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Posadas: IU denuncia que el ex alcalde firmó el contrato «indefinido» de su hija y su sobrino

J.J.S. POSADAS Jueves , 11-02-10El concejal de IU de Posadas que fue cesado el pasado viernes como primer teniente de alcalde por el equipo de gobierno socialista, Antonio Aguilar, presentó ayer a este periódico una copia de los documentos que ha puesto en manos de la Fiscalía y que apuntan a un presunto delito de tráfico de influencias cometido por parte del ex alcalde socialista, Guillermo Benítez.

Estos informes recogen que, con otras nueves personas, la hija y un sobrino del alcalde habían sido contratados con la firma del primer edil de forma indefinida después de varios contratos temporales, según Aguilar.
En concreto, la hija de Benítez fue contratada en la Secretaría de la Alcaldía y su sobrino en el Área de Urbanismo «cuando el ex regidor era responsable de dicha área».

Además, todos los contratos tenían la firma del ex alcalde y el sello del Ayuntamiento, por lo que Aguilar añadió que «un cargo público no puede tomar decisiones en asuntos que le afecten a título personal».

En cuanto a la duración de los contratos, a pesar de que aparecen encabezados con el título «contrato de trabajo de duración determinada», en la mayoría de los documentos (diez de los once) aparece que durarán desde el primero de enero de 2008, pero la fecha de vencimiento de los mismos no está.

Según Aguilar, esto los convierte en contratos indefinidos «que sólo expiran cuando la plaza sale a concurso y alguien la gana. Eso explicaría por qué el Ayuntamiento no se da ninguna prisa en sacar plazas a concurso público». Además, el concejal apunta que «la Administración no puede contratar de forma indefinida a nadie. Primero, te tienes que ganar la plaza en un concurso oposición y después te harían indefinido».

Por otra parte, Aguilar recordó que en noviembre del año 2007 el Pleno aprobó una moción por unanimidad para que no se renovaran los contratos, sino que se sacaran a concurso todas estas plazas.

En el apartado del nivel de formación aparece en todos «primera formación secundaria», a pesar de que Aguilar señala que «algunos de esos contratados tienen un nivel de estudios más alto y otros ni siquiera llegan a lo que aparece en el contrato».

Por su parte, el responsable de Política Institucional de IU, Manuel López, ha apuntado a la Junta como «garante» de esos contratos y responsable de pasar por alto la presunta contratación irregular de estos dos familiares directos del ex alcalde.

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Diputación da ‘carpetazo’ a un caso de ‘enchufismo’ en Baena

Tras confirmar los tribunales irregularidades en la contratación de personal para un puesto de arquitecto técnico, la institución ha readmitido al interino que fue ‘puenteado’ en la bolsa de trabajo, pero obvia depurar responsabilidades por los hechos

Antonio Higuera
a.higuera@lacalledecordoba.com

Hacer borrón y cuenta nueva. Esa parece ser la filosofía de la institución que preside el socialista Francisco Pulido en lo que se refiere a depurar responsabilidades en aquellos supuestos casos de irregularidades en la contratación de personal de la Diputación provincial. Todo ello a pesar de haber sentencias firmes de por medio que ponen en evidencia contrataciones a dedo y consideran ilícitos los procesos de selección llevados a cabo para cubrir algunas de las vacantes de personal de esta administración.

‘Carpetazo’ a un asunto turbio

La mejor prueba de ello es el último supuesto caso de ‘enchufismo’ que se ha producido en el Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de la institución provincial y que ha saltado a la luz pública tras una sentencia del 29 de octubre de 2009 dictada por el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Córdoba. Un fallo en el que este órgano reconoce irregularidades en el proceso de selección de personal para cubrir dos plazas de arquitecto técnico en Montilla y Baena en 2008 con la intención de ‘puentear’ al único aspirante interino que había en la bolsa de trabajo y colocar en su lugar a una persona afín a la cúpula del SAU de la Diputación.

