Baena - Cordoba

Detenido por blanqueo de capitales Díaz Ferrán, uno de los ‘padres idelógicos’ de las privatizaciones
PASCUAL GARCÍA | 3 DE DICIEMBRE DE 2012



Imagen de archivo de Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de CEOE, deternido esta mañana por un delito de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. / Javier Lizón (Efe)
El ex presidente de la patronal española y auténtico valedor de los sectores más ultraliberales de la derecha madrileña –y española-, Gerardo Díaz Ferrán, ha sido detenido esta mañana. La policía se ha presentado a primera hora en su casa y se lo ha llevado acusado de los delitos de blanqueo de dinero y ocultación de bienes. Y no se trata de una detención cualquiera, porque Díaz Ferrán representó durante su mandato en CEOE los ‘valores’ más conservadores de la derecha política y económica.

Díaz Ferrán llegó a la presidencia de CEOE tras ocupar la de la patronal madrileña, CEIM, desde donde fue un defensor a ultranza de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, igual que lo ha sido después su sucesor en CEIM y vicepresidente de CEOE, Arturo Fernández.

Recuerdo que durante la conferencia de prensa que siguió a su nombramiento, los periodistas nos encontramos con un hombre muy inseguro ante los medios… y muy moreno, eso sí, no sé si por su vinculación al sector turístico. Después de años identificando la voz de José María Cuevas con la del presidente de la patronal, este nuevo patrón de patrones, que pronto hizo bueno a su predecesor, se presentaba ante los medios con un discurso tosco, muy básico, primario, un discurso que no hacía presagiar nada bueno.

Tras su intervención llegaron las preguntas de los periodistas y planeaba en el ambiente la sensación de que solo era necesario insistir un poco y que don de Gerardo de Díaz de Ferrán -como le llamaban algunos periodistas-, acabaría cayendo como fruta madura. Y así fue. El nuevo presidente de la patronal se enredó con una pregunta sobre la situación del país y concluyó con una frase que estos días parece estar poniendo en práctica el Gobierno regional con la Sanidad madrileña: “la mejor empresa pública es la que no existe”. Son personajes como Díaz Ferrán o más recientemente el director general de Hospitales de la Consejería de Sanidad de Madrid, Antonio Burgueño, los que están consiguiendo, por ejemplo, que algunos hospitales de la Comunidad de Madrid estén en peligro de echar la persiana como servicio público una tarde y la suban al día siguiente como negociete.

La imagen del ex presidente de la patronal detenido por blanqueo de dinero dice mucho de por dónde van las cosas en esté país y de la catadura moral de ‘algunos empresarios’, que declaran por el día su amor a España, a la bandera, a lo que sea, y por la tarde se llevan el dinero a los paraísos fiscales.

Díaz Ferrán, que ha llevado a la quiebra a la práctica totalidad de las empresas que ha dirigido, a pesar de hacerlo con mano de hierro -o quizás por eso, entre otras razones-, tiene todavía cuentas pendientes con la Justicia. La operación que hoy nos ocupa está relacionada con la investigación iniciada a partir de la querella presentada por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia contra los antiguos propietarios de la agencia de viajes Marsans (Gerardo Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual), su nuevo dueño, Ángel de Cabo, y la empresa Possibilitum por la comisión de delitos de alzamiento de bienes y ocultación apresurada de sus bienes personales.

Díaz Ferrán está además incurso en varias causas judiciales, entre ella, una por la concesión de un crédito de 26 millones de euros por parte de Caja Madrid, y por la que tenía una citación judicial este mismo miércoles.

En su currículum consta también el dudoso honor de dejar tirados en el Aeropuerto de Madrid a cientos de inmigrantes que habían ahorrado durante meses o años para comprar un billete de avión del que no pudieron disfrutar para regresar a sus países durante las navidades del 2009 … Entonces, Díaz Ferrán se limitó a decir que si él hubiera sido uno de ellos lo que no habría hecho en ningún caso sería comprar un billete de esa compañía, Air Comet, su compañía. Sin más.

