Hinojosa del Duque - Cordoba

La más de 150 organizaciones de la Cumbre Social, impulsoras de esta solicitud de "consulta vinculante", han empezado este lunes a recoger firmas

Las más de 150 organizaciones de la sociedad civil que conforman la llamada Cumbre Social, entre ellas los sindicatos CCOO y UGT, han presentado este lunes la comisión que impulsará la petición al presidente del Gobierno de una consulta popular sobre sus recortes. Una exigencia "justificada", aseguran los promotores, por el inclumimiento por parte del Ejecutivo de las propuestas con las que el PP se presentó a los comicios del 20 de noviembre de 2011. "No se puede concurrir a las elecciones con un programa y gobernar con otro" es el lema elegido por la Cumbre Social para esta campaña.

La plataforma ha recibido el espaldarazo del mundo de la cultura y la universidad en un acto celebrado en Madrid en el que se han empezado a recoger las primeras firmas a favor de esta consulta. Así, juristas como Carlos Jiménez Villarejo o José Antonio Martín Pallín, escritores como Almudena Grandes o Ramiro Pinilla o historiadores como Julio Aróstegui, Fanny Rubio, Ángel Bahamonde o Rosa María Capel forman parte de una comisión que "impulsará" y "supervisará" esta campaña. También participan en este grupo el politólogo Vicenç Navarro, el exrector de la Complutense Carlos Berzosa o el periodista Máximo Pradera.

Berzosa, que no ha dudado en calificar a la actual como una "democracia secuestrada" por los mercados, ha exigido al Gobierno que mantega la inversión en educación, sanidad o investigación. "No hacerlo –ha remachado– es hipotecar el futuro del país". Además, ha recordado que el referéndum está contemplado en la Constitución y que llevarlo a cabo supondría "recuperar la dignidad" ya que, ha dicho, los ciudadanos han perdido la capacidad de decidir con su voto.

Por su parte, Pradera ha afeado al Ejecutivo que haya incumplido la "palabra dada" a los ciudadanos con sus promesas electorales y ha acusado a Rajoy de, con sus medidas, estar "deteriorando la democracia" en España.

La Cumbre Social también remitirá una carta a Mariano Rajoy. En la misiva, leída por Almudena Grandes, los miembros de la plataforma, "en nombre de la ciudadanía", cuestionan la legitimidad del Ejecutivo por ganar las elecciones con un programa electoral donde no constaban los "brutales recortes" que después ha llevado a cabo. Así, en base al artículo 92.1 de la Carta Magna, reclaman la celebración de una "consulta popular vinculante" sobre los recortes en un contexto de "deterioro" de los derechos laborales y sociales y las redes de protección de los ciudadanos.

"No estamos planteando nada estrafalario. Ningún gobernante democrático debería temer la consultas populares", plantean los integrantes de la Cumbre Social al jefe del Ejecutivo en plena ola soberanista en Catalunya.

Recogida de firmas
La recopilación de adhesiones a esta petición de consulta ha comenzado este lunes. Está previsto que, en los próximos días, se coloquen mesas en centros de trabajo, de salud, educativos... y también en calles y plazas de todo el territorio español. Además, se puede firmar a través de internet en la página web exigimosunreferendum.com.

Carta al presidente del Gobierno exigiendo

Señor Presidente del Gobierno de España:

Nos dirigimos a usted en nombre de la ciudadanía y del profundo malestar que experimenta ante la situación de deterioro político, económico e institucional en el que nuestro país parece a punto de naufragar.

No cuestionamos la legitimidad de su gobierno, pero queremos hacer constar que la legítima victoria electoral que el PP obtuvo el 20 de noviembre de 2011, se fundó en un programa donde no constaba ninguna de las medidas que usted ha aplicado desde entonces, con el pretexto de resolver la atroz crisis económica que padecemos sin lograr otra cosa que agudizarla aún más.

