Alcaracejos - Cordoba

yo quiero que se dejen de contar mentiras sobre lo que hace y no hace luciano,es el mejor.

Fijate que casualidad la gente del PP quiere lo mismo, que se dejen de contar mentiras de ellos, pero claro vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro.

Ahora el PP debería demostrar todas las mentiras que han dicho.

Lo que debe de hacer el PSOCE, es cortar todas las corrupciones que tiene el partido, porque lo que sucede es, que luego los ciudadanos les dan el castigo que les duele, en las urnas, aunque claro siempre engañando al ciudadano y muchos no se lo creen porque son incrédulos, pero siempre que estos SOCIOSLISTOS han llegado al poder lo han dejado COMO EL DESIERTO DEL SAHARA. Mirar si no otro escándalo:

Corrupción en Castilla la Mancha

Como ocurre en Andalucía, también en Castilla-La Mancha existen altos cargos que favorecen a sus intereses familiares y privados. En este caso los protagonistas son los hermanos Martínez Guijarro. El diputado provincial de Medio Ambiente, Marino Martínez Guijarro, como miembro de la Junta de Gobierno de la Diputación de Cuenca aprobó la adjudicación de obras destinadas a arreglar caminos rurales dañados por las tormentas de 2007. La Corporación Provincial, lejos de acudir al procedimiento abierto para que concurriera cualquier empresa, decidió adjudicarlas directamente por el método de encomienda de gestión a la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam), incardinada en el organigrama de la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma, dirigida precisamente por otro de los hermanos, en concreto por el consejero José Luis Martínez Guijarro.
Así se acredita en los documentos que durante estos últimos años ha ido autorizando al respecto la Diputación Provincial, entre ellos la aprobación de las certificaciones de las obras. Incluso la propia web de la Diputación saca pecho de ello. Una nota colgada en el portal titula así: “Geacam será la encargada de ejecutar los diversos trabajos de acondicionamiento en caminos de la provincia dañados por las tormentas de 2007”. Posteriormente, a la hora de ejecutar las obras de arreglo de los caminos, que ascendían a 3,8 millones de euros y que eran sufragadas al 50% por el Gobierno de España y al 50% por el ayuntamiento donde se iban a producir los arreglos, también se acudió a empresas familiares. En concreto, varias de estas obras fueron subcontratadas por Geacam a la constructora PMM, propiedad de Pedro Miguel Martínez Guijarro, hermano del diputado provincial de Medio Ambiente y del Consejero de Medio Ambiente. Así lo confirma con rotundidad la senadora del PP Marina Mora después de hablar con concejales y ciudadanos de las localidades beneficiadas por las ayudas gubernamentales. “En un número indeterminado de municipios la empresa que ejecutó las obras por algún tipo de subcontratación fue PMM”, asegura la senadora.
También lo subraya uno de los alcaldes que trató con las constructoras que hicieron las reformas de los caminos en su municipio. En concreto, Lot Coronado, primer edil del Ayuntamiento de La Pesquera (Cuenca), quien todavía recuerda, y así lo cuenta detalladamente, los camiones, excavadoras y otros vehículos que trasladó la empresa del hermano del consejero hasta su localidad. “Nosotros con quien nos entendíamos a la hora de supervisar las obras era con PMM, que era la que estaba sobre el terreno trabajando entre mayo y julio de 2010”, apunta Coronado, quien añade que “con nadie más” había relación directa.
Según los juristas consultados, este proceder viola la ética, pero sobre todo los principios promulgados por el propio presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando a comienzos de su primer mandato esbozó lo que entendía que debía ser un código de buen gobierno. Asimismo, continúan las mismas fuentes, estos comportamientos también van “contra el derecho positivo”.

Presuntos delitos

La Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha resulta clara para entenderlo. En su artículo 19, establece que el ejercicio de las funciones de los miembros del Consejo de Gobierno es incompatible con el desempeño, por sí o por terceras personas, de cargo de cualquier orden en empresas o sociedades dedicadas a actividades de prestación de servicios, suministros o contratas de obras para las Administraciones Públicas.
Por otra parte, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas enumera los “motivos” que deben llevar a las autoridades de la Administración regional a abstenerse en algún procedimiento. Entre ellos, destaca “tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento”.
La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público se remite a una normativa nacional. En concreto, señala en su artículo 49.1 que “no podrán contratar con el sector público las personas” que estén incluidas en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006 de Regulación de Conflictos de Intereses de los altos cargos. Esta última norma (artículo 7.1), señala que están “obligados a inhibirse” quienes tengan intereses en empresas en las que tengan parte “ellos, su cónyuge […] o familiar dentro del segundo grado”. La abstención, explicita, “se producirá por escrito para su adecuada expresión y constancia y se notificará al superior inmediato”.
En el caso de los Martínez Garrido, entienden desde el PP, se produce un conflicto de intereses entre el ejercicio del cargo y sus asuntos privados. De hecho, según confiesa la senadora Marina Moya, el partido no descarta emprender acciones legales contra ellos.

Saludos cordiales