Hornachuelos - Cordoba

¿Es que nadie tiene nada que decir del caso de los ERES? Para mi es todo un notición que se vaya esclareciendo el asunto.

https://ww.rtve.es/noticias/20130322/juez-alaya-califica-ere-trama-corrupta-verdadero-negocio/622660.shtml

Si

No he dicho nada por que ya se sabia de que iba todo,ahora esta dicho por la autoridad pero ya se sabia,pero si es bueno que lo pongas por si.

Julio Anguita considera el escándalo de los ERE en la Junta de Andalucía "una flor más" dentro del bosque "de la corrupción institucional que se ha asentado en el país desde hace 30 años". Pero ve "un agravante", porque piensa que supuestamente se ha jugado con ayudas para el empleo. "Esto es un robo que hay que atajar. Pero con el agravante de que se ha hecho con el dinero para los parados, con lo cual, me parece incluso un escarnio público", asegura por teléfono el histórico dirigente de IU.

Anguita opina que este caso de presunta corrupción en la administración autonómica acabará teniendo consecuencias políticas, "cuando la Justicia decida el destino de cargos en el PSOE". En su opinión, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, queda muy tocado políticamente por su gestión en este caso. Hay que tener en cuenta que Griñán fue además consejero de Economía entre 2004 y 2009, por tanto, el responsable final de las partidas presupuestarias de la Junta.

"Griñán está quedando muy mal. Si hubiese hecho una investigación interna para depurar responsabilidades, tendría credibilidad. Pero la comisión de investigación no ha esclarecido nada y eso marca el descrédito".

“La subjetividad en la concesión de ayudas públicas”. Es uno de los axiomas que utiliza la Guardia Civil para explicar el sistema que permitió incontables desmanes durante una década en la Consejería de Empleo. El Grupo de Delincuencia Económica ha entregado su particular biblia sobre el escándalo de los ERE a la juez instructora, Mercedes Alaya. Y en 300 páginas condensa los protagonistas (dirigentes socialistas, empresarios, sindicalistas, comisionistas, familiares beneficiados por un nepotismo extremo...), el modus operandi y por qué falló la fiscalización de las cuentas públicas hasta permitir un agujero de al menos 85 millones mal concedidos. En un caso que acumula 52 imputados, este resumen del atestado policial condensa 10 años de supuesta corrupción:

» Procedimiento. En 2001 se ideó un convenio para conceder las ayudas directas a empresas y subvencionar los ERE “para prácticamente eliminar las posibilidades de fiscalización (...) facilitando así el descontrol absoluto de las ayudas”. Un sistema de ingeniería contable para conceder ayudas millonarias “basándose en decisiones discrecionales que nada tenían que ver con necesidades objetivas, sino más bien con intereses personales”. El ejemplo más claro es el de dos exconcejales socialistas conectados al entonces consejero y ahora diputado del PSOE José Antonio Viera, cuyas sociedades recibieron 29 millones. Viera concedió a las empresas de la Sierra Norte sevillana, comarca en la que vivió, 50 del total de 73 millones concedidos para toda la comunidad. Es decir, 30.000 habitantes recibieron el 70% de las ayudas destinadas a ocho millones de andaluces.

Los ejemplos son sonrojantes y el ex director general de Trabajo y brazo ejecutor, Javier Guerrero, dio subvenciones al churrero de su pueblo, al propietario de la gasolinera donde repostaba y a su chófer (1,3 millones) entre otros. “Aglomerados Morell utilizó la ayuda para la compra de cerdos y no para políticas de empleo”, subrayan los investigadores.

En esa lluvia de millones de la época de vacas gordas, al margen de las ayudas directas, Empleo subvencionó las prejubilaciones de los ERE. Y ahí sacaron tajada los intermediarios y las consultoras, que aplicaron comisiones desorbitadas con el consentimiento de la Administración. Todos ganaban: el director general ofrecía el dinero público para pagar el ERE y hasta los abogados del empresario, los sindicatos con su correspondiente comisión, los prejubilados que se iban a casa con pólizas millonarias y los consultores que gestionaban los pagos. “Al Hotel Cervantes se le aplica una comisión del 19,95% frente al 3,18% que sería la media del mercado, lo que supone una comisión superior a la media en 1,4 millones”, subraya la Guardia Civil.

En ese desbarajuste, los protagonistas de la trama beneficiaron “a personas vinculadas políticamente, familiarmente o por razones de amistad a distintos funcionarios o cargos públicos” mediante “ayudas no publicitadas”. Es decir, intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) entre los que figuraban Victorina Madrid, suegra del ex director general que firmaba las ayudas, y Rafael Rosendo, exalcalde socialista que sucedió a Guerrero.