En el caso de que sea finalmente juzgado y condenado, don de Gerardo siempre tendrá la opción de esperar el ‘indulto Mariano’, tan socorrido en estos tiempos duros que nos ha tocado vivir. Eso no sé si son mamandurrias o qué son.

Una de sus operaciones refleja muy bien como funcionan las cosas por los pestilentes altares de España...

Este señor tenía un megacrédito con Caja Madrid, impagado, hasta ahí nada de que asustarse, la cuestión es que este señor era Consejero de dicha entidad financiera....y pidió otro megacrédito (circunstancia prohibida en los Estatutos de la Caja), la Caja se lo concedió (supongo que los analistas de riesgos aparecieron amordazados debajo de sus mesas), aunque, eso sí, le exigieron que lo avalase, que no sea todo pisar la hierba...y este señor lo avaló...con acciones que ya había pignorado (prenda/pignus) con Banesto tiempo atrás....

no se dieron cuenta????,toda una pléyade de sesudos financieros, curtidos en milloens de expedientes y notarías no detectaron que el aval era un chiste de gin tonics???????????....oye, pues no. Estaban a punto de ganar la Champions League de las finanzas..estaban concentraos

Más bien conchabaos, diría yo.Si de esta manta infesta de garrapatas se tirase de algún hilo, saldría sangre de media España.

Grande Anguita. Un fenómeno; lástima que haya muy pocos como él.

A la patronal se le ve el plumero

04 dic 2012 Compartir:
Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla

La detención del anterior presidente de la patronal española, acusado ahora de blanqueo de dinero, alzamiento de bienes e insolvencia punible y tras una larga serie de escándalos empresariales protagonizados incluso bajo su mandato, es un buen motivo para reflexionar sobre el papel que los empresarios y sus dirigentes patronales desempeñan en nuestra sociedad.

En cualquiera que sea el sistema económico con el que uno se identifique (capitalismo, socialismo, comunismo…) la empresa tiene una función esencial. Entendida como la organización que se dedica a la producción de bienes y servicios no tiene sustituto posible en la inmensa mayor parte de los casos que conocemos, bien sea poniéndolos a disposición del mercado, del estado, de la colectividad por cualquier otro medio, o de alguna autoridad central. Es verdad que no es la única forma de obtenerlos pero sí que resulta prácticamente insustituible a poco que los procesos de producción se hagan algo complejos.

Sin embargo, la ignorancia y el papanatismo ideológico que tanto abundan han generado una confusión muy habitual que ha hecho que la empresa, y por ende la figura del empresario (o empresaria, porque creo que cuando se habla de empresas es cada vez más necesario subrayar el papel de las mujeres) sea muy mal comprendida y mucho peor apreciada. Tantos los izquierdistas de salón como los defensores fundamentalistas del capitalismo suelen identificar erróneamente a los empresarios con los capitalistas y más concretamente con el tipo de capitalismo que impera en cada época o en cada economía. Un error manifiesto porque es obvio que puede haber empresas en donde la propiedad no sea la privada o incluso empresas puramente capitalistas en donde los valores o la forma de gestión de los recursos predominantes no esté guiada exclusivamente por la avaricia o el afán de lucro. Una confusión aciaga y que tiene mucha más trascendencia de la que pudiera parecer cuando la difunden personas de gran influencia pública.

Para crear riqueza y empleo y para proporcionar ingresos y satisfacción a los seres humanos son imprescindibles las empresas y puede ocurrir que nada de eso se consiga en la medida necesaria si unos las rechazan porque ven en ellas a su enemigo capitalista y si, al mismo tiempo, otros entienden que lo único que hay que hacer para fomentarlas es fortalecer el capitalismo y, en particular, un tipo de empresa capitalista (jerárquica, social y ambientalmente irresponsable, empobrecedora, o ineficiente por muy rentable que sea) con el que es muy difícil que la inmensa mayoría de la sociedad se sienta identificada.