En virtud de la sentencia, el demandante que fue obviado por la Diputación, J. G. M., ha tenido que ser readmitido en su puesto de trabajo en Baena. Sin embargo, y a pesar de las peticiones de sindicatos y oposición, continúa sin investigarse quiénes fueron los responsables de una maniobra en la que los tribunales consideran que se favoreció la contratación de uno de los candidatos saltándose para ello todos los cauces legales que regulan la contratación de personal por parte de las Administraciones Públicas.

Según ha podido saber este semanario, el asunto ha sido tratado en una de las últimas comisiones de personal, aunque lo cierto es que no ha servido para iniciar una investigación que trate de depurar responsabilidades dentro de la institución. “La diputada -Mª Ángeles Llama- se ha mostrado abochornada por lo sucedido y comentó que se iniciaría una comisión de investigación, pero todavía no se ha hecho nada a día de hoy”, comentan desde el sindicato CCOO. donde critican que “las cuestiones que se han tratado sobre este asunto en la comisión informativa de personal no se han recogido en acta”.

Bajo sospecha dos altos cargos

No obstante, no es de extrañar el escaso interés en remover este turbio asunto que hay por parte del Gobierno provincial, sobre todo porque la sentencia deja en entredicho la actuación del Jefe de Servicio del SAU, Joaquín Gómez de Hita, y del Jefe de la Sección del SAU en la comarca de Guadajoz-Campiña Este, Manuel Cañete, responsable de la zona donde quedó vacante la plaza de arquitecto técnico en cuestión.

Según relata la sentencia, “el 17 de abril de 2008 el arquitecto Jefe del Servicio (SAU) da cuenta de que uno de los puestos de la Oficina de Arquitectura de Baena se encuentra vacante y “propone que se cubra mediante contrato en prácticas de un arquitecto técnico a seleccionar entre aquellos que se encuentren inscritos en demanda de empleo en la oficina del SAE de dicha población”.

En este sentido, el juez reconoce la primera irregularidad cometida por el máximo responsable del SAU al recoger en la sentencia que “la Diputación estaba obligada a cubrir dicha vacante conforme a lo previsto en el propio Convenio Colectivo”, es decir, a través de la Bolsa de Trabajo. No obstante, continúa la sentencia, “se contrata a una persona inscrita en demanda de empleo del SAE (...) que, curiosamente, como efectivamente denunció el recurrente, se inscribe en la oficina del SAE de Baena y fija como domicilio el mismo de una de las personas integrantes de la Comisión de Selección, el Sr. Cañete Pérez”, o dicho de otro modo, el jefe de Sección del Servicio de Arquitectura y Urbanismo en Baena.

Para más inri, la Comisión de Selección estaba compuesta también por Joaquín Gómez de Hita, máximo responsable del SAU y quien en primera instancia fijó que la polémica oferta de empleo debía llevarse a cabo bordeando la bolsa de trabajo, además de por un representante del sindicato UGT. No obstante, lo más significativo es que, tal y como recoge el fallo judicial, la comisión solamente citó a una candidata, G.V.P., empadronada originalmente en Córdoba cuyo domicilio en Baena coincide con el de Manuel Pérez, que fue la persona que obtuvo finalmente el puesto vacante en Baena.

Readmitido, pero sin medios para trabajar

La ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Córdoba ha obligado a la Diputación a readmitir a J.G.M., el arquitecto técnico que figuraba como único interino en la bolsa de contratación, en su antiguo puesto del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de Baena. Sin embargo, a tenor de la información que obra en poder de CCOO, el recién reincorporado ha sido trasladado -supuestamente aduciendo falta de espacio físico- a la sala de reuniones de las oficinas, donde desde hace un mes tiene que desempeñar su trabajo sin ordenador, teléfono ni el resto de herramientas que resultan imprescindibles para que un arquitecto técnico pueda desarrollar sus tareas habituales.