» Vigilancia del sistema. ¿Cómo es posible que la fiscalización no detectara los abusos? El atestado subraya cómo Empleo ideó un opaco sistema mediante las transferencias de financiación que no permitía a la Intervención General auditar sus cuentas. La consejería ordenaba pagos a la agencia pública Idea, pero el expediente del pago permanecía en Empleo, por lo que el interventor ignoraba que en la mayoría de los casos no existía siquiera convenio ni la compañía había solicitado la ayuda. “El problema es el control”. Es la excusa que esgrimió el ex interventor general Manuel Gómez para justificar a sus subordinados. “Las subvenciones para los ERE no se refleja en el presupuesto, es decir, se ha perdido el rastro en el presupuesto. Se ha dado el dinero como asignación global sin necesidad de justificar”, relató.

La Intervención nunca emitió informes de actuación, un código rojo que habría alertado del menoscabo de fondos públicos. Los agentes consideran que debían haberlos redactado para detener el sistema de ayudas por los indicios recabados, y sobre todo porque Empleo nunca siguió las recomendaciones de los interventores, y estos estaban obligados a alertar de su incumplimiento pasados seis meses.

Además, la instrucción destaca que los informes que emitió la Intervención debieron ser remitidos al titular de la Consejería de Economía y Hacienda, entre 2004 y 2009 el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Así lo estipula la ley, pero la Junta ha reiterado que Griñán no fue informado de las deficiencias pese a que autorizó ampliaciones presupuestarias por 40 millones para los ERE.

» Responsabilidades. El informe policial señala “el papel esencial” de Viera para promover la mayoría de “las subvenciones ilícitas”. El diputado [consejero de Empleo entre 2000 y 2004] es aforado, por lo que su imputación trasladará el caso al Tribunal Supremo. Su sucesor, Antonio Fernández, exconsejero entre 2004 y 2010 y en prisión preventiva, es señalado como el hilo conductor que permitió los desmanes. “No solo conocía y estaba informado de la concesión de ayudas individuales, sino que fue la persona que efectivamente explicó a los sucesivos directores generales la posibilidad de su concesión”, detallan los agentes, que le acusan de mentir en su declaración judicial. Además, en 2009 recibió un informe del bufete Garrigues “con conclusiones demoledoras” que destacaba la elusión del control financiero y la falta de competencias de Guerrero para conceder las ayudas. “No traslada los hechos al juzgado ni al ministerio fiscal a pesar de su gravedad”.

La Guardia Civil señala asimismo a los miembros del Consejo de Gobierno andaluz por conocer “el sistema utilizado, participando en mecanismos que lo harían viable”. El fondo ha costado a la Junta 1.217 millones, intereses de demora incluidos.

Los desmanes de Guerrero (asimismo encarcelado) requirieron “la activa colaboración de algunos de sus subordinados que se aprovecharon de las debilidades del sistema”. Además de su chófer y sus dos secretarias destaca el exparlamentario socialista Ramón Díaz, que según el atestado gestionó la inclusión de seis intrusos. Díaz tramitó seis expedientes, cuatro de los cuales misteriosamente han desaparecido y dos se rehicieron tras su salida de Empleo. “Hay que poner orden y hablar esto pero sin ruido”. Fue la consigna que recibió de sus superiores el ex director general Juan Márquez, sucesor de Guerrero. Y este dio continuidad a los acuerdos de su antecesor.

En 2010 accedió al cargo el actual director general Daniel Rivera, al que la Guardia Civil acusa de actuar “sin procedimiento” y pagar abonos sospechosos. Los investigadores le achacan que les ocultara datos comprometedores de los ERE. “Los expedientes reclamados no se mandaron tal cual estaban en la DGT (...) se sacó de los expedientes documentación de interés”.

Tambien creo que se "Omitió clamorosamente y de manera continuada el procedimiento legal (...) desviar fondos públicos para su lucro personal (...) una absoluta falta de diligencia (...) permitió el enriquecimiento de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos andaluces". Estos argumentos sirvieron a la juez del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, para decretar la madrugada del sábado prisión provisional para el ex director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero. Alaya estima que podría fugarse debido a las "presiones externas" de terceros a los que podría "perjudicar claramente".

Después de tres días de declaraciones, prolongadas durante 20 horas, la juez justificó su decisión en la "relevancia" del testimonio de Guerrero, dada la precaria situación económica y personal que padece y la gravedad de los delitos que le achaca. Para Alaya, a pesar de que el inculpado ha colaborado con la justicia, aún conoce hechos delictivos que no ha desvelado a la investigación.

El ingreso en prisión del principal imputado supone un punto de inflexión fundamental en el caso, no solo por la fecha crítica en que se produce, a solo dos semanas para las elecciones. Es también un aviso a navegantes para los otros 51 imputados, una medida que refleja la gravedad que la instructora otorga a los delitos supuestamente cometidos por Guerrero, y una demostración de fuerza de una instructora cuya imparcialidad ha cuestionado la Junta y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha salido a defender.

