Aguilar de la Frontera - Cordoba

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A. R. VEGA. CÓRDOBA Domingo , 22-11-09La Junta de Andalucía ha traspasado la gestión de la nueva sede institucional de Medina Azahara a una empresa pública, que ha realizado cerca de una veintena de contratos al margen del control del comité de empresa de la Consejería de Cultura y sin mediar una convocatoria pública al uso (oposición o concurso), donde primen los principios de igualdad, mérito, publicidad y transparencia.
En la cadena de mando de esta plantilla, que suple las funciones de los funcionarios y el personal laboral, se ha situado a afiliados y familiares de cargos del PSOE en Córdoba, que han resultado «agraciados», en algunos casos, a través de procesos selectivos con escasa o nula difusión, realizados a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Mientras que en otras ocasiones se han derivado a consultoras privadas de trabajo temporal sin justificación.
Del nuevo complejo turístico, inaugurado el pasado 9 de octubre, se hace cargo desde agosto la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, que forma parte del entramado de sociedades en las que la Junta delega parte de sus servicios y que financia con cuantiosos ingresos sin control del Parlamento. En concreto, esta sociedad ha recibido casi 2,5 millones para actividades en el recinto y los sueldos del personal hasta finales de 2010, cuando vence la encomienda de la gestión.
Pese al carácter público de esta sociedad, la opacidad preside de principio a fin estos procesos selectivos, según han denunciado los sindicatos CSI-CSIF y CNT. Este último, mayoritario entre los arqueólogos de la Junta, ha entregado una carta al delegado de Cultura, Joaquín Dobladez, en la que asegura que «se ha optado por el enchufismo recurriendo a una empresa pública y realizando una serie de contrataciones [...] mediante un procedimiento totalmente opaco, llamando a una serie de «agraciados» para su preceptiva entrevista y definitiva selección, a través de una oficina del SAE».
Perfil político, no técnico
El resultado ha sido la creación de una plantilla paralela a la que la propia Consejería en el conjunto arqueológico, aunque con sueldos más altos y con un perfil más político que técnico.
Los contratos son, en su mayoría, para 6 meses, aunque el comité de selección avanzó a varios candidatos que había posibilidades de que en el futuro se trocaran en indefinidos, según relataron a ABC algunos aspirantes.
Este periódico ha podido saber a través de fuentes solventes que se contrató a personas cuyo perfil laboral no encajaba con los requisitos de la demanda. Algunos candidatos incluso fueron descartados sin tan siquiera darles opción a ser entrevistados y se optó por recurrir a la bolsa de trabajo de esta empresa.
El SAE está obligado a hacer una preselección de cinco candidatos por plaza ofertada. La decisión final compete a la empresa. Pero si no les convencía ningún aspirante, la empresa ha recurrido a una consultora privada, omitiendo por completo la norma que estipula que ha de hacer una nueva oferta al SAE hasta dar con la persona apropiada.
Los nombres de los contratados que han trascendido -no se ha publicado ninguna lista que identifique a la plantilla- puede ser sólo la punta del iceberg de una selección plagada de dudas y sospechas.
La cabeza más visible del nuevo organigrama es David Luque Peso, en quien ha recaído la dirección de la sede institucional. Hasta febrero pasado, este licenciado en Historia del Arte era coordinador de la Concejalía de Cultura en Córdoba y formó parte de la lista electoral del PSOE en las municipales de 2007.
Al frente del Área de gestión integral del conjunto arqueológico se ha puesto a María Serrano García, prima del ex delegado de Innovación de la Junta, Andrés Luque.
Con anterioridad estuvo trabajando en la sociedad de Gestión e Inversión de Infraestructuras Turísticas de la Diputación. En este caso, según confirmó la propia Delegación de Cultura, no se recurrió al SAE para buscar al trabajador. Se optó por contratar los servicios de la firma de reclutamiento laboral privada, Tea Cegos, bajo la supervisión de la empresa pública. La Junta no aclara por qué optó por este sistema. «En algunos casos se recurre al SAE y en otros no», afirman fuentes de la Administración.
También ha sido contratada como técnico, con un sueldo superior a los 2.000 euros mensuales, la esposa de Luque, que es secretario de la agrupación socialista del Parque Figueroa.
«Usurpación de tareas»
El sindicato CSI-CSIF, mayoritario entre la plantilla de la Junta, se ha opuesto a que se delegue la gestión de la sede del conjunto arqueológico a una empresa pública. Su presidente en la Administración autonómica, Miguel Ángel Limonchi, asegura que la empresa incurre en una «clara usurpación de las tareas del personal funcionario», al tiempo que lamentó la falta de control de la selección. «Piensa que está en juego una gran cantidad de dinero público», apunta.