispuestos a tolerar una Cataluña islamizada pero no una Cataluña auténtica europea y cristiana, que es como siempre fue Cataluña desde que existe. Por otro lado, su política, más o menos disimulada, de inmigración sin restricciones demuestra que tampoco defienden de manera genuina los intereses del pueblo catalán y que, camuflados tras un lenguaje de tipo filantrópico e imponiéndolo a golpe de código penal y policía, actualizan los intereses del capitalismo global y de la plutocracia, que tiene desde hace tiempo en su punto de mira al Estado de Bienestar y los derechos sociales conquistados por nuestro pueblo.

Naturalmente, los islamistas darían buena cuenta de toda esta "trouppe" de "progresistas", anarquistas, "antirracistas" y gente de "opciones sexuales" variopintas. Pero resulta que en el odio visceral que profesan por la sociedad de la que viven y gracias a la cual medran, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El resultado es que islamistas sinceros convergen oportunamente con comunistas, "antirracistas", ultraliberales y colectivos de gays. Del ataque de todos estos grupos a las estructuras sociales de la Cataluña de siempre solo puede salir beneficiado el capitalismo global para el cual trabajan todas estas gentes, en apariencia altruistas, idealistas y desinteresadas, pero en el fondo profundamente ignorantes. Éste, y no otro, es el fin que persigue la imposición de la sociedad multicultural, esa termitera de esclavos con la que siempre soñaron los reyes del dinero.

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