Lo primero le pasa a muchos sindicalistas y líderes políticos de izquierdas, que no se dan cuenta de que entre los empresarios (por ejemplo los que ahora están realmente al borde del abismo por culpa de los bancos y de las grandes empresas) pueden tener a muchos aliados, o que si se dedicaran a promover la creación de empresas de otro tipo (cooperativas, sociedades laborales, autogestionadas, etc.) avanzarían mucho más aceleradamente hacia la sociedad alternativa a la que aspiran.

Lo segundo es lo que creo que le viene pasando a la patronal española en los últimos años. Ha estado y está dominada por personas cuya trayectoria no ha sido precisamente la que podría servir a la sociedad como referencia de la excelencia, el riesgo y el buen hacer productivo de un empresario ejemplar. Y no me refiero solo a sus presidentes sino a los más de 35.000 liberados (por cierto, casi 8,5 veces más de los que tienen los sindicatos) que mantienen las diferentes organizaciones patronales.

El caso de Gerardo Díaz Ferrán es una muestra paradigmática de ello. Es decir, de que la patronal española refleja a un tipo carpetovetónico de empresario que tiene muy poco que ver con el que de verdad crea riqueza y con el que sería necesario promover para lograr que en nuestro país nos liberásemos alguna vez de la mentalidad dependiente y del terrible “¡que inventen ellos!”.

Ferrán y tantos otros empresarios instalados en la cúpula del poder empresarial, son en realidad buscadores de rentas que defienden el mercado cuando hablan ante los micrófonos pero que solo saben ganar dinero aliándose con la clase política más corrupta y que solo compiten a la hora de dar comisiones. Son los que piden austeridad a los demás pero que inflan las cuentas del Estado cuando se quedan con contratos públicos gracias a los políticos a los que han comprado. Son los que dicen que los servicios públicos son insostenibles mientras se llevan a espuertas el dinero que han ganado a costa de su militancia política a paraísos fiscales para no pagar impuestos.

Los líderes de la patronal que no tienen en la boca propuestas distintas a reducir salarios, como Díaz Ferrán, son en realidad enterradores de empresas y no verdaderos líderes empresariales. Con tal de sacarle las castañas del fuego a las grandes compañías de quienes reciben votos, favores y dinero a mansalva, vienen defendiendo políticas económicas que han arruinado a miles de pequeños y medianos empresarios que son los que realmente crean empleo porque la desigualdad a la que dan lugar arruina sus mercados y destruye sus clientelas.

¿Cuándo hemos oído a un dirigente empresarial español reclamar a sus colegas que hay que investigar más, que hay que ser creativos y producir con calidad, que la asunción del riesgo y la innovación es lo que distingue a una buena empresa y no el número de pelotazos conseguido o el número de despidos, y que no basta con bajar sueldos para ser competitivos?

Los dirigentes de la patronal española están continuamente diciendo que tiene que haber más empresarios y critican que los jóvenes no quieran serlo.

Yo estoy completamente de acuerdo con esa demanda aunque entiendo perfectamente por qué no hay más empresarios y empresarias en España. De hecho, lo hablo a menudo con los jóvenes a quienes enseño en la universidad o con los que trato en otros lugares.

A mi juicio hay dos grandes problemas que lo impiden. El primero es que no hay capital suficiente. Los dirigentes de la patronal olvidan a menudo que para que haya empresarios no basta con que existan herederos. Es imprescindible que haya dinero, aunque no sea lo único que hace triunfar un proyecto empresarial, y eso no es lo que se consigue precisamente con las políticas que defienden. Pero también otro tipo de capital muy importante: social, cultural, relacional, también buena educación, formación adecuada, ingenio en el ambiente social. Y resulta que la política que viene defendiendo la patronal española destruye este capital. Se dedica solo a privilegiar el que ya dispone una ínfima parte de la población o a financiar medios de comunicación y centros de estudio como negocio que adocenan, desmotivan y maleducan. Y, como en estos últimos años, a proporcionar dinero fácil a base de especular y de estafarse unos a otros.

