Villamayor de Calatrava - Ciudad Real

Barreda destruyó información “sensible” de los ordenadores de Presidencia antes de irse

28-08-2011 | Miguel Gil | 62

El actual Gobierno sospecha que algunos datos se referían a pagos irregulares en publicidad y subvenciones. La Junta trata de rescatar todos los datos eliminados.

Miguel Gil. Corresponsal político

Miembros del equipo de Presidencia del Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha de José María Barreda destruyeron “bases de datos y recursos de ficheros” informáticos “después del 23 de mayo”, tras las elecciones autonómicas y antes de la llegada de María Dolores de Cospedal, tal y como acredita un informe oficial del Servicio de Informática de la Junta al que ha tenido acceso en exclusiva LA GACETA.

En concreto, se eliminaron bases de datos completas o su contenido, según los casos, “en los servidores de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas”. El informe, fechado en Toledo el pasado 22 de julio, especifica que se destruyó la información “por indicación del usuario responsable o directamente por los usuarios”, entre los que figuran diversos cargos de confianza del equipo de Barreda, como la portavoz de su Gobierno, Isabel Rodríguez.

Fondo documental

Los gestores socialistas eliminaron la información contenida en el Fondo Documental, 304.525 “referencias” de una base de datos que “contenía fichas de información sobre noticias aparecidas en prensa” catalogadas hasta el detalle (“observaciones” incluidas). También hicieron lo propio con Protocolo, otra “base de datos que contenía información sobre organismos, colectivos, eventos y personas”: referencias de “171.721 personas” y “45.489 organismos” y de otras “3.780 personas” y “2.381 organismo” subcatalogados como “VIP”. La responsable de ambas bases de datos era Almudena Álvarez, directora general de Planificación y Estudios de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas del Gobierno socialista.

Asimismo, “se eliminó la base de datos” completa del “fichero de consejeros, un directorio telefónico que, según los técnicos informáticos, “estaba en desuso”. Más de lo mismo con otra base de datos “sobre efemérides”.

Subvenciones

Ahora bien, lo que más llama la atención del informe del Servicio de Informática de la Junta se refiere a la destrucción parcial de los datos contenidos en la base de datos Subvenciones tarea. Se trata de un importante programa incardinado a la Consejería de Economía, con acceso desde todas las consejerías, en el que se detalla “cómo está todo lo relacionado con algún tipo de pago del Gobierno. Desde las facturas hasta las nóminas pasando por las subvenciones...”.

Allí se refleja si los pagos han “entrado en facturación”, han pasado por “contabilidad”, “tesorería” etc. En esta otra base de datos “únicamente se eliminaron” los campos “Clave1, Clave2, Clave3, Clave4 y Clave5”. En la Junta de Castilla-La Mancha desconocen su contenido, pero sospechan “que se trata de diferentes pagos irregulares” referidos a “gastos en publicidad y subvenciones”, como trasladan fuentes del Gobierno.

Actualmente se hace todo lo posible para “tratar de recuperar los archivos destruidos”, informan, pero temen que ya sean irrecuperables y evocan a las furgonetas cargadas de documentación que salieron de la Junta tras el fracaso del PSOE en las elecciones.

En la Junta consideran que “el equipo de Barreda pudo cometer un delito de infidelidad en la custodia de documentos”. Los servicios jurídicos del Gobierno regional han elaborado otro documento sobre “la información suprimida” en los ordenadores de Presidencia y “de la lectura de los documentos facilitados no se ha podido acreditar el contenido para realizar alguna imputación”, ya que se desconoce contrastadamente qué es lo que han borrado.

El artículo 413 del Código Penal al que alude el citado informe es muy explícito: “La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años”.

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