Encinarejo de Córdoba - Cordoba

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Martínez Múrez, durante un juicio anterior en la Audiencia.
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El exalcalde la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo, Miguel Martínez Múrez (PA), se sentará próximamente en el banquillo de los acusados por justificar presuntamente de forma fraudulenta distintas subvenciones de la Junta de Andalucía. Por estos hechos el fiscal lo acusa de la presunta comisión de un delito continuado de fraude, un delito continuado de falsedad y un delito de prevaricación, por los que se enfrenta a una pena de seis años de prisión y 16 años de inhabilitación especial para empleo o cargo publico.

El escrito del fiscal detalla que Martínez Múrez, en calidad de alcalde, solicitó el 17 de febrero de 2000 una subvención para la construcción de la obra municipal denominada Mirador Panorámico, cuya ejecución había sido adjudicada a una constructora cuyo representante legal también está acusado en esta causa -J. M. H.-. El exalcalde para justificar la subvención aportó junto a la solicitud una factura expedida por la constructora por un importe de más de 60.400 euros en la que se incluyeron gastos como 15.600 kilogramos de acero en perfiles laminados, cemento o faldón de chapa de cobre.

El fiscal señala que la relación de materiales era "ficticia" y que nunca llegó a dispensarse por parte de la entidad adjudicataria. De modo que la factura fue aprobada por resolución dictada por el exalcalde de Encinarejo y confeccionada de común acuerdo con el otro acusado para justificar la subvención que fue concedida por la Delegación de Turismo y Deportes de la Junta en el mes de mayo de 2000. El importe total obtenido de forma fraudulenta ascendió a más de 41.480 euros, que se ingresaron en las arcas de la entidad local.

Con posterioridad, la constructora de J. M. H. cesó en la ejecución de la obra del Mirador Panorámico y se adjudicó a otra entidad de la que era representante legal F. J. F. R., acusado también en esta causa, que continuó con el proyecto. Así, según el fiscal, el 2 de febrero de 2004 esta constructora expidió la primera certificación de obra por un importe que ascendió a más de 51.300 euros y fue entonces cuando Martínez Múrez, de común acuerdo con F. J. F. R., decidieron sustituir ficticiamente los conceptos de dicha certificación. De este modo, según señala la Fiscalía, en el documento se detalla que debían abonarse 43.179 euros a cuenta de dicha certificación para su aplicación en otra obra municipal diferente, denominada sendero culturista camino del soto, y no a la del Mirador Panorámico. El fiscal señala que la obra del sendero culturista ya había sido ejecutada con anterioridad por parte de los trabajadores del PER.

El objetivo era justificar así una nueva subvención de la Junta en base a la factura alterada, que fue aprobada por resolución dictada por el exalcalde de Encinarejo el 6 de septiembre de 2004 y presentada ante el órgano pertinente. La entidad local percibió de forma indebida en el mes de enero de 2004 más de 26.000 euros, divididos en dos partidas de 19.543 euros y 6.514 euros. Este dinero fue ingresado en las arcas de la entidad local entre el 25 de junio y el 15 de diciembre de 2004.

La Fiscalía detalla que las facturas presentadas al cobro de la constructora de F. J. F. M. por la construcción del Mirador no coinciden con el concepto de éstas ni con el total presupuestado, de modo que "no se corresponden con la realidad". Además, en la calificación provisional, la Fiscalía señala en la segunda adjudicación de la obra no se aportaron al expediente administrativo los preceptivos informes técnicos y jurídicos, no se constituyó una mesa de contratación, ni se realizó publicidad, por un presupuesto inicial de 126.212 euros, una cantidad que duplicaba a la de la primera inversión aprobada (59.259 euros). La finalidad, según el fiscal, era beneficiar a la constructora y "conseguir que se aviniera a expedir la documentación torticera".

Por estos hechos, el fiscal pide para Martínez Múrez una pena de seis años de prisión y seis años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público por el delito de fraude en concurso medial con el delito continuado de falsedad. Además solicita el pago de una multa de 24 meses con una cuota diaria de 20 euros. Por el delito de prevaricación solicita para el acusado 10 años más de inhabilitación para empleo o cargo público.

Para J. M. H. M. y F. J. F. R. la Fiscalía pide para cada uno tres años de prisión por un delito de falsedad en documento público y un delito de fraude. Además para J. M. H. M. solicita la inhabilitación para obtener subvenciones públicas y contratar con organismos públicos por tres años y para F. J. F. R. por tiempo de cinco años.