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El Defensor insta a Igualdad a revocar contratos de mediadores interculturales de los centros de protección de menores
M.B. SEVILLA
Actualizado Viernes , 04-12-09 a las 08 : 56
Nuevo varapalo a la política emprendida por la Junta de Andalucía de externalizar los servicios, esta vez a a cuenta de los contratos en los centros de protección de menores de las delegaciones provinciales de la consejería de Igualdad y Bienestar Social.
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha realizado una recomendación al a consejería que dirige Micaela Navarro para que modifique la relación de puestos de trabajo y revoque la encomienda de gestión del personal contratado en estos centros.
El escrito de Chamizo, firmado el pasado 24 de noviembre, se produce tras una queja del Sindicato Andaluz de Funcionarios que había denunciado la progresiva externalización de la administración de la Junta. En este caso se concretaba en la existencia de trabajadores contratados con carácter de personal laboral por la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y que realizarían sus tareas en los servicios de protección de menores de las delegaciones provinciales de Igualdad. Se trata de personas que desempeñaban tareas de mediación intercultural para menores extranjeros no acompañados. La Junta argumentaba que en la relación de puestos de trabajo de las delegaciones provinciales no existía la figura de mediador intercultural.
Sin embargo, el Defensor responde que no existe fundamento legal alguno que impida la creación de dichos puestos en la RPT de la consejería y que esas tareas deben corresponder al personal de la Delegación de los centros de protección de menores.
Además recuerda que el estatuto básico del empleado público recomienda que estas tareas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos . Y le advierte de que la flexibilidad en la contratación de terceros ajenos a la Función Pública aducida por la administración como elemento para mejorar la atención «no es sino una forma solapada de crear una administración paralela, a través de fundaciones adscritas que, recurriendo a la figura de la encomienda de gestión realizan iguales funciones que las destinadas a los propios funcionarios». E insiste el Defensor en que las encomiendas «podrían ser nulas de pleno derecho» porque vulneran la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
Por ello recomienda a Igualdad que adopte las medidas oportunas para modificar la relación de puestos de trabajo incorporando puestos a los que se asigne esa funciones de mediadores.
Además se insta a revocar la encomienda de gestión realizada a favor de la Fundación de Servicios Sociales y requerir a la fundación que acredite formalmente ante la consejería el procedimiento selectivo realizado para la contratación de todo el personal que presta servicios como mediadores interculturales. También le pide que en las próximas encomiendas se garantice la protección de los derechos constitucionales y basándose en los principios de igualdad y legalidad. Y le pide a Igualdad que conteste en el plazo de un mes.
Hace unas semanas, el TSJA le ordenó que paralizase otra contratación

En las últimas semanas se suceden los varapalos a la política de «engorde» de la administración paralela y de creación de contratos externos para prestar servicios que deberían realizar los funcionarios. El TSJA, en un reciente auto de la sala de lo contencioso administrativo, ordenaba la suspensión cautelar de la encomienda de gestión de la Junta a la empresa Sadesi. Se trataba de una sociedad mercantil adscrita a la Consejería de Innovación y en la que la Cámara de Cuentas descubrió numerosas irregularidades. El auto dejaba claro que este tipo de contrataciones a empresas públicas son «contrarias a la Ley y suponen el reflejo de la huida del derecho administrativo que está experimentando la Administración andaluza variando de contenido las atribuciones y funciones de los funcionarios públicos».