El segundo problema es también determinante. Mientras que los líderes de la patronal se presenten a la sociedad como cancerberos de la derecha, como escuderos de los proyectos políticos más reaccionarios y conservadores, o mientras sean simples delincuentes, como en el caso de Ferrán, mientras a los líderes de la patronal se les vea tanto el plumero político ¿cómo vamos a pedir que haya más empresarios entre todo tipo de jóvenes o entre personas honestas de todas las tendencias?

Los sindicatos, nunca han tenido ni siquiera que disimular...no jauria?...

Veo que ni siquiera has leído el artículo, es tan largo ... ¿verdad?

No salen muy bien parados los sindicatos ni la CEOE en este artículo,que sin embargo y para tu conocimiento no demoniza indiscriminadamente a los empresarios. Buen artículo, claro que para opinar, primero hay que leerlo.

El “expolio” social del que no se habla

nuevatribuna.es | Vicneç Navarro | 07 Diciembre 2012 - 05:22 h.
Un argumento utilizado por los independentistas catalanes para defender la tesis de que Catalunya tendría más recursos si se independizara de España es que España está “expoliando” a Catalunya. No voy a entrar en este artículo en este tema, sobre el cual he escrito extensamente en varios artículos mostrando que el escaso desarrollo social de Catalunya no se debe al supuesto expolio nacional sino al enorme poder que las derechas catalanas y españolas han tenido y continúan teniendo a los dos lados del Ebro, situación responsable del subdesarrollo social de Catalunya y de otras partes de España, como documento en mi libro El Subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias, Anagrama. 2006. En este artículo quiero centrarme en la existencia de un expolio del cual ni los nacionalistas de los dos lados del Ebro ni nadie más están hoy hablando, ni en Catalunya ni en España. Es el expolio de una minoría -lo que solía llamarse la burguesía financiera e industrial- al resto de la población, y que está ocurriendo a lo largo de todo el territorio español, incluyendo Catalunya. Tal minoría no está contribuyendo al Estado (tanto central como autonómico) lo que contribuyen todos los demás. Si pagara al Estado lo que pagan todos los demás, la cifra resultante para toda España sería de más de 30.000 millones de euros al año, con lo cual podríamos haber evitado hacer todos los recortes de gasto público y social que están dañando de una manera muy acentuada el bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población en general y de las clases populares en particular, tanto en Catalunya como en el resto de España. (Ver el informe del Observatorio Social de España, El impacto de la crisis en las familias y en la infancia. Ariel. 2012).

Para entender la naturaleza de este expolio, hay que entender cuáles son las fuentes de ingreso más importantes al Estado que incluye, como he señalado en el párrafo anterior, no sólo el Estado central, sino los Estados autonómicos. Pues bien, cuatro son las fuentes más importantes: una son los ingresos derivados de los impuestos sobre las rentas, primordialmente del trabajo, o IRPF (que es un impuesto que paga la mayoría de la población trabajadora); la otra fuente son los impuestos sobre el capital que afectan a un grupo muy minoritario de la población (predominantemente los burgueses y los grandes empresarios); la tercera fuente son los impuestos sobre el consumo, IVA, que toda la población, independientemente de sus ingresos, paga cuando compra algo, y que es sumamente regresivo; una cuarta fuente son los impuestos especiales que, como su nombre indica, son impuestos para fines concretos; y, finalmente, otra categoría que se define como “otros impuestos”.

