Espiel - Cordoba

¿No se ha enterado nadie de esto?

"Esto es otra cosa", "no hay lógica empresarial", "prefieren que les intervengan a la fusión". Desde que comenzaron las negociaciones entre la arruinada Cajasur -596 millones de euros de pérdidas en 2009, 114 millones acumulados ya en el primer trimestre de este año-, todos los interlocutores de la entidad cordobesa advertían de la irracionalidad con la que los representantes de la Iglesia católica seguían la negociación. Anoche esta "locura", como la denominó un miembro del consejo, cruzó un punto de no retorno. El presidente de Cajasur, el sacerdote Santiago Gómez Sierra, defendió en el consejo de administración celebrado anoche la intervención del Banco de España en vez de la fusión con Unicaja.

El argumento del que se valió fue que no se había alcanzado un acuerdo laboral total en la entidad por lo que consideraba que no se había cumplido con los compromisos pactados y también que no se fiaba del presidente de la entidad malagueña, Braulio Medel.

Por una mayoría de 11 votos a favor, ocho en contra y una abstención, el consejo de la caja fundada por la Iglesia católica rechazó la fusión con Unicaja y optó por ser intervenida por el Banco de España. Los 11 votos que optaron por la intervención fueron los de los seis sacerdotes que están en el consejo, los de cuatro impositores y el del representante Aspromonte, el sindicato de la caja y afín a la Iglesia.

Los contrarios a la intervención intentaron disuadir a los partidarios de una decisión que puede suponer la liquidación de la caja cordobesa, que se encuentra al borde de la bancarrota (el año pasado perdió 596 millones de euros), pero sus argumentos fueron desoídos. El presidente de la entidad cordobesa, el sacerdote Santiago Gómez Sierra, llevó la voz cantante de la reunión y defendió la intervención del Banco de España. Uno de sus argumentos fue que no se fiaba de Medel, con quien ha mantenido constantes enfrentamientos en los meses que ha durado la negociación entre las dos cajas andaluzas.

Córdoba, Málaga, Sevilla y Madrid. Desde esas cuatro ciudades se vivió ayer de manera agónica el que parece ser el último capítulo del proyecto de fusión entre la cordobesa Cajasur y la malagueña Unicaja. Con la espada de la intervención del Banco de España sobre la cabeza de la entidad controlada por la Iglesia católica y también sobre la de sus gestores, los consejos de administración de ambas entidades se pronunciaron de manera distinta, una vez que no se había cerrado del todo un acuerdo laboral. Unicaja se había dado una semana de plazo para cerrar "los flecos" del pacto. En un comunicado emitido anoche a las 22.30, Unicaja daba luz verde a la integración: "El Consejo de Administración de Unicaja ha aprobado hoy [por ayer] el proyecto de fusión de Unicaja con Cajasur. La aprobación definitiva del proyecto de fusión queda vinculada a la aprobación del mismo por las Asambleas Generales de las dos cajas, la efectiva materialización e irreversibilidad de las ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos, y a la obtención de las autorizaciones administrativas pertinentes". Cuando parecía que Cajasur iba a emitir un comunicado similar, la entidad controlada por la Iglesia se descolgó rechazando la fusión.

Desde Unicaja siempre se ha defendido la necesidad de cumplir a rajatabla el plan estratégico que implica un ahorro de costes laborales al año de 57 millones de euros. "Peor que la no fusión es una mala fusión", insistían desde la entidad malagueña.

Los dos consejos estaban convocados a las seis de la tarde y dos horas más tarde también estaba citada la comisión ejecutiva del Banco de España, a la que se le pidió una prórroga en vista de la tardanza en alcanzar un acuerdo con los sindicatos de las dos entidades. El supervisor estaba preparado para dar de inmediato la orden de intervenir Cajasur en el caso de que los consejos no ratificasen su integración. Al cierre de esta edición, la Junta de Andalucía estaba esperando una comunicación del Banco de España ordenando la intervención de la caja.

La situación de Cajasur, que cerró 2009 con unas pérdidas de 596 millones de euros, obligaba al Banco de España a intervenirla dado que todos sus coeficientes se situaban por debajo de los legalmente exigibles. Su única tabla de salvación para evitar el hundimiento era Unicaja.

El plan laboral contemplaba un ajuste de la plantilla en 1.224 personas a través de rebajas retributivas, prejubilaciones y bajas incentivadas. Las cajas pusieron 200 millones de euros en la mesa a repartir entre el millar de trabajadores que se acogiesen a las bajas, "con una media de 200.000 euros por persona".

"Dios escribe derecho con renglones torcidos". Quizá esta frase de Santa Teresa defina mejor que ninguna otra la insólita decisión del consejo de administración de CajaSur de rechazar la fusión con la malagueña Unicaja, aun sabiendo que la intervención del Banco de España sería inmediata al no poder arriesgarse a la retirada masiva de fondos cuando la entidad controlada por la Iglesia católica abriese sus puertas el lunes.

Una medida, por tanto, incomprensible para cualquiera; un suicidio en toda regla o, como se ha definido en estas páginas, el harakiri. Sin embargo, para los canónigos que forman parte del consejo -y donde gozaron ayer de mayoría gracias al apoyo de los impositores- su inmolación ha sido el último servicio para una caja que el Cabildo Catedralicio de Córdoba fundó en 1864. Y es que saben que, además de enfrentarse a acciones judiciales, su decisión les quitará el poder y los privilegios que hubiesen conservado en la caja fusionada, pero a cambio logran algo que, según dicen, consideran más importante: no serán los ejecutores del despido de setecientos trabajadores de CajaSur.

Volviendo a la frase de Santa Teresa, su argumento es que gracias a este 'sacrificio' es posible que la plantilla permanezca intacta, algo que consideran fundamental en una coyuntura como la actual y en una de las provincias con más paro de todo el país. Una cuestión que está por ver, pues lo que le pide el cuerpo al Banco de España es hacer una limpia monumental y mandar un aviso al resto de entidades rebeldes. Pero es en este punto en el que la Iglesia se guarda una carta: ¿serán capaces el Gobierno y la Junta de Andalucía -ambos en manos socialistas- de encajar que un millar de personas vayan a la calle cuando en la otra caja intervenida (CCM) se han mantenido todos los puestos gracias al dinero público y con una situación financiera aun peor?