En su programa electoral ni siquiera se insinuaban los brutales recortes que han sufrido las inversiones y servicios públicos de nuestro país. Tampoco se anunciaron en el debate de investidura, y a partir de entonces, los miembros del gobierno que usted preside se han dedicado a desmentir sistemáticamente sus propias políticas, en un ejercicio de hipocresía sin precedentes desde la instauración de la democracia española. Como consecuencia de sus prácticas, amplios sectores de la sociedad sentimos que nos hallamos ante un flagrante incumplimento del "contrato electoral" establecido entre el PP y sus votantes. Y consideramos que esta situación sólo puede resolverse democráticamente si el programa de gobierno que antes ignorábamos y ahora padecemos se somete a consideración de los mismos electores que le llevaron al poder.

El deterioro al que están siendo sometidos los derechos sociales y laborales y las redes de protección, los recortes en materia educativa, sanitaria y de servicios sociales, el deterioro y abandono al que se ve sometido el medio rural, el empobrecimiento de la mayoría de la población, la eliminación de derechos de las mujeres, la injusticia de las medidas que se vienen adoptando y la constatación de que los más ricos y poderosos de nuestro país no sólo no contribuyen a paliar esta situación, sino que están consiguiendo eludir sus responsabilidades, y hasta enriquecerse aún más a costa de todos, están alimentando un sentimiento de indignación popular que se traduce en una profunda animadversión hacia quienes aplican unas políticas que agreden a los ciudadanos en lugar de proteger sus intereses. En esta situación, afrontamos un serio y creciente riesgo de desafección democrática -como ha quedado reflejado en la última encuesta del CIS-.

Parte de la desafección que siente la ciudadanía hacia las instituciones democráticas se justifica por la distancia que se percibe entre lo que los representantes políticos dicen cuando están en campaña electoral y lo que hacen cuando llegan al poder, en cómo se ejerce la actividad política y en la relación que instituciones y formaciones políticas establecen con los ciudadanos.

Por estas razones, y amparándonos en el artículo 92.1 de la Constitución española, que establece que: "Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos", reclamamos que se celebre una consulta popular vinculante acerca de los recortes que están cambiando la realidad de nuestro país y la vida cotidiana de sus habitantes.

Su gobierno no puede seguir escudándose en el argumento de que los ciudadanos les votaron para superar la crisis y que las medidas que ahora aplica van en esa dirección. Porque si los ciudadanos queremos que se supere la crisis, también queremos y tenemos derecho a saber cómo se hará, qué supondrá en nuestras condiciones y expectativas de vida, y si los esfuerzos a realizar se practicarán de forma equilibrada.

El 20 de noviembre nadie pudo pronunciarse sobre el abaratamiento del despido, sobre la individualización de las relaciones laborales, sobre los recortes en educación, sanidad y servicios sociales, entre los que figura la atención a la dependenia, sobre el incremento de los impuestos, sobre la reducción de salario y pérdida de empleo en las administraciones y empresas públicas, sobre los recortes en dependencia, sobre la reducción de las prestaciones por desempleo... Esos son los temas responsables de que muchos de sus votantes se sientan estafados por su gobierno. Nuestra iniciativa pretende darles la oportunidad de opinar sobre lo que su campaña y su programa electoral les escamoteó hace un año.

No estamos planteando nada estrafalario. Ningún gobernante democrático debería temer las consultas populares, y además, existen precedentes. En la década de los ochenta el Gobierno socialista, pese a contar con una mayoría absoluta de 202 diputados, sometió a referéndum la entrada de España en la OTAN. Se trataba entonces, como ahora, de una decisión política de especial trascendencia que no había figurado previamente en su programa electoral.

Volvemos a encontrarnos ante "decisiones políticas de especial trascendencia", ya que pueden limitar drásticamente el ejercicio de derechos civiles garantizados por la Constitución de 1978. Si entonces los ciudadanos fuimos llamados a aprobarla en referéndum, ahora nadie debería negarnos la oportunidad de volver a opinar sobre las modificaciones que, de hecho, los recortes imponen a aquel texto. Si a esto le añadimos el efecto universal de unas medidas que padecemos todos los españoles sin que ninguno de nosotros haya podido opinar sobre ellas, nadie puede extrañarse de que pidamos al Gobierno que usted preside que convoque un referéndum en el que la ciudadanía pueda expresar libremente su opinión sobre si este es el camino a seguir para superar la crisis.