Villanueva del Rey - Cordoba

Supongo que más de uno recordará la famosa frase empleada por Alfonso Guerra hace ya bastantes años: “Montesquieu ha muerto”. Y en verdad, cuánta razón tenía el todavía diputado por el PSOE al Congreso de los Diputados y Pte. de la Comisión Constitucional del Congreso, porque si analizamos fría y mínimamente el presente y el pasado de nuestra “democracia” observaremos que la independencia de los tres podres (ejecutivo, legislativo y judicial), que deberían conformar toda democracia, según Montesquieu, no sólo brillan por su ausencia sino que es una auténtica quimera.

Pero de los tres supuestos poderes del Estado, el menos independiente sin lugar a dudas es el Judicial, que a juzgar valga la redundancia, por su actual situación, no es que no sea el más independiente, que no lo es, sino todo lo contrario, su dependencia el Ejecutivo es casi total.

En 1985, a poco de comenzar la primera legislatura del PSOE, con Felipe González como Presidente del Gobierno (adalid de la “izquierda española”), se llevó a cabo la reforma más importante que se conoce, en cuanto al control político del sistema (o supuesto estado de derecho). Ni más, ni menos, que la modificación de la LOPJ y por ende de la CE, en lo referido a la elección de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial (el Gobierno de los Jueces y Magistrados), 10 por el Congreso y 10 por el Senado, contrariamente a lo establecido anteriormente en el art. 122.3 de la CE modificado por aquel entonces.

Para algunos entre los que me encuentro, después de lo de Tejero que, como es conocido sólo se quedó en el intento, aquello representó un verdadero golpe de estado, la muerte del supuesto estado de derecho y de la democracia.

De este modo, con la mayoría absoluta en el Congreso y Senado y la palanca de la Fiscalía General del Estado aquella maniobra del “gran timonel de la izquierda”, suponía gobernar de facto sin oposición judicial, que no es poca cosa.

Indudablemente con ello, se había producido la muerte ex profeso del estado de derecho, que por desgracia no hemos vuelto a conseguir, gracias a la perversa, como malévola maniobra política del “felipismo”, que los gobiernos de Aznar tampoco se atrevieron a modificar, porque naturalmente también a ellos les interesó tener a sus pies a los integrantes del Gobierno de los Jueces (CGPJ).


Continuó la “judicialización/politización” de la vida social y económica del país, con casos tan importantes como el famoso “antenicidio” (la adquisición fraudulenta de Antena 3 radio por PRISA) y, el caso SOGECABLE, en el que se vio implicado el Magistrado Gómez de Liaño, condenado en primera y segunda instancia por prevaricación y, como consecuencia de ello apartado de la carrera judicial, posteriormente absuelto por el Tribunal de Estrasburgo. Jesús de Polanco máximo accionista de ambas sociedades y fiel aliado de los gobiernos de la época, dejaron en clara evidencia la manipulación política y la intromisión del Ejecutivo en la judicatura.

Luego los históricos vaivenes del TC y sus bochornosas implicaciones políticas, dividido en “ganaderías” políticas (PP,PSOE,CIU…), recientemente desnudadas con recusaciones cruzadas por todos los partidos políticos que participaron en la elección de sus miembros, en el recurso al Estatut de Cataluña. Así como, la todavía a día de la fecha, absurda e inexplicable falta de renovación, a pesar de la reciente dimisión de tres de sus miembros, son sólo parte de su viciada idiosincrasia jurídico/política.

Y el CGPJ tan enfermizo y con las mismas afecciones, por no decir más, que el TC, amputado también por la falta de renovación de sus miembros.

El Tribunal Supremo, que sólo lo es de nombre, como así lo demuestran tantos y tantos casos en los que el TC ha tumbado infinidad de sentencias del denominado Alto Tribunal. Algunas no exentas de gran polémica, por entrar en el fondo del asunto más allá de la función meramente constitucional.

Las Presidencias de las Audiencia Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia politizados también hasta el tuétano judicial.

Y qué decir de los Juzgados y Tribunales de la denominada Administración de (in)Justicia en general, el colapso y el caos al que intencionadamente diría yo, se les está sometiendo por parte del Gobierno y de los Gobiernos de las distintas CC.AA con competencias asumidas, por la falta de medios materiales y, últimamente también humanos, inutilizando la función que le viene encomendada por el CE (art. 24) y la LOPJ de servicio público esencial al justiciable y a la ciudadanía española. Hacinándose los expedientes en las oficinas judiciales y, “durmiendo” muchos de ellos “el sueño de los justos”, por la imposibilidad de los funcionarios de hacer frente a tanto expediente judicial y a tanta carga de trabajo.

Finalmente, la separación de poderes ha devenido en una quimera, admitida ya por todos los partidos políticos, instituciones, ciudadanos y opinión pública en general, y la peor consecuencia de ello, es el sometimiento del Poder Judicial como herramienta clave para el mantenimiento del estado del cambalache y de la corrupción, a la que repugnantemente gran parte de los mencionados aspiran, para perpetuarse en el poder y/o enriquecerse vilmente.



Utopia.2
BCN