La magistrada justifica su medida, muy cuestionada por todas las defensas, con el extenso relato de 36 páginas que enumera los desmanes de Guerrero atesorados por la Guardia Civil. El escrito de Alaya pone negro sobre blanco la gestión irregular del ex director general a lo largo de casi 10 años de su peculiar carrera política después de su etapa como alcalde de El Pedroso (Sevilla), localidad a la que acudía cada noche pese a trabajar en la capital andaluza. Guerrero no se olvidó de sus vecinos y amigos, y El Pedroso y sus localidades vecinas recibieron una tremenda lluvia de millones: dos tercios de los 75 millones en ayudas directas a empresas recayeron en la Sierra Norte de Sevilla (30.000 habitantes). El resto del territorio andaluz se repartió los 25 millones restantes.

Después de 14 meses de investigación, la juez subraya en su auto de prisión que ahora "verdaderamente surge el riesgo de fuga" de Guerrero por "las penas que llevan aparejados" los delitos que le imputa (hasta 18 años de cárcel la malversación y cohecho continuados). Además, la magistrada subraya la "repercusión mediática del caso y la evidente alarma social creada", y enfatiza la pérdida de "cierto arraigo social y laboral" de Guerrero, al no poder reincorporarse como funcionario de la Junta, que suspendió su reingreso tras las Navidades. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la prisión por las irregularidades que Guerrero cometió a lo largo de casi una década (entre 1999 y 200. A la fiscalía se le sumaron las acusaciones de la Junta, el PP, UGT y el sindicato ultraderechista Manos Limpias.

Como medida cautelar para hacer frente a la responsabilidad civil, la fiscalía había pedido una multa de 933 millones. Este dinero incluye las ayudas directas a empresas y para ERE concedidas por la Consejería de Empleo, y que Anticorrupción considera están dadas por un procedimiento ilegal. La Junta sigue defendiendo que el sistema (transferencias de financiación en vez de subvenciones excepcionales, que tienen un control más estricto) es legal.

Ante la petición de cárcel del fiscal, surgió la unanimidad de las defensas, una circunstancia excepcional, que consideraron desproporcionada la medida por la ostensible colaboración con la justicia que ha demostrado Guerrero, y su nulo riesgo de fuga. Pero Alaya ignoró la unanimidad y dictó un auto en términos muy duros sobre los graves delitos de los que le acusa.

La juez destaca cómo el ex director general de Trabajo "en connivencia con otros" aprobó 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas a empresas pese a conocer su "absoluta falta de competencia" para ello. El objetivo era obviar "los férreos controles" de la Intervención General de la Junta, conocidos por el inculpado, "sus superiores" y las personas que colaboraron con Guerrero. La mención a sus "superiores" podría conllevar la ulterior imputación del diputado socialista y aforado José Antonio Viera.

La instructora destaca cómo "de manera manifiestamente injusta y arbitraria" concedió ayudas públicas para favorecer a familiares o amigos, personas próximas al entorno de altos cargos de la Junta o del PSOE, "partido que gobernaba y gobierna en dicha comunidad autónoma". Además, Alaya subraya cómo estas ayudas contravienen la normativa europea y los empresarios a menudo no presentaron ni siquiera solicitud para recibirlas.

El auto destaca la "absoluta discrecionalidad" en la concesión de ayudas con una total carencia de publicidad y que limitaba un derecho objetivo para que los empresarios de provincias distantes de Sevilla, como Almería o Granada, accedieran a estas subvenciones. "El otorgamiento implicaba que las mismas solo se concedieran a las personas físicas o jurídicas cercanas a la Administración Autonómica". Alaya utiliza palabras gruesas para la presunta malversación cometida por Guerrero, con la connivencia de sus superiores, al menos del exconsejero Antonio Fernández y el exviceconsejero Agustín Barberá. El ex consejero Viera no está imputado en la causa y en caso de que lo fuera, el Tribunal Supremo asumiría esta investigación. "Una distracción continuada de dinero público, un absoluto dispendio dilatado lamentablemente en el tiempo, para favorecer a personas o entidades", concluye la juez.

