Olot - Girona

El fiscal actúa contra el entorno financiero de UDC

Querella contra varios ex cargos de una fundación cercana a Unió

La fiscalía ha presentado una querella por apropiación indebida y falsificación de documentos mercantiles contra quince personas, tres de las cuales ejercieron cargos de responsabilidad en la fundación Catalunya i Territori, próxima a Unió Democrática de Catalunya. La dirección del partido ha reiterado la "transparencia" de sus cuentas y ha mostrado su disposición a colaborar con la justicia.

Según el fiscal, los máximos responsables de la fundación urdieron una trama de casi una treintena de empresas, denominada Grupo de empresas IMS, gestionado por los principales querellados, y situaron en un segundo escalón a personas que "carecían de una real vinculación con las empresas, actuando al modo de testaferros".

En su escrito al juzgado de instrucción de Barcelona de guardia, el fiscal presenta querella contra Josep Boqué, presidente de la fundación Catalunya i Territori hasta el año 2007, y los vocales Joan Albert López Sans y Miguel Ángel Cortes, además de otras doce personas.

Otro de los querellados es el administrador de la Constructora Pirenaica (Copisa), José Coronado Mateu, que destinó fondos de su compañía para pagar parte de la deuda de las empresas vinculadas a la fundación por un importe de 1.183.472 euros.

Para justificar la salida de fondos desde Copisa hasta la fundación, los querellados urdieron una nueva simulación de negocio en la que involucraron al también querellado Xavier Soriano Borràs, vinculado, a su vez, a la fundación afín a UDC. Así, Soriano obtuvo un préstamo de un millón de euros de Copisa y, con este dinero, adquirió el crédito que ostentaba la fundación frente al grupo IMS.

El importe total desviado desde la fundación hacia el grupo empresarial IMS S.L. alcanza la cifra de 1.786.651,46 euros, cuyo destino final se ignora, indica el fiscal en su querella.

También está entre los querellados el administrador de la firma Kontrast Produccions, Jordi Cuevas, que vinculó durante la investigación de este caso al diputado de UDC Josep Sánchez Llibre con esta trama aunque la fiscalía general del Estado archivó estas diligencias en marzo de este año.

No obstante, el fiscal indica en la querella que UDC resultaría "inicialmente concernida" en este caso por su condición de beneficiario a título lucrativo, en el supuesto de que a través de la instrucción judicial se acrediten los hechos que sostiene el fiscal.

La fiscalía inició esta investigación a raíz de una comunicación remitida por la Agencia Tributaria y, posteriormente, se añadió un informe enviado por la dirección general de Derecho y Entidades de la consejería de Justicia de la Generalitat, que ha recurrido a la vía civil para pedir la disolución de la fundación Catalunya i Territori.

Según el escrito del fiscal, el grupo IMS solicitó además un crédito del Institut Català de Finances (ICF) de un millón de euros, que no se destinó a los fines que se hicieron constar cuando se pidió, y los responsables del entramado empresarial presentaron facturas falsas emitidas por empresas vinculadas a ellos mismos para dar apariencia de que el destino de los fondos era correcto.

El fiscal también detecta que los querellados López Sans y Cortes Gine idearon un mecanismo para defraudar a diferentes entidades bancarias a través de varias de sus sociedades pantalla, con la apertura de diferentes líneas de descuento en bancos y cajas de ahorro.

Estos dos querellados emplearon las líneas y los créditos abiertos para descontar en ellas un sinnúmero de facturas, todas falsas, emitidas desde las sociedades del primer escalón contra las del segundo nivel. Los bancos y cajas perjudicados por estas operaciones son 24 y el importe defraudado se sitúa en cinco millones de euros o más, se indica en la querella.

La fundación Catalunya i Territori mantenía relaciones de negocio con UDC, ya que cinco de sus locales -en Tàrrega, Lleida capital y Tarragona- estaban alquilados a este partido, aunque desde el año 2005 la propietaria no percibió ninguna cantidad de Unió para el pago de los alquileres.

Por su parte, UDC ha difundido un comunicado en el que indica que "la fundación Catalunya i Territori no tiene ninguna vinculación orgánica con Unió" y que "tampoco hemos mantenido ningún trato con IMS, ni con sus responsables".

Se añade que "reiteramos que no ha habido ninguna financiación irregular de Unió" y que "no hemos recibido ninguna notificación al respecto". UDC manifiesta "su respeto y confianza en la justicia y su predisposición para atender cualquier aclaración para investigar los hechos".

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