Hinojosa del Duque - Cordoba

El gobierno que se haga cargo de la Junta de Andalucía tras las elecciones de marzo tendrá que hacer frente a una factura de más de 2.500 millones de euros con empresas proveedoras, al margen de las facturas no contabilizadas, que en el PP temen puedan revelar un importante agujero añadido. Los empresarios andaluces ya dan por perdido los pagos pendientes en esta legislatura, al ver que en los presupuestos no hay partidas suficientes para afrontarlas. Y el Gobierno andaluz ha rechazado la propuesta de Javier Arenas para crear una comisión que, independientemente del partido que gane las elecciones, garantice un calendario de pagos a empresas.

Los impagos afectan sobre todo a compañías de la construcción, sector que puede terminar este año con el cierre de hasta 2.000, y aproveedores del sistema sanitario, entre otros. En los últimos meses se han producido llamadas de atención a la Junta tanto desde las organizaciones sectoriales como desde la propia Confederación de Empresarios de Andalucía. Sin embargo, los afectados ni siquiera han podido comprometer al Gobierno andaluz en una mesa de pagos que al menos garantice que se va a respetar la Ley de Morosidad, que obliga a las administraciones a abonar sus deudas a proveedores en un plazo máximo de dos meses.