Pozoamargo - Cuenca

Un participante en este foro escibió en un mensaje inclido en el apartado PRUEBAS Y ACUSACIONES lo siguiente:

"(...) en Arenys de Munt se ha celebrado un referendum, para votar la independencia de Cataluña. No ha habido ninguna institución que se haya opuesto a la realización de la misma. Hace un tiempo el Sr. Ibarretxe intentó la consulta popular en el Pais Vasco y el Gobierno y los Tribunales se lo prohibieron por considerarlo inconstituonal. Por qué no se aplica el mismo baremo en uno y otro lado. No somos todos iguales? Ese es el problema que yo denuncio, no se miden a todos los ciudadanos por el mismo rasero. (...)"

Lo reproduzco en un tema aparte porque me parece que el caso planteado es muy interesante. En el mensaje siguiente expresaré mi punto de vista.

Apasionante el tema. Sí señor. Hay que decir que en España no está claro que, con el marco legal vigente, se puedan prohibir este tipo de consultas, ni a Ibarretxe ni a un Ayuntamiento. Otra cosa sería que una institución del Estado pretendiera celebrar un referedum, o que pretendiera incluso que este referendum tuviera algún tipo de validez jurídica. Pero no es el caso. El señor Ibarretxe no pretendía realizar un referendum sino una "consulta popular", que es distinto, ni tampoco aspiraba a que esta consulta tuviera validez. Él mismo se casó de decir que su consulta no tendría repercusión ni validez jurídica. Era sólo una consulta planteada a la ciudadanía. Lo mismo cabe decir del Ayuntamiento de Arenyns de Munt. La ley española permite a las instituciones realizar consultas populares, y se hacen muchas a instancias sobre todo de Ayuntamientos sobre la conveniencia o no de poner un nombre a una calle, regular el tráfico en un cruce mediante semáforos o mediante rotondas, etc. El hecho de prohibir la consulta de Ibarretxe se debió, exclusivamente, a la cuestión sobre la que se preguntaba: la independencia. Yo dudo que esta prohibición sea del todo legal, en un país libre y democrático no debería existir censura sobre las cuestiones a plantear, en esto se nota que somos un país libre y democrático, incluso me atrevería a decir que esto es lo que hace a un país libre y democrático. Pero los tribunales piensan de otro modo y no consienten consultas sobre temas delicados. Y hay que acatarlo. La actuación de las instituciones en Arenyns de Munt es idética a la de Ibarretxe. A instancia de parte (la Delegación del Gobierno en Cataluña en este caso), la Audiencia Provincial de Barcelona prohibió al Ayuntamiento prestar cualquier apoyo o sede a la consulta. De hecho, fue esta actuación de las instituciones políticas y judiciales la que hizo que los organizadores de la iniciativa se llevaran las simbólicas urnas del centro muncipal en el que querían realizar la consulta a la sala de estar de una señora jubilada que creo se llamaba Julia. Como se ve, el trato dispensado por parte de la instituciones a la consulta de Ibarretxe y a la de Arenys de Munt es idéntico. Ahora bien, una vez hecho esto y emitido el auto de prohibición, ninguna institución del Estado puede prohibir que un particular o un grupo de particulares pregunte lo que quiera a otro particular o grupo de particulares, hasta ahí podíamos llegar. No hay nada que el Estado pueda hacer para impedirlo, y yo me alegro. Lo contrario sería propio de estados totalitarios y regímenes dictatoriales. Por mucho que me repugne personalmente la cuestión de la independencia hay que aceptar este tipo de iniciativas. O mejor dicho, precisamente porque me repugna este tipo de iniciativas, las acepto. En esto se distingue a un demócrata. Pienso. Un saludo.

Estoy de acuerdo en líneas generales, pero hay que ser muy ingenuo para creer que la consulta de Ibarretxe no iba a tener repercusión. Esa consulta, en el caso de salir "sí" a la independencia, por mucho que no tuviera validez jurídica, abocaba al Estado a un escenario peligroso, pues crearía dentro del País Vasco un problema de convivencia civil de enormes dimensiones, mucho mayor que el que ya existe, y de difícil control. Además dificultaría tremendamente la estrategia del Estado en el aislamiento de ETA en el exterior, entre otras consecuencias. Un Estado, como el español, no sólo tiene derecho a impedir este tipo de actuaciones, que ponen en grave riesgo y menoscaban la autoridad del Estado dentro del propio territorio, sino que tiene la obligación de hacerlo. Una cosa es ser demócrata, y otra tontoelhaba. Con perdón. Un Estado debe, por tanto, prohibir a sus instituciones acciones que menoscaben su autoridad. Ahora, estoy de acuerdo en que no puede, ni debe, prohibir a sus ciudadanos que, a título particular, opinen o actúen como quieran (siempre dentro de la legalidad, por supuesto).

Les va a dar igual. Messi acabará en el Madrid y la mitad de los de Arenys, volverá a su pueblo de Extremadura, La Mancha o Anda-lucia.
Lugares de donde tendrán que beber agua de botijo porque Francia no les hará trasvase desde el Ródano.