La juez detalla cómo Guerrero incluyó intrusos en multitud de ERE y concedió numerosas ayudas directas a empresas para las que ignoró el procedimiento legal, por lo que incurrió en una supuesta malversación y prevaricación continuada. El ex director general está acusado de cohecho y Alaya recuerda cómo recibió entre 40.000 y 60.000 euros por parte de su exchófer, Juan Francisco Trujillo, que declaró a la policía que juntos habían malgastado parte de 900.000 euros de dos subvenciones en cocaína, fiestas y copas. "Ambos acudían a establecimientos de copas, consumiendo alcohol y cocaína a diario que Juan Francisco Trujillo pagaba con el dinero de las ayudas públicas", denuncia Alaya. Esta señala cómo Guerrero recibió regalos como antigüedades, un piano, artículos de telefonía o ropa. Por último, achaca a Guerrero dos delitos de falsedad en documento oficial al falsear la fecha del protocolo de colaboración con la empresa Acyco, así como al mentir en la narración de los hechos en el convenio de colaboración del expediente de una empresa de su exchófer. Es la única ocasión en la que Alaya le acusa de mentir.

"Debía conocer por su contacto prolongado y diario que el mismo no tenía posibilidades personales y materiales, ni conocimiento, ni tiempo, para montar una fábrica de muebles, por lo que difícilmente podía contratar a trabajadores de una empresa anterior". Guerrero también cometió presuntamente un delito de falsedad en documento mercantil al inducir a Trujillo a falsificar la firma de su madre para recibir las rentas de la póliza que le consiguió por 122.000 euros.

Alaya alerta de que la lista de intrusos se incrementará "a medida que avance la investigación con muchos otros nombres". Asimismo, la juez denuncia las "importantísimas comisiones" superiores al 15% que cobraron las mediadoras Vitalia y Uniter, y el sistema de pagos cruzados que utilizó Guerrero para priorizar pagos a las empresas.

La concentración de ayudas en la Sierra Norte sevillana, comarca de donde procede Guerrero, es muy llamativa y Alaya enumera cómo este benefició a las firmas de su territorio: de 75 millones en subvenciones directas, 50 millones fueron a parar a compañías de esta zona pese que solo tiene 30.000 habitantes. Alaya enumera cómo favoreció a familiares (su suegra percibió una póliza de 200.000 euros) y numerosos amigos, entre ellos el exalcalde e intruso Rafael Rosendo y su hijo José Enrique Rosendo, cuyas firmas cobraron 12 millones.

Buen articulo,aunque un poco largo pero hay algunas cosas que desconocía,gracias por el aporte.

Hasta la narices dechorixoz

Que barbaridad, así estamos como estamos, por una parte nos asfixian a impuestos y por otra las ayudas para quien menos la necesita. Anda que así íbamos a levantar cabeza.
Gracias por las informaciones.

Y que esto lo hagan gente de políticas de izquierdas.

Para que veas si saben, tantos años el pueblo dividido entre derecha e izquierda y ellos tan....¿a su bola?

Aqui ya no hay derecha o izquierda, son todos unos chorizos. Y que salgan adiciendo que por unos pocos no todos son malos, eso es mentira en cuanto llegas al poder corrupto as de ser.

Bueno al final con tanto cabreo no le he dado la enhorabuena por el articulo a deverdaquesi.

Como leches ha podido amasar el sinvergüenza del sindicalista ese del caso al que nos referimos,nada mas y nada menos que 13 millones de euros?este mundo esta loco,ciego o que pasa,donde están los inspectores en estos casos tan bárbaros,esto es lo que se esta cargado el sistema la cantidad de chorizos que hay.

Esto es lo que se está cargando el sistema y posiblemente se cargue la política, si no me equivoco esto le viene muy bien a las multinacionales, cuando se carguen del todo el sistema político, camparán a sus anchas. Ojalá esto no ocurra nunca.

Ojala y creo que es imposible que eso ocurra,lo que se van a cargar del todo es a la clase obrera.

Hola Mario solo decirte que si puedes corrijas el error del titulo ya que el nombre del juez es "Alaya".
Por todo lo demas totalmente de acuerdo aqui nos roban por to los laos, ya ni sindicalistas ni politicos no se en quien vamos a confiar.

Un saludo.

Gracias por tu corrección, pero no sé como arreglarlo, seguro que me volverá a ocurrir, si me equivoco hasta cuando la nombro jajajajaja....

a ver si de una vez alguien les da duro a estos chorizos

Y a los de aquí quien les da,un pueblo de 4700 habitantes con 4 liberados,alcaldesa cobrando 2300€ mas seguridad social 2900,el 1º teniente de alcalde 2000€ mas seguridad social 2600€ y dos concejales que cobran 1600 mas seguridad social 2100€,que pagamos los melojos y unas dietas de 16.000 € anuales cuando se estimaba que fuesen de 5000€ y lo mas importante haciéndolo en una situacion sin precedentes con una tasa de paro del 33% ,empecemos a barrer nuestra casa cuanto antes que esto no se puede permitir.

tengo que reirme.jajajajajaja,burros.

Parece que en mercasevilla también pecaba alguno del pp.

https://ww.diariodesevilla.es/article/sevilla/1542644/alaya/corrige/su/error/y/cita/dos/hermanos/banez.html