Madremanya - Girona

Archivada la denuncia de Manos Limpias contra el tripartito

Los informes que la Generalidad encargaba y pagaba a los partidos que la integran no constituyen, según el organismo dependiente del Gobierno, delito de malversación de caudales públicos, ni de tráfico de influencias, ni de prevaricación.

REDACCIÓN HO/EUROPA PRESS.- La Fiscalía ha situado en vía muerta la nunca aclarada historia de los informes que el gobierno regional catalán encarga y paga con recursos públicos a los partidos que lo componen, o a tapaderas diversas de similar origen.

En 2008 los medios de comunicación destaparon el escándalo: la Generalidad catalana se dedicaba a encargar informes “a personas afines al gobierno del tripartito PSC-ERC-ICV". En aquel año y por este concepto, el gobierno de Montilla, Carod y Saura desvió más de 300.000 euros, que fueron a parar a los bolsillos de esas “personas afines”.

La denuncia del Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias desvelaba un listado de 1.583 trabajos técnicos, documentos e informes que habrían sido encargados por el tripartito a ex diputados, asesores y antiguos cargos del gobierno catalán. Hoy la Fiscalía ha archivado las diligencias.

Manos Limpias acusaba a los responsables del gobierno regional de "presunto delito de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación". Según la Fiscalía de Barcelona, el sindicato de funcionarios no ha presentado suficientes indicios, por lo que da carpetazo a la investigación.

Documentación exhaustiva

La documentación aportada por Manos Limpias recogía noticias aparecidas en medios de comunicación que "avalaban la denuncia formulada por el sindicato". Se presentaron ante la Justicia artículos donde se informaba sobre dos portales de internet, que costaron 295.727 euros y no funcionaban pese a que debían hacerlo; y artículos donde se informaba de que una consejera de ERC encargó un informe de 12.000 euros "a un asesor del partido".

La Fiscalía considera que la denuncia "imputa de un modo genérico a todo el Gobierno de la Generalidad de Cataluña la comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación", basándose en las noticias aparecidas en prensa y "conjeturas" extraídas del presupuesto que la Generalidad destina a la contratación externa.

La investigación de la Fiscalía se limitó a 24 contratos de la Generalidad, ampliados luego a 47, para los que se pidió al gobierno regional los resultados de una auditoría interna.

La Fiscalía niega que exista prevaricación, ya que no ha resultado probado que se tratara de resoluciones administrativas "injustas o arbitrarias". Afirma que tampoco se da un delito de malversación de caudales públicos porque de las investigaciones no se desprende "una conducta de sustracción o apoderamiento de fondos o efectos públicos en beneficio propio o ajeno". Y añade que todos los contratos fueron tramitados por autoridades que disponían de competencias para ello, que los adjudicatarios fueron personas o empresas con titulación y experiencia para la prestación del trabajo y que este trabajo fue realizado.

En cuanto a la acusación de tráfico de influencias, la rechaza de plano porque "responde a meras apreciaciones" de los denunciantes, que intentan "fundamentar tal actuación delictiva en presuntas afinidades políticas o relaciones de amistad entre la administración contratante y los adjudicatarios".

La Fiscalía ha archivado las diligencias y se ha limitado a ha remitir al Tribunal de Cuentas algunos expedientes de contratos realizados por la consejería de Cultura y la de Agricultura, Alimentación y Acción Rural, por si "pudiera existir responsabilidad contable por alcance", al tratarse de trabajos de asesoramiento o de marketing sobre los que se hace "difícil" determinar si el precio pagado es ajustado a la naturaleza del trabajo realizado.

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