Casas de Benítez - Cuenca

Atención a la astronómica cifra que pagamos todos los castellano-manchegos por la herencia del PSOE
El diputado nacional por Toledo y presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, Agustín Conde, ha asegurado que "el PSOE de García-Page es el responsable de que todos los años los castellano-manchegos tengamos que destinar 1.300 millones de euros para pagar los intereses de la deuda que contrajeron los socialistas".

En este sentido ha afirmado que, con este dinero al año se podrían hacer 45 centros de salud, 45 colegios, un plan de empleo para todos los parados de Castilla-La Mancha y pagar la paga extraordinaria a la totalidad de los funcionarios, así como atender todos los compromisos de la Ley de Dependencia, ha informado el PP en nota de prensa.

En rueda de prensa, el diputado nacional por Toledo ha defendido las medidas que está llevando a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy, que son "imprescindibles para que España no se hunda".

Así, ha manifestado que "no hay otro remedio, porque España necesita equilibrar sus cuentas, como necesitan hacerlo en las comunidades autónomas y como también lo está haciendo Castilla-La Mancha

La herencia Y tu que te lo creeras

Pues si,y con muchos como tu asi nos va.

ja,ja,jaja, que sabrás tú de mí raphelillo

Ni lo se ni me importa,no hay que ser muy tonto para adivinar de que pie cojeas,eso si,repito que no me importa cada uno es y defiende lo que quiere.

Aqui tienes otra muestra de lo que se ha gastado y por lo tanto deuda.

Las universidades andaluzas, a la cabeza de prejubilaciones ilegales
Ha supuesto un gasto de 13,7 millones de euros al Estado.
El Tribunal de Cuentas abre diligencias contra siete universidades andaluzas - las de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla -, por el reparto de incentivos a la prejubilación de sus docentes que sólo en los años 2007, 2008 y 2009 ha supuesto un gasto de 13,7 millones de euros. Fue la Fiscalía la que advirtió de posibles responsabilidades contables en los premios de jubilación de las universidades andaluzas citadas y también en una veintena más de universidades españolas.
Según el Tribunal de Cuentas los incentivos recibidos por los profesores universitarios son presuntamente ilegales y permiten en ciertos casos, según El Mundo, que los jubilados cobren el doble de la pensión más alta legalmente establecida suponiendo un fuerte coste para el erario público.
El supuesto rejuvenecimiento de las plantillas, fin de esta añagaza prejubilatortia, es considerado por el Tribunal totalmente injustificado y contrario al espíritu del legislador, que incluso ha promovido un retraso en la jubilación de docentes e investigadores, prorrogando de forma opcional su vida activa hasta los 70 o creando la figura del profesor emérito, con el propósito de aprovechar el valor de la experiencia.
Destaca la Universidad de Córdoba porque lleva repartiendo estos incentivos desde 2002 y su modelo se extendió por las demás Universidades andaluzas menos la de Málaga y la Pablo de Olavide de Sevilla. La investigación del Tribunal de Cuentas afecta, en realidad, a 33 universidades de todo el país.
En el informe del Tribunal de Cuentas sobre el sector público autonómico en los años 2006 y 2007 ya se detectó la irregularidad si bien en informes anteriores del Tribunal ya se había mencionado la existencia de "premios" injustificados a la jubilación.
Los incentivos pagados a profesores y catedráticos, a veces extendidos al propio personal administrativo de las Universidades, carecen de cobertura normativa y, a pesar de ello, se habían extendido por bastantes universidades españolas.
El Tribunal ha recabado datos de las cantidades repartidas en los años 2007, 2008 y 2009. En este periodo, ha sido la Hispalense la universidad española que más dinero ha destinado a pagar a sus profesores para que se jubilaran de forma anticipada, nada menos que 6,4 millones de euros. Se trataba de que los docentes prejubilados entre 60 y 70 años pudieran seguir cobrando su sueldo íntegro a cambio de quedarse casa. El único requisito es tener cumplida la edad mínima y demostrar 30 años de servicio.

En estos tres ejercicios auditados, 108 docentes e investigadores aceptaron la oferta de prejubilación anticipada y también en 2010, 2011 y 2012 se convocaron prejubilaciones "premiadas". Ésta última convocatoria ha sido posteriormente suspendida, a raíz de que se conociera la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas. Pero la Universidad de Sevilla sigue abonando los complementos a las pensiones de los prejubilados en todas las convocatorias anteriores.
En Sevilla, 71 docentes se habían jubilado por adelantado cobrando estos incentivos en el año 2011 (datos que no están recogidos en el informe del Tribunal de Cuentas y que aporta El Mundo). Los incentivos recibidos podrían llegar a superar los 300.000 euros por docente, lo cual el Tribunal de Cuentas considera una cantidad desproporcionada e incluso ‘insolidaria’ teniendo en cuenta los esfuerzos que la crisis está obligando a hacer no sólo al personal funcionario sino al asalariado en general.

Aunque el Tribunal de Cuentas no establece responsabilidades penales puede exigir la devolución al erario público de las cantidades defraudadas, cantidades que no tienen cobertura legal y que han servido para "dar alternativas satisfactorias a un buen número de profesores partidarios de su jubilación voluntaria anticipada, sin tener suficientemente en cuenta el interés común de la propia universidad y del conjunto de las universidades".
Entre las irregularidades detectadas, está el que los incentivos o premios de jubilación son aprobados por los consejos de gobierno de las universidades, que carecen de competencias para ello; además, la situación genera un agravio comparativo con respecto a trabajadores de las propias universidades, a otros funcionarios, y al resto de los trabajadores en general sometidos a una pensión máxima.

De concluirse que los incentivos son ilegales, puede pedirse la devolución de todas las cantidades distribuidas, desde el año 2006 hasta hoy.