Pues bien, según el excelente informe de la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras (uno de los centros de estudios más rigurosos que publica periódicamente informes que cuestionan la credibilidad del conocimiento producido por los centros de estudios financiados por la Banca y la Gran Patronal, como FEDEA), escrito por el economista Manuel Lago (y del cual extraigo la mayoría de los datos que presento en este artículo), los ingresos derivados del IRPF en España, desde el último año antes de que se iniciara la crisis, 2006, hasta el año 2011, crecieron un 6%, pasando el Estado de ingresar 64.638 millones de euros a 68.557 millones. Los fondos públicos procedentes del impuesto sobre el consumo bajaron sólo ligeramente (-2%), pasando de 52.817 millones de euros a 51.580 millones. Los fondos que el Estado recogía vía los impuestos especiales crecieron muy poco (2%), pasando de 18.699 millones de euros a 19.025 millones, y la categoría de “otros impuestos” subió más (5%), pasando de 5.696 millones de euros a 5.971 millones. Estos fondos procedentes de tales impuestos derivan, en gran parte, de la mayoría de la gente que trabaja y consume (lo que la literatura sociológica definiría como clase trabajadora y clases medias). Y a lo largo del periodo 2006-2011 se han mantenido o han aumentado.

Ahora bien, si analizamos qué ha pasado con las rentas derivadas del capital y de sus diferentes componentes, tales como capital financiero (bancos, compañías de seguros y compañías de alto riesgo, entre otros), capital industrial (grandes corporaciones multinacionales) o capital de servicios (empresas de marketing y asesorías, entre otras) vemos que los ingresos al Estado derivados de la carga impositiva sobre el capital han bajado de una manera muy acentuada, casi espectacular (-68%), pasando de 41.675 millones de euros a 13.383 millones. Es decir, en otras palabras, el Estado ha dejado de ingresar 28.292 millones de euros. En realidad, el descenso total de ingresos al Estado, pasando de 183.525 millones de euros a 158.516 millones, procede mayoritariamente de gravar menos las rentas del capital, hecho que es el mayor responsable de la bajada de ingresos al Estado durante este periodo (14%). En total el Estado ha pasado a ingresar 25.009 millones de euros menos, que es una cifra muy cercana a los 28.292 millones que el Estado no ingresó como consecuencia del descenso de los ingresos procedentes de las empresas, es decir, del capital. Manuel Lago documenta con gran detalle los cambios que han ido ocurriendo en cada uno de estos impuestos y sus consecuencias en cuanto a los ingresos al Estado. Lo que les acabo de escribir es el resumen de cómo han evolucionado los ingresos. Y lo más llamativo es que los ingresos procedentes del impuesto de sociedades (que es el impuesto al capital), que representaban el 23% de todos los impuestos en el año 2006, han pasado a ser sólo un 8%. Sí, lo ha leído bien, sólo un 8%. El mundo empresarial contribuye mucho, mucho menos que la mayoría de la población, incluyéndole a usted, lector, y a mí.

Ni que decir tiene que los centros de estudios financiados por la banca y por la gran patronal han intentado explicar tal descenso de su contribución al Estado atribuyéndolo a la reducción de sus beneficios, resultado de la crisis económica. Manuel Lago muestra contundentemente que ello no es del todo cierto. La reducción de beneficios es sólo una pequeña parte de la causa del descenso de los ingresos al Estado procedente de las empresas. Tal descenso es mucho mayor que el descenso de beneficios, una situación que es particularmente acentuada entre las grandes empresas, llamadas multinacionales. En realidad, el descenso de su aportación al Estado es consecuencia de la gran cantidad de lo que llaman incentivos fiscales, incluyendo las enormes deducciones, y nuevos sistemas de ingeniería contable que hacen que lo que en teoría pagan las rentas del capital (35%, bajado más tarde a 30%) se haya reducido en la realidad a un 5%. Sí, repito, ha leído bien, a un 5%. Las otras empresas (que no son grandes empresas multinacionales y facturan menos de diez millones de euros) pagan menos que su tipo nominal, siendo el real 15,3%, más de tres veces más que las multinacionales.

El significado de estos datos y otros aportados por el informe es que, durante el periodo de la crisis 2007-2011, las empresas financieras, industriales y de servicios (es decir, el capital) declararon 851.933 millones de euros de beneficios, por los cuales tributaron 101.421 millones, es decir, un 11,9%. Si hubieran pagado el 28,5%, que es lo que la Agencia Tributaria considera como el tipo nominal medio, el Estado hubiera ingresado 242.801 millones de euros, es decir, 141.380 millones de euros más, unos 35.000 millones de euros más anuales (tomando las cifras de 2009), que es, por cierto, la cifra de recortes de gasto público que los sucesivos gobiernos han estado exigiendo a la población española, recortes que se están haciendo para compensar las enormes ventajas fiscales que se han hecho a las rentas del capital. Es el tamaño de lo que debería llamarse el expolio social, muchas veces superior al supuesto expolio nacional. Y, en cambio, el gran debate es sobre este último (entre aquellos que sustentan que hay un expolio nacional y los que señalan que no lo hay), y no sobre el anterior, que está perjudicando a las clases populares de toda España, incluida Catalunya. El hecho de que los establishments políticos y mediáticos españoles y catalanes se centren en el debate nacional y no en el debate social, se explica por el enorme poder que el capital tiene sobre tales establishments a los dos lados del Ebro. Así de claro. Incluso, descontando deducciones justificables y otras medidas, tal como Hace Manuel Lago, la cantidad continúa siendo respetable. Es más, si las rentas del capital se gravaran como las rentas del trabajo a la mayoría de la clase trabajadora que está en nómina (como algunos partidos han sugerido), la cantidad de 35.000 millones ascendería a muchos millones más. ¿No creen que hay algo injusto en ello? A las clases populares se les está imponiendo toda una serie de sacrificios, a fin de mantener enormes beneficios y privilegios fiscales al gran empresariado financiero y multinacional del país. Créanme que en España, incluyendo Catalunya, el que no está indignado es que no sabe lo que está pasando en su entorno. Así de claro.

No me he molestado ni me molestare, en leer nada que tu escribas,copies y pegues u opines...siempre en la misma dirección y en contra de los mismos...

Monumento a la razón,si señor

Impecables los artículos de Torres López y Navarro. Y por supuesto Anguita, como siempre.

Queda claro quienes están detrás de esta situación. Solo falta que algún simpatizante del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español salga a defender a los políticos de ambos colores por la eficaz gestión de los recursos y por la persecución de los corruptos, en cualquier sector. Ah, no; que son amigos suyos.

Menuda plèyade de sinvergüenzas. Que pena das, España.

Alejandro Nieto es doctor «Honoris Causa» por la Universidad Carlos III




España ocupa el lugar número 30 en el Índice de Percepción de la Corrupción, según un informe de Transparencia Internacional. El mismo puesto que Botsuana y por detrás de Qatar o Emiratos Árabes Unidos. Para Alejandro Nieto, expresidente del CSIC y Premio Nacional de Ensayo en 1997, es un «azar estadístico», pues España podría «estar igual en el noventa».

—En primera posición aparecen Dinamarca y Finlandia.

— Los países nórdicos tienen una moral social mucho más elevada que la nuestra. Si un país es corrupto, como en el caso de España, no es porque los políticos sean singularmente corruptos, sino porque la sociedad lo es y los representantes públicos que forman parte de ella siguen esas prácticas sociales. Los cargos, lógicamente, son más limpios en los países donde tienen una moral más digna. En España no se le da demasiada importancia a la corrupción.

—¿Qué modalidades de corrupción se dan en España?

— Todas. La que más percibe la gente es el empleo de medios públicos en beneficio privado: cuando el Estado paga cien por un contrato público y tres se destinan al bolsillo de alguien y no a construir la carretera. Hay otras variantes: obtener ventajas no monetarias o colocar a amigos. Si hay suerte, se puede medir el dinero que se ha metido un político o un partido en el bolsillo, pero es mucho más difícil calibrar una recomendación para un pariente o un acceso injusto de un funcionario.

—Usted asegura que la única corrupción letal es la sistemática.

— Creo que en España ya tenemos ese tipo de corrupción. La ocasional o coyuntural ocurre cuando, como excepción a ese sistema administrativo, se producen prácticas irregulares. Se trata de una anomalía de un sistema que, en principio, es correcto. La sistemática forma parte de la propia estructura. Es decir, cuando se monta el sistema se está pensando en la corrupción. En este caso no es una rareza, sino algo absolutamente normal.

—En su libro «Corrupción en la España democrática» afirma que hay un pacto entre los partidos políticos para tolerarla.

— Todos están corruptos hasta el tuétano. Cada partido tiene su área de corrupción y la ejerce donde, cuando y como puede. El que gobierna, que da las licencias y contrata, puede incurrir en ella. Cuando se descubre un escándalo, las demás formaciones no tienen ningún interés en que se continúe investigando porque pueden apuntarles a ellos. Por eso, el único modo de evitar que la población salga a la calle es callarse. Hemos visto este pacto de no agresión en las elecciones catalanas, que han estado envueltas en escándalos. Los grupos llegaron al acuerdo de que en campaña no dirían ni una sola palabra sobre corrupción porque les iba a salpicar a todos. En general, los partidos guardan silencio en todos los procesos electorales.

—¿Se ha roto el pacto en Sabadell?

—No. Esporádicamente salen algunos casos cuando hay ajustes de cuentas. No ocurre por azar. Nadie cree en la objetividad del proceso de Sabadell cuando estalla unos días después de las elecciones. Ahora que se encuentran en negociaciones para formar Gobierno hay que ensuciar el agua. En España, la Policía, la Fiscalía y los juzgados tienen en sus cajones miles de expedientes. Y en un momento puntual un partido político pide sacar los papeles contra una formación determinada. Lo de Sabadell se arrastrará en el tiempo, como todos los casos de corrupción. Tendrían que estar en la cárcel miles de políticos que están procesados o investigados.

—¿Vivimos en una democracia o en una partitocracia?

—Es una democracia variante partitocracia. Porque aquí no manda el pueblo, sino los partidos. Los ciudadanos votan con arreglo a unos programas, pero una vez que los políticos llegan al poder se olvidan de sus promesas. No se cumple la voluntad de los ciudadanos, sino la del partido.

—¿Es la partitocracia la versión moderna del caciquismo? —Efectivamente. Quienes gobiernan son un grupo de amigos políticos a quienes antes se les llamaba caciques y ahora barones. Entre ellos se juntan, se hacen favores unos a otros. Olvidan lo que prometieron y se desatiende por completo lo que quiere la gente.

—¿Son claras las cuentas de los partidos políticos?

—El propio Tribunal de Cuentas no ha considerado correcto ni un solo balance de los que se han presentado.

—¿Cuánta responsabilidad tienen los ciudadanos?

—Muchísima, porque aguantan la corrupción. El ciudadano es corresponsable porque la ve y la tolera. Está demostrado que políticos imputados e incluso condenados se presentan a las siguientes elecciones y las ganan. Los ciudadanos están muy contentos en general con los comportamientos irregulares.

—Según el CIS, la corrupción es el quinto problema para los españoles.

—Hay muchos que están verdaderamente indignados. Que obren en consecuencia si tanto les preocupa. ¿Por qué no actúan con más energía?

—Usted dice que donde no hay dinero no hay corrupción. ¿Actuará la crisis como cortafuegos?

—El robo sigue, pero al robar a los pobres se saca poco fruto. Ahora, si en lugar de hacer 10.000 viviendas se hacen cien, poco se puede sacar.

—¿Qué papel juegan los jueces?

—Tienen una responsabilidad enorme. Son los que tienen la última palabra y podrían hacer mucho más: atender los expedientes y sumarios en lugar de dejarlos dormir. Que la corrupción no se persiga correctamente se debe en gran parte a que los magistrados se atienen a los consejos de los políticos.

—¿La Ley de Transparencia ayudará a combatirla?

—En absoluto. Las leyes de transparencia no se cumplen o se burlan. Nunca han dado resultado. No dejarán a los ciudadanos acceder a los expedientes peligrosos. Ya puede decir la ley lo que quiera, que no se los van a enseñar.